Costa Rica está a punto de decidir algo mucho más sencillo de lo que el debate público ha dejado ver. No se trata de tomar partido en el conflicto de Oriente Medio, ni de emitir un juicio sobre la política del gobierno israelí. Se trata de si el país va a permitirse acceder a una de las economías más innovadoras del planeta —en agricultura de precisión, gestión del agua, ciberseguridad, salud digital e inteligencia artificial— o si va a cerrarle la puerta a esa oportunidad por una razón que no es jurídica, sino ideológica.
Quienes se oponen al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel suelen invocar la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 como si esta prohibiera cualquier vínculo comercial con el Estado israelí. No lo hace. La Corte estableció obligaciones de no reconocimiento y de distinción respecto de los territorios que Israel ganó en la guerra de 1967, pero en ningún momento ordenó a los Estados romper o abstenerse de celebrar tratados comerciales con Israel.
Conviene además precisar un dato que el debate público suele pasar por alto: esos territorios eran de soberanía jordana entre 1948 y 1967, y Jordania ya firmó un tratado de paz con Israel. Llamarlos "territorios ocupados" simplifica una disputa que la propia historia de la región describe con más precisión como territorios en disputa.
La diferencia jurídica es crucial: una cosa es exigir que un país no trate como territorio israelí lo que no lo es —algo que se resuelve con reglas de origen y controles aduaneros adecuados— y otra muy distinta es exigirle que renuncie a comerciar con un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas desde 1949 y con el que Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas plenas.
Esa distinción no es una interpretación forzada. Es, de hecho, la práctica seguida por la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y los países de la EFTA, todos ellos con acuerdos comerciales vigentes con Israel y, al mismo tiempo, con posiciones diferenciadas sobre los asentamientos. Los propios tribunales europeos, no cuestionaron la validez de esos tratados: exigieron que se aplicaran correctamente. Si esta fórmula es jurídicamente sostenible para Bruselas, Londres u Ottawa, no hay razón técnica para que no lo sea para San José.
Cuando el argumento jurídico se agota, aparece el ideológico
Lo llamativo del debate costarricense es que, una vez que el argumento legal pierde fuerza, la oposición al tratado no desaparece: cambia de registro. De la cita a la Corte de La Haya se pasa a la descalificación moral de cualquiera que defienda la relación comercial con Israel, como si el solo hecho de comerciar con ese país fuera una forma de complicidad. Ese salto —de la crítica legítima a una política de un gobierno, a la negación del derecho de un pueblo entero a comerciar, cooperar e insertarse en la economía global— tiene un nombre y no es sutil: sionofobia.
La sionofobia no consiste en cuestionar decisiones del gobierno israelí, algo tan legítimo como cuestionar las de cualquier otro Estado. Consiste en aplicarle a Israel, y solo a Israel, un estándar que no se le exige a ningún otro país del mundo. Nadie organiza campañas para bloquear tratados comerciales con potencias que sostienen ocupaciones, disputas territoriales o regímenes cuestionados en materia de derechos humanos. Solo la autodeterminación económica del pueblo judío recibe ese trato excepcional. Cuando una regla se aplica a todos menos a uno, deja de ser una regla de principios y se convierte en un prejuicio con vocabulario disfrazado de derechos humanos.
Ese doble rasero tiene un costo real, y lo paga Costa Rica, no Israel. Mientras el país discute si es legítimo comerciar con una de las naciones más avanzadas del mundo en tecnología agrícola y manejo hídrico —dos áreas donde Costa Rica tiene necesidades concretas—, otras economías de la región firman, sin este debate paralizante, acuerdos similares y capturan la inversión, la transferencia tecnológica y la cooperación científica que nosotros dejamos pasar por una discusión que no es comercial ni jurídica, sino de identidad ideológica.
Legalidad y conveniencia no son lo mismo, pero ambas están a favor
Es enteramente legítimo que la Asamblea Legislativa valore razones de oportunidad política al decidir sobre un tratado internacional; para eso existe la deliberación democrática. Lo que no es legítimo es presentar esa valoración política como si fuera una imposición del Derecho Internacional cuando no lo es. Confundir ambos planos —lo jurídico y lo ideológico— no eleva el debate: lo empobrece, porque permite rechazar un instrumento perfectamente compatible con nuestras obligaciones internacionales usando el lenguaje prestado de una causa que hoy parece más una moda política que una convicción: la izquierda local sustituyó las camisetas del Che Guevara por los colores de la bandera palestina, sin que eso le haya resuelto un solo problema a nadie en Ramala o en Gaza.
Costa Rica puede, al mismo tiempo, mantener intacta su posición histórica sobre los temas de Medio Oriente, seguir sosteniendo relaciones diplomáticas con ambos gobiernos —el israelí y el palestino—, aplicar el principio de distinción a través de reglas de origen y procedimientos aduaneros bien diseñados, y ratificar un tratado que le abre acceso a mercados, conocimiento e inversión en sectores que el país necesita para crecer. No hay contradicción entre esas cosas. La única contradicción real está en pedirle al país que renuncie a un beneficio económico tangible en nombre de una pureza ideológica que ningún otro tratado comercial, con ningún otro Estado del mundo, le exige.
La diferencia está en qué se construye
Observando cómo se negocian, se aprueban y se boicotean los acuerdos comerciales en distintas regiones del mundo, hay un patrón que rara vez falla: a los pueblos los beneficia quien construye puentes, no quien organiza bloqueos.
La causa palestina, tal como la ha conducido buena parte de su dirigencia y de sus aliados internacionales, se ha volcado durante décadas hacia el boicot, la desinversión y la descalificación del adversario, y ese camino no le ha traído desarrollo a su población; la ha dejado más desamparada y más pobre. Israel, mientras tanto, ha construido su política exterior sobre exactamente lo contrario: comercio, cooperación científica, transferencia de tecnología. La comparación entre ambos resultados no es casualidad; es consecuencia directa de la estrategia elegida. Y ese avance económico de Israel incluye a sus 2 millones de ciudadanos de religión musulmana, quienes tienen los estándares de vida mas elevados de todos sus vecinos en la región.
Un país pequeño como Costa Rica, sin ejército y con su prestigio internacional construido sobre el respeto al Derecho Internacional y la apertura comercial responsable, debería tener claro de qué lado de esa comparación quiere estar. No tiene que elegir entre principios y desarrollo: puede honrar ambos, tal como lo hace hoy con Israel. Y si la izquierda costarricense quiere honrar también la causa palestina, tiene a su disposición la misma herramienta: impulsar un tratado de libre comercio con Palestina, promover intercambios culturales y académicos, y buscar aportes reales que engrandezcan a ambos pueblos, en lugar de gastar el capital político del país en cerrarle la puerta a quien sí está dispuesto a construir.
Lo que Costa Rica no puede permitirse es que el miedo a una etiqueta, el prejuicio disfrazado de causa noble, o la autoproclamación de moralidad en temas de derechos humanos, le cierre las puertas a las mejoras económicas que sus ciudadanos sí necesitan.