“Deje de hablar paja y póngase a trabajar”. Con esa frase, la presidenta Laura Fernández respondió la semana anterior a la cúpula del Poder Judicial, mientras que este lunes calificó la ausencia de los jerarcas judiciales al Consejo Nacional de Seguridad como un de “berrinche”.
No son exabruptos aislados. Es un estilo de comunicación. Y en Costa Rica ese estilo se ha vuelto la norma, no la excepción.
Hace más de 500 años, Maquiavelo se preguntó si conviene más ser amado o ser temido. La política contemporánea reformuló esa pregunta con otro nombre: soft power y hard power, los conceptos con los que Joseph Nye distinguió entre gobernar por convencimiento y gobernar por presión. Costa Rica se debate hoy entre ambos modelos con una intensidad que no se veía en años.
El conflicto como estrategia
Toda acción política comunica: una conferencia de prensa, un veto, un tuit o un silencio institucional. El problema aparece cuando la comunicación deja de explicar y se convierte en confrontación permanente.
En los últimos años, el país ha normalizado los choques constantes entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, los órganos de control y los medios. Ese conflicto ya no es la excepción en la agenda pública: es la agenda. Investigaciones académicas recientes documentan cómo esta confrontación discursiva permanente erosiona el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.
Y funciona, al menos en términos de atención: las redes sociales premian la frase filosa por encima de la explicación técnica. Estudios sobre comunicación política digital en Costa Rica confirman que las narrativas confrontativas son las que más circulan y las que terminan dominando la conversación pública.
Lo que la ciudadanía realmente premia
Aquí está la paradoja: la confrontación gana clics, pero no gana confianza.
La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR (CIEP), de enero de 2026, le pidió a la ciudadanía calificar de 0 a 10 a las principales instituciones del país. Arriba de la tabla: la propia UCR (8,2) y el Banco Central (7,2). Abajo, sistemáticamente y año tras año desde 2023: la Asamblea Legislativa (4,7) y los partidos políticos (4,6). Son, no por casualidad, las instituciones cuya visibilidad depende del choque permanente.
El patrón se repite en otra medición: una encuesta de PROLEDI y el CIEP encontró que un 72% de la población confía poco en lo que le informan quienes integran la Asamblea Legislativa, frente a apenas un 8,8% que dice confiar mucho.
La lectura es clara. Las instituciones que sostienen su legitimidad en la evidencia, la independencia técnica y la continuidad —una universidad, un banco central, un tribunal electoral— concentran la confianza pública. Las que la construyen a punta de señalamientos la pierden. No es una teoría de politólogos: es lo que la propia ciudadanía contesta, encuesta tras encuesta.
Gobernar con evidencia, no solo con volumen
Que la presidenta confronte al Poder Judicial no la convierte automáticamente en un caso de hard power puro: hay reclamos legítimos de fondo, como la lentitud procesal frente al crimen organizado. El problema no es señalar, sino que el señalamiento sustituya al argumento técnico y que la frase contundente reemplace el dato.
Costa Rica enfrenta desafíos que ningún exabrupto resuelve: inseguridad, rezago educativo, presión fiscal y empleo. Ninguno se resuelve porque un poder de la República grite más fuerte que otro.
La confianza no se decreta
Maquiavelo apostó por el temor. Cinco siglos después, Costa Rica le está respondiendo con una encuesta: no manda mejor quien más ruido hace, sino quien más confianza acumula.
Y ahí está el fondo del asunto. No necesitamos menos debate político. Necesitamos uno que deje de premiar la frase que se comparte en cinco minutos y empiece a premiar el argumento que aguanta cinco años.
El poder puede callar a alguien por un rato, con una frase contundente o un decreto. Pero la confianza no se impone: se gana, se pierde y se vuelve a medir cada vez que alguien contesta una encuesta.
Y esa es, quizás, la lección que este país sigue postergando.