En campaña, Laura Fernández bailó en varios videos. Bailó a destiempo, sin ritmo, con más voluntad que compás. No tendría ninguna importancia si no fuera porque, dos meses y medio después de asumir, su gobierno se mueve exactamente igual: a destiempo, descoordinado, con la gracia de un fresco sin gas y fuera de compás con las urgencias del país.
Y eso que la música estaba a su favor: asumió el 8 de mayo con el respaldo electoral más alto en 32 años, un capital político extraordinario para abordar los problemas reales de la gente. Pero, en vez de gobernar, la presidenta eligió otra coreografía: la del pleito. Tras reunirse con los magistrados en mayo, habló de “persecución política” y anunció una “cirugía mayor” al Poder Judicial. Llamó “vergüenza nacional” al fiscal general, “vagabundos” y “comunistas” a diputados de la oposición, y sostuvo el calificativo de “canallas” contra algunos medios, según documentó El Financiero.
En julio remató con un “deje de hablar paja y póngase a trabajar” dirigido a la cúpula judicial. La Corte Plena le devolvió el paso: rechazó por unanimidad sus señalamientos sobre una supuesta infiltración “hasta el tuétano” del crimen organizado en el Poder Judicial. Y para completar el cuadro, la mandataria dio un paso inédito en nuestra historia democrática: nombró al expresidente Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda. En esta pista, ya sabemos quién marca y quién sigue.
Nada de esto resuelve un solo problema de los costarricenses. La Constitución le encarga a la presidenta dirigir la administración pública, ejecutar las leyes, garantizar el orden y proponer el presupuesto. Es decir: llevar el ritmo del Estado. La reforma judicial se construye en la Asamblea Legislativa, con votos y argumentos, no con micrófono los miércoles.
Mientras tanto, las urgencias siguen esperando pareja.
Primero, la seguridad. Costa Rica cerró 2023 con 906 homicidios, el récord de su historia. En 2025 registró 873 asesinatos y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes. La tendencia de 2026 mejora —el OIJ proyecta cerrar por debajo de 800—, pero el crimen organizado sigue marcando buena parte de la violencia homicida. ¿Qué exige el compás? Un plan nacional contra el crimen organizado con metas verificables y rendición de cuentas mensual; leyes eficaces de extinción de dominio y control de capitales ilícitos; mayor vigilancia en puertos y puntos vulnerables al narcotráfico; prevención para jóvenes que el narco recluta en las comunidades más golpeadas; y fortalecer, no insultar, al OIJ y a la Fiscalía, que son precisamente quienes investigan a los sicarios. Atacar al Poder Judicial mientras se le exige combatir el crimen es bailar con las patas vueltas.
Segundo, la salud. A marzo de 2026, 204.622 personas esperaban una cirugía en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con un promedio de 441 días de espera. En total, más de 1,4 millones de casos permanecían pendientes entre cirugías, procedimientos y consultas especializadas. La presidenta ha criticado el modelo de gestión de la Caja y ha pedido profesionalizar su junta directiva; bien, pero criticar no es gestionar. Podría estar presentando una reforma de gobernanza a la Asamblea; atacando las causas documentadas de las listas de espera, como el déficit de especialistas, los quirófanos subutilizados y la red hospitalaria desarticulada; financiando un segundo turno quirúrgico vespertino; acordando el pago de la deuda del Estado con la CCSS; y publicando cada trimestre los avances, con metas y responsables. Nada de eso requiere pelear con nadie: requiere llevar el ritmo y fluir por la pista.
Tercero, la educación, donde el silencio pesa demasiado. El Informe Estado de la Educación advierte que la inversión educativa sufrió la peor caída en cuatro décadas y que las becas para estudiantes en situación de pobreza se redujeron en 35%. El “apagón educativo” dejó rezagos de aprendizaje que el país todavía no logra remontar. La presidenta podría presentar en su primer presupuesto una ruta creíble para recuperar progresivamente la inversión educativa, restaurar becas recortadas y lanzar un plan nacional de recuperación de lectura y matemáticas con evaluación pública de resultados. Pero la educación sigue sin ocupar el centro de la conversación nacional. Cada mes de silencio rezaga a una generación entera.
La presidenta heredó una estabilidad macroeconómica; su partitura es clara: bajar los homicidios, acortar las listas de espera, rescatar la escuela pública y reducir la pobreza. Todo lo demás —los micrófonos, los adjetivos, las cruzadas contra otros poderes de la República— es tiempo perdido y ruido que aturde.
Doña Laura: nadie le pide gracia ni carisma. Le pedimos compás: seguridad, salud y educación, en ese orden, con metas y fechas. Usted pidió el poder para gobernar y, por ahora, no baila nada.