Recientemente, el Gobierno de Laura Fernández y su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, han anunciado que analizan seriamente la posibilidad de gravar la canasta básica con el 13% de IVA. La presión fiscal que tiene el Gobierno debe ser extrema para que recurran a eso, pero debemos analizarlo para comprender bien a qué se refieren con la idea y con la promesa de no cobrárselo a las familias más pobres.
Partamos de que la canasta básica ya tiene un gravamen del 1%; la propuesta del Gobierno es subirlo al 13%. En otras palabras, si usted gasta ₡10.000 en comida, paga el 1% (₡100), para un total actual de ₡10.100. Con el 13%, usted pasaría a pagar ₡11.300, o sea, ₡1.300 en puros impuestos. ¿Le dolió? A mí también.
Esta medida implica un fuertísimo golpe para la clase media costarricense, pero, ante todo, para la firme e inquebrantable política populista del Gobierno central, que sin duda se traduciría en una tremenda pérdida de apoyo popular. Así que, ante el panorama y la necesidad, plantearon una idea que ya varias veces ha sonado en nuestra tierra bajo el lema y parafraseo aquí al ministro Rodrigo Chaves: “un impuesto para los emperifollados”, y prometieron devolver a las familias pobres lo que paguen de IVA, dividiendo a Costa Rica en dos clases: “los pobres” y “los emperifollados”.
Extrañamente, el ministro de Hacienda olvida a la clase media, que ni es pobre ni emperifollada. Sin embargo, dejemos eso de lado y analicemos quiénes son, según los estudios, “los pobres”.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 17,1% de las personas y el 15,2% de los hogares del país vivían en condición de pobreza, incluida la pobreza extrema.
Sin embargo, falta definir por parte del Gobierno qué entiende por “pobre” y por “emperifollado”, pues existen varias definiciones según cómo se mida y según la institución de la que salgan los datos.
Yo me he remitido al INEC, según el cual una familia “pobre” se compone, en promedio, de cuatro personas: padre, madre y dos hijos, por ejemplo, el INEC no da esa distribución, y sobrevive con menos de ₡247.000 mensuales.
No sería raro que en este momento usted haya descubierto que, contrario a lo que pensaba y pese a que apenas llega a fin de mes: “usted no es pobre según el Gobierno”. Es más, lo más probable es que no esté muy lejos de serlo.
Lo pongo así: si usted y su esposa trabajan y ambos ganan un salario mínimo, su familia está descalificada.
Pero un momento: esto es solo una parte del problema. Usted ya descubrió que no le van a devolver nada, pero queda la satisfacción de saber que nuestro ministro de Hacienda promete regresar el IVA a quienes sí son pobres. Aquí el tema se reduce a una sola pregunta: ¿cómo?
Pese a que en muchos gobiernos ha surgido la idea de devolver impuestos a las clases más desfavorecidas, la cantidad de impuestos a los que se les ha aplicado históricamente es un redondo cero. La razón es tan simple como compleja: simple, porque es fácil ver que resulta muy difícil determinar quiénes realmente son pobres y qué mecanismos se usarían para el reembolso; y compleja, porque es prácticamente imposible determinar cuánto debe regresarse a una familia.
¿Qué vamos a hacer? ¿Pedirles que lleven un control estricto de las facturas de lo que han gastado a lo largo del mes? ¿Cómo verificarán que realmente esas facturas correspondan a esa familia? Que paguen un contador, ni hablar. ¿Que lleve ese control Hacienda? El beneficio se convertiría en una pesadilla.
Sin embargo, la focalización de los subsidios no es necesariamente equivocada. El Estado debe procurar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan, y lo ideal es que no los paguen los más necesitados.
Pero veamos ahora la otra cara de la moneda: la clase media, porque focalizar no puede significar abandonar a toda persona que esté apenas por encima de la pobreza oficial.
Entre la pobreza extrema y la riqueza existe una enorme franja social. Allí se encuentra la mayoría de las familias ticas: personas que tienen empleo, pero no ahorros; que reciben un salario, pero viven endeudadas; que no califican para ayudas estatales, pero tampoco pueden enfrentar fácilmente una emergencia.
Esa es la clase media vulnerable, la que frecuentemente termina financiando reformas diseñadas bajo la idea de que quien no es pobre necesariamente tiene capacidad para pagar más impuestos.
Antes de aumentar el IVA de la canasta básica, el Gobierno debería demostrar que agotó otras opciones. Costa Rica debe combatir con mayor firmeza la evasión fiscal, de la cual mucho ha hablado y poco ha hecho; revisar exoneraciones injustificadas; mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la recaudación sobre actividades económicas de mayor capacidad contributiva.
Una política tributaria justa no puede dividir al país entre pobres y emperifollados. Debe reconocer que la capacidad económica tiene muchos niveles y que el costo de vida no afecta a todos de la misma manera.
Eliminar el IVA reducido de la canasta básica puede aumentar la recaudación, pero también puede reducir el poder adquisitivo de millones de personas. Golpear a la clase media es solo el atajo más fácil para recaudar impuestos.