Cuando una comitiva oficial avanza entre el congestionamiento, la atención suele concentrarse en la persona protegida. Poco se piensa en los policías motorizados que deben abrirle paso ni en los conductores que, sorprendidos por sirenas, gritos y aproximaciones abruptas, tienen apenas unos segundos para comprender lo que ocurre y reaccionar. La seguridad del poder parece imponerse sobre todos, aunque para conseguirlo se generen nuevos peligros.
El policía de tránsito no decide la hora del desplazamiento, la ruta escogida, la velocidad de la caravana ni la urgencia atribuida a la agenda. Cumple instrucciones. Es él quien debe circular entre filas de vehículos, asegurar intersecciones, adelantar repetidamente la comitiva y recuperar su posición. Cuando faltan planificación, cierres coordinados y personal suficiente, el oficial termina compensando esas deficiencias con aceleraciones, cambios de carril y maniobras que lo exponen innecesariamente.
Pero el riesgo no se limita a quien conduce la motocicleta. Cada maniobra intempestiva puede provocar una frenada brusca, un cambio repentino de carril o la pérdida de control de un tercero. En una carretera saturada, apartarse no siempre es posible. El conductor común puede escuchar una sirena sin saber de dónde proviene, descubrir una motocicleta junto a su ventana y recibir una orden inmediata de moverse, aunque no tenga espacio para hacerlo.
Probablemente no exista una estadística que revele cuántos incidentes han provocado estos desplazamientos o cuántas colisiones se evitaron apenas por la reacción de terceros. Es posible que muchos sustos, frenazos y maniobras evasivas nunca queden registrados. La ausencia de datos, sin embargo, no demuestra que el peligro no exista; solo permite que permanezca invisible.
Los accidentes relacionados con estas operaciones no deberían tratarse automáticamente como fatalidades ni atribuirse únicamente al policía que perdió el control. Cuando los incidentes se repiten, corresponde revisar las órdenes impartidas, las velocidades, los horarios escogidos y la urgencia real de cada recorrido. La responsabilidad principal recae en quienes planifican, autorizan y dirigen la operación, porque son ellos quienes colocan al oficial y a los demás usuarios en esas condiciones.
Proteger a quien ejerce la Presidencia es una obligación estatal, pero la autoridad no convierte cada traslado en una emergencia. Tampoco el respaldo electoral o la popularidad de un gobierno conceden licencia para atravesar el tránsito como si las carreteras fueran una extensión del poder. Cuanto mayor sea la autoridad, mayor debería ser la prudencia con que se utiliza.
Una comitiva profesional no se mide por la rapidez con que abre paso ni por la capacidad de obligar a todos a apartarse. Se mide por su planificación, proporcionalidad y control del riesgo. Si las condiciones no permiten un traslado seguro, corresponde modificar la hora, reducir el despliegue, cambiar la ruta o disminuir la velocidad. La agenda debe adaptarse a la seguridad, no la seguridad a la agenda.
Defender a los policías de tránsito también significa cuestionar las decisiones que los obligan a conducir al límite. Proteger a la Presidencia tampoco puede consistir en trasladar el peligro a quienes simplemente tuvieron la mala suerte de coincidir con la comitiva. El verdadero éxito no es que el poder llegue puntual, sino que oficiales, acompañantes y terceros puedan regresar sanos a sus hogares. La popularidad es pasajera; las consecuencias de un accidente pueden ser permanentes.