Durante los últimos meses, el debate económico en Costa Rica se ha concentrado en la necesidad de impulsar un nuevo ajuste fiscal para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La discusión no es menor. Desde 2023, la carga tributaria ha mostrado una tendencia descendente, aun cuando la economía ha crecido, en promedio, cerca de un 4,5%.
Recientemente, José Luis Arce, apoyándose en un informe de la Contraloría General de la República, señaló que la menor recaudación no responde únicamente a la apreciación del colón —la caída del tipo de cambio—, sino también a la acumulación de créditos fiscales. Independientemente de cuál sea el factor predominante, el mensaje es claro: si Costa Rica desea mantener un superávit primario cercano al 1% del PIB, deberá fortalecer sus ingresos o replantear la composición del gasto público.
Sin embargo, aquí es donde considero que el debate suele quedarse corto.
Existe la percepción de que el estancamiento de la deuda pública alrededor del 60% del PIB responde principalmente a la necesidad de un nuevo ajuste fiscal. Desde mi perspectiva, esa conclusión resulta incompleta.
Costa Rica ha registrado superávits primarios de manera consecutiva desde 2022. Ese es un requisito indispensable para reducir la deuda pública, pero no garantiza, por sí solo, una trayectoria descendente.
La evolución de la deuda también depende del entorno macroeconómico.
Para explicar este punto con mayor detalle, el análisis incorpora un modelo de sostenibilidad de la deuda que contempla seis variables fundamentales:
- Superávit primario.
- Inflación.
- Tasa de interés nominal.
- Crecimiento real del PIB.
- Tipo de cambio.
- Composición entre deuda interna y externa.
La mayoría de estas variables han evolucionado en una dirección favorable para reducir la deuda. Sin embargo, existe una excepción particularmente importante: la inflación.
A primera vista, puede parecer contradictorio afirmar que una inflación baja dificulta la reducción de la deuda pública. No obstante, desde la perspectiva de las finanzas públicas, esto tiene una explicación económica clara.
Cuando la inflación permanece persistentemente por debajo de la meta del Banco Central, aumenta la tasa de interés real y se desacelera el crecimiento del PIB nominal. Como resultado, la relación entre deuda y PIB tiende a reducirse con mayor lentitud, incluso si el Gobierno mantiene la disciplina fiscal.
Entre 2023 y 2026, la inflación promedio ha rondado el -1%, lo que refleja tanto choques externos favorables como una política monetaria que, a nuestro juicio, todavía mantiene una postura relativamente restrictiva con respecto a la meta inflacionaria.
Las implicaciones son relevantes.
El modelo simula un escenario alternativo en el que la inflación hubiese convergido al 2% en 2025 y al 3% en 2026. Bajo esos supuestos, la deuda pública se ubicaría por debajo del 60% del PIB y cerraría 2026 cerca del 57%, muy por debajo de la proyección actual, cercana al 61%.
Esto no significa que la política monetaria deba subordinarse a la política fiscal. La independencia del Banco Central es un activo institucional que debe preservarse.
Lo que sí sugiere este ejercicio es que las decisiones de política monetaria tienen efectos que trascienden el control de la inflación y alcanzan variables como el costo real de la deuda, el crecimiento del PIB nominal y, en consecuencia, la velocidad con la que un país logra consolidar sus finanzas públicas.
En conclusión, la sostenibilidad de la deuda no puede analizarse únicamente desde el balance primario. La interacción entre la política fiscal y la política monetaria resulta determinante para entender por qué Costa Rica aún no logra reducir su deuda pública al ritmo esperado.
En otras palabras, la política fiscal y la política monetaria son independientes en su diseño institucional, pero sus efectos sobre la sostenibilidad macroeconómica están profundamente conectados.