Hay decisiones que no solo son equivocadas: son peligrosas. Proponer que niños de comunidades consideradas "peligrosas" visiten una cárcel porque supuestamente eso evitará que delincan transmite un mensaje devastador: que el riesgo no está en las circunstancias que enfrentan, sino en ellos mismos.
¿Desde cuándo vivir en un barrio vulnerable convierte a un niño en sospechoso?
No se está escogiendo a menores por haber cometido un delito. Se les está seleccionando por su lugar de nacimiento, por su condición social y por el código postal donde crecieron. Eso tiene un nombre: estigmatización. Es juzgar antes de que exista un acto que juzgar.
El Estado no puede construir políticas públicas sobre prejuicios. Su deber es garantizar igualdad de oportunidades, no reforzar la idea de que algunos niños nacen con un destino marcado.
La contradicción política también es evidente. Durante años hemos escuchado que la educación sexual no debe impartirse porque "los valores se enseñan en casa" y porque el Estado no debe intervenir en la formación moral de los menores. Sin embargo, ahora sí se pretende que el Estado utilice una cárcel como herramienta pedagógica para determinados niños.
¿En qué momento dejó de aplicarse ese principio? ¿O solo se invoca cuando resulta conveniente para una agenda ideológica?
Si realmente creemos que los valores se enseñan en casa, entonces esa lógica debería aplicarse también a la prevención de la delincuencia. Y si aceptamos que el Estado tiene un papel en esa prevención, ese papel debe consistir en fortalecer la educación, la cultura, el deporte, la salud mental y las oportunidades, no en etiquetar a quienes ya enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Lo más preocupante es que este tipo de iniciativas desvían la discusión de los verdaderos problemas. La delincuencia juvenil no se combate con espectáculos simbólicos. Se combate reduciendo la deserción escolar, fortaleciendo los centros educativos, recuperando espacios públicos, garantizando acceso a actividades culturales y deportivas, apoyando a las familias y construyendo proyectos de vida para quienes hoy sienten que no tienen futuro.
Un niño que sueña con ser médico, ingeniero, artista, abogado o maestro necesita que el Estado le abra puertas, no que le enseñe una celda.
Cuando el gobierno decide que ciertos niños deben conocer una cárcel solo porque provienen de determinados barrios, deja de hablar de prevención y empieza a normalizar el prejuicio como criterio de política pública.
Y eso es profundamente injusto.
Porque los niños no son responsables de la pobreza en la que nacieron. No escogieron su barrio. No escogieron las oportunidades que les fueron negadas. Lo único que sí podemos escoger, como sociedad, es si vamos a tenderles la mano o a señalarles desde pequeños que, para el Estado, su futuro parece estar más cerca de una prisión que de una universidad.
Ese es el verdadero debate.