En los últimos años, la política costarricense ha usado la palabra comunismo como un arma retórica para infundir miedo, casi como aquel “coco” con el que los padres asustaban a sus hijos. Sin embargo, conviene recordar qué significa realmente este concepto y cómo se relaciona con los movimientos políticos que hoy buscan concentrar el poder en Costa Rica.
Karl Marx y Friedrich Engels formularon el comunismo moderno en el siglo XIX. Su teoría planteaba que el capitalismo dividía a la sociedad en dos clases irreconciliables: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. La teoría marxista proponía una etapa de transición, la llamada “dictadura del proletariado”, en la que la clase obrera debía controlar el Estado para reorganizar la sociedad y reprimir a la burguesía.
Más allá de la caricatura que presenta al comunismo como enemigo de la empresa privada, su aplicación histórica ha tendido a concentrar el poder en manos de un partido único. Basta observar el caso de China, donde el Partido Comunista gobierna mientras protege la propiedad privada, pero subordina todas las instituciones al control político.
En Costa Rica, el movimiento chavista —articulado electoralmente alrededor de Pueblo Soberano y su marca política de los jaguares— reproduce peligrosamente esas prácticas. Sus asambleas políticas funcionan como un Politburó, donde las decisiones de la cúpula resultan de acatamiento obligatorio y la dirigencia elimina cualquier disidencia. Sus primeros pasos en el gobierno lo confirman: se niegan a elegir magistrados sin justificación, buscan someter a referéndum aquello que no logran por la vía legal y pretenden borrar la independencia de instituciones como la Contraloría y la Caja Costarricense de Seguro Social. El objetivo resulta claro: fusionar partido y Estado, y eliminar los contrapesos que sostienen la democracia.
La consecuencia de este proyecto es devastadora. Sin un Poder Judicial independiente ni una oposición legislativa efectiva, desaparecen los mecanismos de control y fiscalización. El Ejecutivo se convierte en un poder absoluto, capaz de premiar a sus aliados con embajadas y puestos en juntas directivas, mientras reduce las garantías sociales y silencia cualquier voz crítica. ¿No es esto, acaso, la esencia de lo que Marx describía como la concentración del poder en manos de una sola clase?
El chavismo costarricense acusa a sus opositores de “comunistas” para desacreditarlos, pero en la práctica reproduce los errores más graves de la teoría comunista: la eliminación de la pluralidad política, la subordinación de las instituciones al partido y la desaparición de los contrapesos democráticos. El discurso que vende como modernizador y popular constituye, en realidad, un proyecto de concentración autoritaria.
Costa Rica no puede permitirse este retroceso. La democracia se fortalece en la diversidad, en la competencia justa de ideas y en el respeto a las instituciones. Cuando un movimiento político actúa como si aspirara a convertirse en la única voz legítima del país, lo que entra en juego no es una ideología, sino la supervivencia misma de nuestro sistema democrático.