Inspecciones técnicas concluyeron que los inmuebles mantienen condiciones similares a las registradas cuando fueron declarados Patrimonio Histórico-Arquitectónico.
La Defensoría de los Habitantes concluyó que no existe evidencia de afectaciones al patrimonio histórico-arquitectónico en varias ermitas del cantón de Mora, luego de investigar una denuncia ciudadana sobre presuntas intervenciones en esos inmuebles.
Como parte de la investigación, el ente defensor solicitó informes al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por medio del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), así como a la Municipalidad de Mora. Además, se realizaron inspecciones técnicas especializadas.
De acuerdo con los informes elaborados por profesionales en arquitectura de la Dirección de Patrimonio Cultural, las ermitas inspeccionadas conservan condiciones generales similares a las observadas durante los estudios técnicos efectuados antes de su declaratoria como Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, en 2022.
En el caso de la ermita de Corralar, la investigación determinó que las láminas metálicas ubicadas en la parte posterior del inmueble no corresponden a obras recientes y que no existe evidencia de afectación a su valor histórico-arquitectónico ni a su integridad estructural. Los especialistas señalaron que el deterioro y la corrosión que presentan las láminas evidencian que fueron instaladas años atrás.
Respecto a la ermita de Picagres, la inspección estableció que la denuncia sobre supuestos trabajos en la cubierta del inmueble obedecía a actividades de recaudación de fondos organizadas por la junta pastoral para futuros trabajos de mantenimiento. Al momento de la visita técnica no se había ejecutado ninguna intervención sobre la estructura patrimonial.
Asimismo, los estudios concluyeron que las ermitas de Corralar, Llano Grande y Picagres mantienen condiciones de conservación similares a las existentes cuando fueron declaradas patrimonio nacional, sin evidencia de daños relacionados con los hechos denunciados.
Tras los resultados de la investigación, la Defensoría recordó que toda intervención en inmuebles declarados patrimonio histórico-arquitectónico debe tramitarse y contar con la autorización previa de las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7555.
Además, recomendó al MCJ y al CICPC valorar la elaboración e implementación de un protocolo para el levantamiento y conservación de un registro fotográfico integral de los inmuebles al momento de su declaratoria patrimonial.
El ente defensor también instó a ambas instituciones a fortalecer las acciones de acompañamiento técnico, capacitación y divulgación dirigidas a propietarios, administradores, organizaciones comunales, juntas pastorales y gobiernos locales responsables de inmuebles patrimoniales. Asimismo, recomendó desarrollar lineamientos técnicos que orienten sobre cuáles labores de mantenimiento requieren autorización previa del CICPC y cuáles pueden ejecutarse sin afectar el valor histórico de las edificaciones.
