Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización”.
Esa frase, atribuida con frecuencia al filósofo de la historia y ensayista alemán Oswald Spengler, sostenía una visión profundamente pesimista y cíclica de la historia.
Tal sentencia resume una de las ideas centrales de su pensamiento: que, en los momentos de crisis extrema, las civilizaciones no sobreviven únicamente gracias a las ideas, la filosofía o el derecho, sino porque existe una fuerza organizada capaz de defender el orden frente al caos.
La frase también puede interpretarse como una provocación intelectual: antes de que exista la libertad, debe existir un orden que la haga posible. Sin seguridad, las demás instituciones difícilmente sobreviven. Y si lo hacen, operan al servicio de intereses distintos de los preceptos y la convivencia que garantiza una democracia.
Naturalmente, esta afirmación ha recibido numerosas críticas. Muchos historiadores y filósofos sostienen que las civilizaciones también se han salvado gracias a instituciones jurídicas sólidas, acuerdos políticos, diplomacia, desarrollo económico, cohesión social y liderazgo civil.
Por ello, la frase atribuida a Spengler debe entenderse como una tesis histórica y filosófica, no como una verdad universal. Expresa la convicción de que, en el instante decisivo en que una civilización enfrenta su posible desaparición, la capacidad de defensa organizada suele ser el último dique frente al colapso.
Es, sin duda, una sentencia coherente con el resto de su obra, especialmente con su concepción de que la historia no avanza linealmente hacia el progreso, sino mediante ciclos de auge, madurez y decadencia de las grandes culturas.
Tal vez, y solo tal vez, Spengler tenía razón para su tiempo. Pero las democracias contemporáneas no suelen perecer por falta de soldados. Perecen de manera inexorable cuando quienes deben aplicar el derecho dejan de poder hacerlo con independencia. Y sobreviven cuando todavía existe un juez dispuesto a recordar que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la Constitución. Si bien un juez en democracia no es un dios todopoderoso, tampoco podemos prescindir de una figura tan importante dentro de nuestra convivencia civilizada, como si se tratara de un elemento descartable, irracional y manipulable.
Esta reflexión adquiere especial relevancia en la Costa Rica de hoy, donde el Poder Judicial ha sido objeto de constantes cuestionamientos desde distintos sectores del oficialismo. En un Estado constitucional de derecho, la crítica a las resoluciones judiciales no solo es legítima, sino consustancial al debate democrático. Sin embargo, cuando el discurso político deja de dirigirse a fallos concretos y comienza a cuestionar la legitimidad, la independencia o la función institucional del órgano llamado precisamente a controlar la constitucionalidad y la legalidad del ejercicio del poder, la discusión adquiere una dimensión distinta: la de los contrapesos que sostienen el sistema republicano.
Más aún cuando esa crítica se presenta bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de las funciones jurisdiccionales esenciales, pero puede interpretarse como un intento de deslegitimar o debilitar el ejercicio de la función jurisdiccional precisamente en aquellos asuntos que podrían derivar en responsabilidades para integrantes del propio Poder Ejecutivo o de su entorno político. Si esa fuera la verdadera finalidad, el debate dejaría de ser una discrepancia legítima con determinadas decisiones judiciales para convertirse en una presión institucional sobre uno de los poderes de la República.
Es precisamente para evitar esas tensiones que la Constitución Política consagra la separación y la independencia de los poderes públicos. No se trata de un privilegio corporativo del Poder Judicial, sino de una garantía para todos los ciudadanos frente a la concentración del poder. Resulta, por ello, inevitable recordar el compromiso solemne con la defensa de esa separación de poderes proclamado por la hoy presidenta de la República en su discurso inaugural. La fortaleza de ese compromiso no se mide cuando las decisiones judiciales coinciden con los intereses del Gobierno, sino cuando los tribunales ejercen su función de control con plena independencia, aun cuando sus resoluciones resulten incómodas para quienes ejercen el poder.
Si el siglo XX creyó que la civilización se salvaba con soldados, el siglo XXI ha demostrado que también puede salvarse con jueces. Las constituciones no suelen morir por falta de leyes, sino por falta de jueces dispuestos a hacerlas valer.