“Toda persona tiene un precio, menos su dignidad”. Esta afirmación resume uno de los principios más importantes del Estado constitucional moderno. La dignidad humana no se compra, no se negocia, no se pierde por la condición social, la orientación sexual, las creencias religiosas, la discapacidad o la posición política. Acompaña a cada persona desde su nacimiento hasta su muerte y constituye el fundamento sobre el cual descansan todos los demás derechos fundamentales.
Durante el foro El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos, realizado en la Asamblea Legislativa, diversos especialistas coincidieron en una preocupación común: las democracias enfrentan hoy riesgos que no siempre provienen de golpes de Estado o de la violencia, sino también de discursos que erosionan lentamente el pluralismo y reducen el espacio para la diferencia.
En Costa Rica, la dignidad humana funciona como un principio matriz. El artículo 33 de la Constitución Política reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley, mientras que el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la dignidad y la honra de cada individuo. La jurisprudencia de la Sala Constitucional, entre ella el voto 4555-2009, ha reiterado que la dignidad humana orienta la interpretación de todo el ordenamiento jurídico y constituye un límite al ejercicio del poder público.
Esto significa que el Estado nunca puede utilizar a las personas como simples instrumentos para alcanzar objetivos políticos, económicos o ideológicos. El ser humano siempre debe ser el fin de la norma y nunca el medio.
Cuando la dignidad se debilita, todos los demás derechos comienzan a deteriorarse. Lo observamos en las largas listas de espera del sistema de salud, donde miles de personas esperan durante meses o años una cirugía o una consulta especializada. También lo vemos en la violencia cotidiana que se normaliza en nuestras carreteras, en la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad y en los discursos de odio que circulan con creciente facilidad en redes sociales.
Como señaló el sociólogo Rodrigo Campos durante el foro, la conquista de derechos por parte de la población LGBTIQ+ no surgió de concesiones espontáneas, sino de décadas de organización social y defensa de la dignidad humana. El reconocimiento del matrimonio igualitario representó la culminación de una lucha de más de treinta años para que todas las personas fueran reconocidas como iguales ante la ley. Sin embargo, también advirtió que esos avances nunca son irreversibles y que pueden sufrir retrocesos cuando prosperan discursos excluyentes.
El politólogo y analista Claudio Alpízar recordó que la democracia liberal tiene una característica que muchas veces desespera a quienes buscan soluciones inmediatas: es lenta. Esa lentitud responde, precisamente, a la existencia de controles institucionales, separación de poderes y protección de derechos fundamentales. El populismo, por el contrario, suele presentar esas garantías como obstáculos para ejercer el poder con mayor rapidez.
Esta reflexión resulta particularmente pertinente para Costa Rica. En el debate político contemporáneo se observa una creciente utilización de referencias religiosas para legitimar determinados proyectos políticos. Las convicciones religiosas merecen absoluto respeto dentro de una sociedad democrática. Sin embargo, cuando determinados relatos presentan la realidad como una confrontación entre “los buenos” y “los malos”, o entre quienes apoyan a ciertos liderazgos y quienes los cuestionan, se debilita el pluralismo que caracteriza a una democracia constitucional.
La democracia no exige uniformidad de pensamiento. Por el contrario, necesita diversidad de opiniones, deliberación pública y respeto hacia quienes sostienen posiciones distintas. Una sociedad democrática no persigue las diferencias: las escucha, las debate y las protege.
En el foro también participó Marco Castillo, quien advirtió sobre el crecimiento de las desigualdades sociales y la profunda crisis que estas generan para la convivencia democrática. Su observación recuerda que la dignidad humana también posee una dimensión material: resulta difícil hablar de igualdad cuando amplios sectores enfrentan barreras para acceder a salud, educación, empleo o justicia.
Un Estado que deja de colocar la dignidad humana en el centro de sus decisiones comienza a enfermar institucionalmente. Y un Estado institucionalmente enfermo termina debilitando su propia democracia.
Costa Rica construyó, durante décadas, una sólida tradición democrática basada en el Estado de Derecho, la independencia judicial, la protección constitucional de los derechos humanos y el respeto al pluralismo político. Esa tradición no debe darse por garantizada. Debe fortalecerse todos los días mediante instituciones sólidas, ciudadanía crítica y un compromiso permanente con la dignidad de todas las personas, sin excepciones.
Porque cuando la dignidad humana permanece intacta, la democracia conserva su razón de ser. Cuando la dignidad se relativiza, los derechos dejan de ser garantías para convertirse en privilegios. Y ninguna democracia puede sostenerse sobre esa base.