Ente defensor comunicó al Ministerio de Hacienda que aplicará el ajuste como parte de las medidas de contención del gasto, sin afectar servicios esenciales, pero alertó sobre restricciones presupuestarias y déficit para cubrir plazas vacantes.
La Defensoría de los Habitantes informó al Ministerio de Hacienda que realizó una revisión técnica integral de su presupuesto institucional y, como parte de los esfuerzos de contención del gasto, aplicará un recorte de ₡120 millones.
Según detalló la institución, esta reducción representa el monto máximo que puede aportar sin comprometer la prestación de los servicios esenciales que brinda a la ciudadanía. El ajuste ya fue incorporado en el Sistema de Formulación Presupuestaria, específicamente en el módulo de decretos.
En relación con el anteproyecto de presupuesto para el período 2027, la Defensoría indicó que fue elaborado conforme al límite de gasto comunicado por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio MH-0388-2026, por un monto de ₡6.246,4 millones.
El ente defensor señaló que atendió estrictamente las directrices emitidas por Hacienda, priorizando el financiamiento de gastos ineludibles para garantizar la continuidad de sus operaciones.
En ese contexto, el oficio citado establece que:
Con los montos máximos de gasto total y corriente comunicados, deberá financiarse los gastos de carácter ineludible que cubran la totalidad de las operaciones institucionales, tales como remuneraciones y contribuciones sociales asociadas, servicios públicos, así como contratos vigentes por servicio de limpieza, seguridad, alquileres, incluyendo el monto correspondiente al impuesto sobre el valor agregado que corresponda en cada caso, entre otros...”
La Defensoría precisó que el presupuesto remitido a Hacienda el pasado 8 de junio incorpora únicamente los recursos indispensables para cubrir esas obligaciones.
Asimismo, advirtió que, aunque el límite presupuestario asignado para 2027 mantiene el mismo monto nominal ajustado para 2026, esto "no implica que la institución disponga de la misma capacidad financiera para atender sus obligaciones debido al incremento de diversos costos asociados al funcionamiento institucional de carácter ineludible, y por lo tanto, se debe absorber mediante una mayor contención del gasto y la postergación o limitación de otras necesidades indispensables para fortalecer la prestación de servicios públicos que le corresponde brindar".
Pese a estos esfuerzos de racionalización del gasto, la Defensoría aseguró que su capacidad para generar nuevas economías está prácticamente agotada, por lo que cualquier reducción adicional impactaría directamente la operación institucional y la atención a la ciudadanía.
Además, el ente defensor informó a Hacienda que, tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, enfrenta un faltante de ₡342,64 millones en la relación de puestos para completar el nombramiento de plazas vacantes.
Esta insuficiencia de recurso humano, según la Defensoría, limita la atención de denuncias, el desarrollo de investigaciones y la formulación de recomendaciones, especialmente en casos relacionados con personas en condición de mayor vulnerabilidad.