Ente defensor recordó que durante el año 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de 43.144 expedientes.
La Defensoría de los Habitantes enfatizó que la falta de nombramiento de magistrados suplentes, al menos de los mínimos necesarios, pone en "altísimo riesgo" el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
En un informe remitido esta semana a la presidenta de la Asamblea Legislativa, el ente defensor alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional. Esto provoca que el Tribunal Constitucional quede imposibilitado para ejercer su competencia sobre la Constitución Política.
La Defensoría señaló que "ha venido dándole puntual seguimiento a la elección de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional, tema que fue objeto de discusión en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el jueves 4 de junio del año en curso; y que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026".
Del análisis de información solicitada por la Defensoría a la Corte Suprema de Justicia se identificó que durante 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional.
Asimismo, las autoridades subrayaron que la ausencia ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, comentó en la Asamblea Legislativa:
A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”.
A partir de lo anterior, la institución advirtió que se compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales.
Sumado a lo anterior, la Defensoría indicó que también se estarían vulnerando instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense. En su artículo 25, esa legislación tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones.