Marta Esquivel plantea que el Ministerio de Trabajo asuma la administración de los programas de pensiones no contributivas que hoy gestiona la CCSS.
La diputada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel Rodríguez, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.643) para trasladar la administración de los programas de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Según señala la exposición de motivos, el Régimen No Contributivo (RNC), a pesar de ser un programa de Gobierno, se encomendó a la CCSS, que lo administra con recursos que le traslada el Estado mediante diferentes leyes.
La exposición de motivos justifica el traslado al señalar que a la Caja se le han asignado, mediante diferentes leyes, funciones que, aunque “aparentemente” tienen costos cubiertos, terminan incidiendo en los servicios y tiempos de respuesta de las gestiones que la institución sí debe atender por mandato constitucional, en beneficio de quienes cotizan al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El texto añade:
El Programa Régimen No Contributivo implica para la Caja Costarricense de Seguro Social, afectación en los tiempos de respuesta cada vez mayores para resolver los casos, con el consecuente atraso en la atención de las gestiones y una atención no oportuna de las solicitudes en todas sus etapas”.
La iniciativa sostiene que el traslado permitiría a la CCSS “llevar a cabo mejoras en los seguros sociales que le competen constitucionalmente” y que el MTSS ya administra diferentes regímenes de pensiones mediante la Dirección Nacional de Pensiones.
Para concretar el traslado, la iniciativa reforma artículos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley 5662), la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Cerebral Profunda (Ley 7125), la Ley Pensión para los Discapacitados con Dependientes (Ley 7636), la ley que regula la distribución de rentas de loterías nacionales (Ley 8718), la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), el Código de Trabajo, la Ley 7972, la Ley 9383, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley 9578, entre otras normas.
El proyecto establece un plazo máximo de 12 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para ejecutar el traslado. Antes de ese proceso, la CCSS deberá elaborar los estados financieros específicos de los programas de pensiones no contributivas, debidamente cerrados y auditados por la Auditoría Interna de la institución.
Durante el período de transición, la CCSS continuaría administrando los programas y debería garantizar, sin interrupción, el trámite de solicitudes, el pago de pensiones y la cobertura del Seguro de Salud de las personas beneficiarias.
Debido a que la Asamblea Legislativa se encuentra en período de sesiones extraordinarias, la iniciativa debe ser convocada por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite antes del 1 de agosto, fecha en que inicia el primer periodo de sesiones ordinarias de la actual legislatura.
Defensoría señala trabas para actualizar información social
La propuesta se presenta al mismo tiempo que la Defensoría de los Habitantes mantiene señalamientos sobre las trabas que enfrentan personas en condición de vulnerabilidad para solicitar una pensión del RNC o aseguramiento por cuenta del Estado.
La Defensoría había advertido desde octubre de 2025 que habitantes que acudían a la CCSS para solicitar una pensión del Régimen No Contributivo o seguro por cuenta del Estado eran remitidos al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), mientras ambas instituciones discrepaban sobre quién debía actualizar la información socioeconómica en el Registro de Información Social (RIS) del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Según la Defensoría, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió en abril un criterio vinculante en el que señaló que a la CCSS le corresponde la caracterización, registro y actualización de la información de personas beneficiarias de programas financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) en el Sinirube.
Ante esa situación, la Defensoría solicitó a la CCSS informar por qué no ha emitido directrices a direcciones regionales, sucursales, áreas de salud y demás dependencias institucionales sobre el abordaje que deben brindar a esta población.
En respuesta a la Defensoría, los gerentes Financiero y Médico de la CCSS indicaron que, desde el 24 de abril, la Presidencia Ejecutiva les instruyó elaborar un plan piloto para asumir la actualización del Registro de Información Social. Sin embargo, la Defensoría señaló que ese plan aún no está finalizado y que la institución no informó plazos estimados.