Durante mucho tiempo, el Poder Judicial se construyó como una institución hacia adentro: hermética en su lenguaje, distante en sus procedimientos y legitimada casi exclusivamente por la autoridad formal de la ley. Esa distancia tuvo un costo: para muchas personas usuarias, la justicia se volvió un territorio ajeno, intimidante y reservado para personas abogadas.
La Justicia Abierta surge precisamente para cuestionar esa lógica y proponer una justicia que se piensa y se construye junto con las personas, no solo para ellas. En ese sentido, la Corte Plena aprobó en 2018 la Política de Justicia Abierta.
Esta política define la Justicia Abierta como un modelo de gestión institucional que busca transformar el sistema judicial mediante la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. Su objetivo es democratizar la justicia acercando las instituciones a las necesidades de la población.
Cuatro principios, un cambio de paradigma
La Justicia Abierto se sostiene sobre cuatro principios que funcionan de manera interdependiente:
- Transparencia, entendida no como la simple publicación de información, sino como la apertura genuina de los procesos administrativos institucionales a la mirada pública, mediante la publicación de datos en formatos abiertos, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y las acciones de integridad y anticorrupción.
- Participación, que reconoce a la ciudadanía como actor legítimo en el diseño de los servicios de justicia y no solo como destinataria pasiva de estos.
- Colaboración, que habilita el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la sociedad civil, la academia, otras instituciones públicas y el sector privado para construir soluciones compartidas.
- Inclusión, que obliga a preguntarse activamente quién queda fuera del sistema, sea por razones de idioma, discapacidad, ruralidad, género, condición migratoria, y a diseñar respuestas concretas para cerrar esa brecha.
Ninguno de estos principios funciona de forma aislada. La transparencia sin participación es solo exhibición; la participación sin inclusión reproduce las mismas exclusiones de siempre.
Un modelo para repensar la justicia, no solo para comunicarla
Lo más relevante de la Justicia Abierta no es que mejore la comunicación institucional, sino que ofrece un marco para repensar la justicia misma: sus procesos, sus servicios y su relación con las comunidades. Bajo esta lógica, las instituciones judiciales dejan de preguntarse únicamente “¿cómo explicamos mejor lo que hacemos?” y empiezan a preguntarse “¿qué necesitan realmente las personas que acuden a nosotros?” y “¿cómo rediseñamos el servicio en función de eso?”.
Esto se traduce en mecanismos concretos, por ejemplo: espacios de diálogo entre jueces, juezas y comunidades; canales de incidencia ciudadana sobre políticas judiciales; mecanismos de fiscalización social que permiten a la ciudadanía vigilar el desempeño institucional; alianzas con organizaciones de la sociedad civil; y redes de trabajo interinstitucional que multiplican capacidades sin duplicar esfuerzos.
A esto se suman herramientas que vuelven tangible el cambio: iniciativas de lenguaje claro que traducen las resoluciones judiciales a un idioma comprensible; apertura de datos que permite el análisis independiente del funcionamiento de la justicia; y rendición de cuentas que convierte la evaluación ciudadana en un insumo real para la mejora institucional y no en un ejercicio simbólico.
¿Por qué esto importa?
El valor último de la Justicia Abierta no es procedimental, sino político, en el sentido más profundo del término. Se trata de la legitimidad de la institución frente a la ciudadanía. Una justicia que se abre, que dialoga, que rinde cuentas y que diseña sus servicios pensando en quienes los usan genera un tipo de confianza que ninguna campaña de comunicación institucional puede producir por sí sola.
Esto tiene, además, una dimensión territorial: cuando el Poder Judicial sale de sus edificios, se acerca a las comunidades y reconstruye su presencia en los espacios donde la desconfianza histórica ha sido mayor, no solo informa, sino que también se reapropia simbólicamente de esos espacios como lugares legítimos de justicia. En contextos donde la desconfianza institucional alimenta la informalidad, la violencia o la captura de la justicia por actores ilegales, esa reapropiación no es solo un gesto: es una estrategia estructural de fortalecimiento democrático.
La Justicia Abierta no es un complemento decorativo de la función judicial. Es una apuesta por una justicia que se legitima al hacerse comprensible, accesible y corresponsable con las personas a quienes sirve.