El Gobierno propone eliminar la tarifa reducida del 1% que hoy paga la canasta básica y cobrarle el impuesto general del 13%, con una devolución para los hogares de menores ingresos. Vale la pena entender de dónde sale la idea, a quién golpea y si de verdad ataca el problema.
La situación fiscal
Las cuentas del Estado se han deteriorado. El superávit primario cayó del 2% del PIB en 2022 al 0,9% en 2025, el déficit financiero se amplió del 2,5% al 3,4% y la deuda ronda el 60,4% del PIB. Lo llamativo es que ocurre aunque la economía creció un 4,6% en 2025.
¿Cómo se recauda menos mientras la economía crece? Por varias razones: la apreciación del colón, que abarata las importaciones y reduce el IVA que se cobra sobre ellas; la deflación, que encoge la base sobre la que se cobran impuestos; un crecimiento concentrado en las zonas francas, que aportan poco a la recaudación; y las propias rebajas de impuestos ya aplicadas al consumo, los vehículos y la renta de trabajadores independientes.
La propuesta
El plan recoge una recomendación del Fondo Monetario Internacional, que en mayo de 2026 aconsejó gravar la canasta básica con la tarifa general y compensar a los más vulnerables. En palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la intención es dejar de subsidiar el consumo de quienes no lo necesitan o, como él los llama, los “emperifollados”.
Conviene recordar qué es ese 1%. Hasta la implementación del plan fiscal de 2018, la canasta básica estaba exenta. El 1% no se fijó para recaudar sobre la comida, sino por una razón técnica: darle trazabilidad y neutralidad al tributo, permitiendo que el productor recupere el IVA de sus insumos en lugar de trasladarlo al precio. Nunca fue un impuesto pensado para sacarle dinero a la canasta básica. Por eso, antes de convertirlo en 13%, cabe preguntarse de dónde viene realmente el faltante.
Dónde está el hueco
No en el arroz y los frijoles. Los datos de Hacienda apuntan a tres frentes. La evasión ronda el 5,7% del PIB, unos ₡4 billones al año. En aduanas, ocho de cada diez infracciones quedan sin sanción. Y las exoneraciones suman unos ₡2 billones anuales, concentradas sobre todo en la renta y las zonas francas. Gravar la canasta básica aportaría apenas ₡505.000 millones, una fracción de lo que se pierde por esas vías.
El impacto en las familias
Pasar del 1% al 13% encarece cerca de un 11,88% los productos afectados y no golpea igual a todos. Un hogar pobre (quintil 1) destina el 32,2% de su consumo a alimentos: el aumento le costaría unos ₡11.700 al mes, cerca del 3,6% de su ingreso. Una familia de clase media rondaría los ₡16.000 mensuales, alrededor del 1,4% de su ingreso. Un hogar de altos ingresos (quintil 5), unos ₡21.600, apenas el 0,8%. Y en la verdadera cúspide, la que gana decenas de millones, los “emperifollados” que el ministro dice perseguir, el impacto es menor al 0,5%, porque nadie gasta proporcionalmente más en arroz por ser más rico. Es, por definición, un impuesto regresivo, y a quien dice apuntar es justamente a quien menos toca.
El mayor problema económico está en el medio. La devolución solo alcanzaría a los hogares en pobreza inscritos en el Sinirube. Con una línea de pobreza de ₡127.150 por persona, una familia de cuatro que supere unos ₡500.000 de ingreso ya queda fuera. Es decir, la clase media, que gana demasiado para ser “pobre”, pero no lo suficiente para que el golpe no se sienta, pagaría el 13% completo sin recibir nada a cambio.
Difícil de aplicar
Aun concediendo que se quisiera avanzar, quedan dos obstáculos. El primero es humano: si la tarifa reducida se aplica en caja, obliga a la persona a exponer su condición de pobreza ante un cajero para que se la reconozcan y convierte la compra del arroz en un trámite que desnuda la dignidad de quien menos tiene; y, si se hace por devolución, se asume que una familia que vive al día tiene con qué adelantar el impuesto y esperar el reembolso.
El segundo es operativo: para diferenciar la tarifa habría que dar a los cerca de 15.000 comercios del canal tradicional —las pulperías, abastecedores y minisúper independientes, fuera de las grandes cadenas— acceso a la base de datos del Sinirube, con información sensible de las familias más vulnerables. El ministro no explicó cómo se haría, y no es casualidad: no hay forma sencilla de hacerlo.
Conclusión
Subirle el impuesto a la canasta básica es como pegarle un puñetazo a una ola y pretender que eso la detenga. La situación fiscal del país, sin duda, requiere bisturí: hay que actuar y con precisión. Y esta medida es todo lo contrario: un tajo a ciegas que no solo es injusto, sino que ni siquiera aborda el problema de fondo.
Quizá quien mejor lo resumió no fue un economista, sino un sacerdote: el padre Jeison Víquez:
Las cuentas del Estado no pueden equilibrarse desequilibrando la mesa de las familias."