En días recientes ha circulado en medios si el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se está 'politizando'. La discusión se reavivó cuando dos de sus comisiones, integradas por profesionales críticos del oficialismo, manifestaron su rechazo a proyectos de seguridad impulsados por el Poder Ejecutivo. A partir de ahí, algunas voces han señalado que el Colegio estaría cometiendo un error al involucrarse en una discusión con 'tintes políticos', como si su papel natural fuera emitir criterios estrictamente técnicos, completamente ajenos a la política.
El problema de fondo es más profundo que un desencuentro coyuntural entre el Gobierno y un colegio profesional. Lo que está en juego es cómo entendemos el derecho y la función pública de quienes lo ejercemos: ¿es realista pedir opiniones jurídicas 'sin tintes políticos' en un Estado constitucional de derecho? Sostengo que no, y que el lenguaje de la neutralidad absoluta suele terminar favoreciendo, de manera silenciosa, al statu quo.
Plantear que el Colegio debe limitarse a emitir 'criterios técnicos' y evitar cualquier participación en debates políticos descansa sobre una separación que, en la práctica, es insostenible. El derecho no nace ni se aplica en el vacío: las normas que interpretamos y los principios que invocamos son el resultado de procesos históricos de disputa por el poder, por la distribución de recursos, por el alcance de las libertades y por el reconocimiento de grupos históricamente excluidos.
Cuando una comisión del Colegio analiza proyectos de seguridad o cualquier otro tema, no está haciendo un ejercicio meramente formal. Está discutiendo, necesariamente, el modelo de Estado que queremos: cuánto poder coercitivo le reconocemos al Ejecutivo, qué límites deben interponer la Constitución y los tratados de derechos humanos, qué riesgos asumimos para las libertades ciudadanas en nombre de la seguridad. Todo ello es jurídico y político al mismo tiempo. Despolitizarlo equivale a negar su importancia y a reducir la técnica a un lenguaje que legitima decisiones ya tomadas por el Gobierno.
Es cierto que las instituciones públicas y las corporaciones de derecho público deben respetar principios de imparcialidad y neutralidad frente a la contienda partidista. Ni el Colegio de Abogados y Abogadas, ni sus comisiones deberían convertirse en brazo orgánico de ningún partido ni utilizar su voz institucional para favorecer candidaturas específicas. Sin embargo, esa exigencia es muy distinta de pedirle al Colegio que renuncie a cualquier toma de posición en asuntos de interés público que afectan derechos y garantías fundamentales, esto es la diferencia entre apolítico y apartidista.
En un Estado de Derecho, la propia Constitución expresa opciones políticas básicas: dignidad humana, igualdad sustantiva, separación de poderes, control del poder punitivo, protección reforzada frente a la arbitrariedad. Aplicar con rigor ese marco no significa ser apolítico, sino asumir la política constitucional que ya está incorporada en el ordenamiento. El deber de neutralidad frente a partidos no convierte al jurista en un técnico neutro; lo compromete con la defensa de un modelo jurídico-político que prioriza a la persona frente al poder, modelo que fue establecido desde 1949 en nuestra Carta Magna y demás instrumentos internacionales ratificados por el país.
La narrativa que descalifica como 'politizadas' las opiniones críticas del Colegio y, al mismo tiempo, presenta como 'técnicas' las posiciones alineadas con el Ejecutivo, produce un efecto preocupante. Si toda intervención que cuestiona la orientación de las políticas públicas se rotula como error por tener tintes políticos, el mensaje implícito es claro: el único papel legítimo de las profesiones jurídicas sería validar, desde el lenguaje técnico, decisiones previamente tomadas en el espacio político.
Ese modelo reduce al Colegio a una instancia de asesoría despolitizada que no discute fines, solo medios. Pero en materia de derechos humanos y en concreto de seguridad, la elección de medios siempre favorece determinados fines: más cárcel o más prevención social, más concentración de poder o más controles, más discrecionalidad policial o más garantías procesales. La supuesta neutralidad absoluta se convierte, entonces, en una ficción funcional al statu quo: se considera 'objetivo' lo que mantiene el orden existente y 'político' lo que lo cuestiona.
Frente a este panorama, resulta imprescindible reivindicar el papel crítico del Colegio de Abogados como actor institucional del Estado de derecho. Que el Colegio sea una corporación de derecho público no significa que deba callar ante proyectos que tensionan garantías constitucionales o compromisos internacionales de Costa Rica. Por el contrario, su legitimidad profesional se expresa precisamente en la capacidad de ofrecer lecturas jurídicas informadas que adviertan riesgos, visibilicen impactos y propongan alternativas.
No hay politización ilegítima cuando el Colegio cuestiona, con argumentos jurídicos, políticas de seguridad que pueden afectar derechos fundamentales. Lo que hay es ejercicio responsable de una voz técnica con conciencia de sus implicaciones políticas y sociales. Si renunciara a ese papel crítico, el Colegio se transformaría en un actor irrelevante, incapaz de contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de la Constitución y los tratados de derechos humanos.
Tal vez el momento actual sea una oportunidad para abandonar la retórica de las opiniones 'sin tintes políticos' y hablar con más honestidad sobre nuestra práctica profesional. Las y los abogados, cuando intervenimos en el debate público, no dejamos de ser técnicos, pero tampoco dejamos de participar en la configuración de la vida colectiva. Exigir rigor metodológico y transparencia sobre los criterios que emitimos es una mejor forma de proteger la neutralidad institucional que pedir silencio político frente a decisiones que afectan la democracia y los derechos fundamentales.