Durante décadas, para miles de costarricenses fue posible trabajar detrás de un volante, pero no necesariamente construir un negocio propio. Muchos choferes pasaron buena parte de su vida manejando para otra persona, sin una posibilidad real de convertirse en propietarios de su propio taxi o de levantar una pequeña empresa familiar. El problema no era la falta de experiencia ni de capacidad para brindar un buen servicio. El problema era el acceso.
Las concesiones fueron siempre limitadas y, con el tiempo, se convirtieron en bienes escasos y costosos. Para entrar a la actividad, muchas personas tenían que adquirir una concesión o los derechos asociados a ella por sumas que estaban muy por encima de las posibilidades de un trabajador común. Así, una actividad que podía haber servido para crear pequeños empresarios terminó cerrada para muchos y concentrada en pocas manos. El sistema también recibió cuestionamientos durante años por la acumulación de concesiones, por la influencia de intereses políticos y por la existencia de grupos o cooperativas con grandes cantidades de permisos, mientras cientos de choferes seguían trabajando sin tener nunca una oportunidad propia.
Por eso, el expediente 23.736 tiene una importancia que va mucho más allá de regular a Uber, DiDi o cualquier otra plataforma. Su verdadero valor está en que podría democratizar el acceso a una actividad económica que durante mucho tiempo funcionó como un mercado cerrado.
La creación del taxi dual cambiaría la lógica del sistema. La posibilidad de ingresar ya no dependería de comprar un derecho costoso o de esperar una concesión escasa, sino de cumplir requisitos claros y objetivos: tener licencia vigente, capacitarse, inscribirse en Hacienda y en la Caja Costarricense de Seguro Social, contar con seguros, mantener el vehículo en buenas condiciones y obtener la autorización correspondiente del MOPT. Quien cumpla los requisitos podría trabajar. Ese cambio, aunque parezca sencillo, es profundo.
También abriría una oportunidad real para muchos taxistas que han trabajado toda su vida como choferes. El proyecto permite que un propietario registral autorice hasta tres vehículos para prestar el servicio, siempre que cada conductor tenga su propia autorización y cumpla los requisitos establecidos. Esto podría convertirse en la base de pequeños emprendimientos familiares. Un taxista con experiencia podría trabajar con su propio vehículo, ayudar a un hijo a incorporarse a la actividad y permitir que otro familiar también genere ingresos de manera legal y formal. Lo que antes era solamente un empleo podría convertirse en patrimonio, estabilidad y una empresa construida alrededor del esfuerzo de una familia.
Al mismo tiempo, el límite de tres vehículos por propietario busca evitar que el mercado vuelva a concentrarse en grandes flotillas. La idea no debería ser sustituir un grupo privilegiado por otro, sino abrir espacio para más personas. Promover pequeños empresarios, no grandes acumuladores de permisos. Distribuir oportunidades, no volver a encerrarlas.
La iniciativa también aporta algo que no puede dejarse en segundo plano: mayor seguridad para el usuario. Tanto los taxis duales como los vehículos de plataforma deberán tener inspección técnica, marchamo al día, seguros adecuados y conductores debidamente autorizados. Las personas usuarias tendrán derecho a conocer el precio o la forma de calcularlo, identificar al conductor y al vehículo, recibir comprobantes de pago y contar con mecanismos para presentar quejas o denuncias. Se trata de reglas básicas, pero necesarias, para una actividad que mueve diariamente a miles de personas.
También se corregiría una desigualdad que alimentó la confrontación durante años. Los conductores de plataformas y los del taxi dual deberán cumplir obligaciones similares en materia de seguros, tributación, seguridad social y condiciones del vehículo. Eso no elimina todas las diferencias, pero sí acerca el sistema a una competencia más justa y transparente.
Por supuesto, la iniciativa puede mejorarse. Habrá que revisar costos, trámites y algunos mecanismos regulatorios para evitar que la formalización termine siendo tan pesada que cierre nuevamente la puerta a quienes quieren emprender. Pero no deberíamos perder de vista el fondo.
Esta no es solamente una propuesta para resolver la discusión entre taxis y plataformas. Es una iniciativa para ordenar una realidad que Costa Rica ha postergado durante años y para preparar al país para lo que viene. Hoy hablamos de Uber y DiDi, pero mañana aparecerán nuevas plataformas, vehículos eléctricos, sistemas automatizados y tecnologías que hoy apenas comenzamos a imaginar. Una buena ley no puede limitarse a apagar el conflicto actual; debe crear reglas capaces de acompañar los cambios de las próximas décadas.
El expediente 23.736 podría dejar un legado mucho más importante que la simple regulación de una aplicación. Podría abrir una actividad económica a miles de personas, proteger mejor a los usuarios, evitar la concentración excesiva y dar a muchas familias la posibilidad de construir un negocio propio.
Si Costa Rica logra ese objetivo, esta no será recordada como la ley de Uber o de los taxis. Será recordada como la ley que modernizó el transporte y democratizó el derecho a emprender sobre ruedas.