Como exfuncionario del Ministerio Público, guardo un especial cariño por esa institución que me brindó la oportunidad de desarrollar mis habilidades como abogado. Inicié mi carrera como asistente y, con el tiempo, tuve el privilegio de dirigir la Fiscalía de Cibercrimen, representar a Costa Rica en el exterior y proponer diversos instrumentos jurídicos que aún mantienen vigencia.
Soy categórico al afirmar que la Fiscalía está integrada por profesionales extraordinarios, personas que entregan su vida al servicio público entre los pasillos de despachos que, en muchas ocasiones, funcionan en inmuebles muy lejos de ofrecer condiciones dignas para el ejercicio de una labor tan noble. A pesar de ello, muchos de mis excompañeros continúan exponiéndose a riesgos, dedicando incontables horas al estudio y escuchando, día tras día, las historias más difíciles de la condición humana.
La inmensa mayoría de quienes integran el Ministerio Público son personas con una profunda mística por su trabajo. Esa realidad merece ser defendida.
También debe defenderse la existencia de un Ministerio Público sólido, independiente, objetivo, capaz de establecer políticas de persecución penal firmes y claras, de maximizar el uso de sus recursos, de valorar el talento humano y de aprovechar el enorme esfuerzo que realizan los organismos internacionales para capacitar a sus funcionarios en materias de alta especialización como el cibercrimen, la evidencia digital y nuevas tendencias de criminalidad organizada.
Sin embargo, la institución también debe defenderse de sí misma.
Con ello me refiero a la necesidad de proteger a los fiscales y demás funcionarios que, todos los días, sostienen el funcionamiento del Ministerio Público. Ellos merecen respeto y seguridad jurídica para desempeñar sus funciones con independencia. La experiencia de cincuenta y un años ha demostrado que la excesiva concentración de poder en la figura del fiscal general puede convertirse en un mecanismo para colocar personas afines, amistades o relaciones personales en puestos estratégicos. Mientras tanto, cualquier día, al recorrer fiscalías dedicadas al crimen tradicional, es posible encontrar fiscales altamente especializados que han sido desplazados sin una justificación técnica evidente, lo que inevitablemente genera la percepción de que no pertenecen al círculo de confianza de la administración.
Resulta igualmente llamativo que, durante los cuatro años de la actual administración, no se haya impulsado una sola propuesta seria para establecer una verdadera carrera fiscal. Esa omisión fue señalada oportunamente por el estimable magistrado Cruz, quien ha mantenido una posición crítica sobre este tema.
A ello se suma la preocupación por una gestión que, con demasiada frecuencia, ha estado marcada por relatos de conflictos personales, supuestos amoríos, investigaciones por difusión de información falsa y denuncias sobre presuntas obstaculizaciones de investigaciones desde el propio seno del Ministerio Público.
La Fiscalía necesita una reforma profunda. Es indispensable fortalecer sus mecanismos internos de control, supervisión y rendición de cuentas. Una institución de semejante relevancia no puede depender casi exclusivamente de la voluntad de una sola persona. Sea el actual fiscal general o cualquier otro que ocupe el cargo en el futuro, siempre existirá el riesgo de que, como todo ser humano, sucumba a subjetividades en el ejercicio de una función que exige la mayor objetividad posible.
Defender la Fiscalía no significa cerrar los ojos ante sus problemas. Por el contrario, significa reconocer el enorme valor de quienes la integran y exigir las reformas necesarias para que la institución esté a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en ella.