Hay palabras que describen corrientes de pensamiento y hay momentos en que esas mismas palabras se utilizan para desacreditar a las personas. “Progresista” parece haberse convertido en una de ellas para algunos actores políticos.
La reciente afirmación de la presidenta, al referirse al informe del Colegio de Abogados y Abogadas como obra de “un grupo de progresistas”, merece una reflexión que va más allá de la coyuntura política. La pregunta no es si quienes elaboraron ese documento son progresistas, conservadores, liberales o socialdemócratas, porque ello no resuelve el fondo. Las verdaderas preguntas son otras: ¿qué relevancia tiene esa etiqueta para valorar la solidez de un análisis jurídico? ¿Es jurídicamente correcto o incorrecto lo que dice ese informe? En lugar de discutir las razones, optó por señalar a quienes las formularon.
Cuando el debate abandona el terreno de las ideas para instalarse en el de las etiquetas, la verdad deja de importar. Lo único que queda es la identidad, en este caso, de quienes elaboraron el informe.
Vale la pena detenerse un momento y preguntarse: ¿qué significa ser progresista?
En términos generales, el progresismo es una corriente política y filosófica que impulsa reformas para ampliar derechos, reducir desigualdades y adaptar las instituciones a los cambios sociales. Como cualquier otra corriente de pensamiento, tiene aciertos, errores, defensores y críticos. Se puede discrepar profundamente de sus postulados, pero no constituye un defecto moral ni un motivo para invalidar un trabajo profesional, mucho menos para convertir el término en un insulto.
La democracia liberal descansa precisamente sobre la convivencia de distintas visiones del mundo. Conservadores, liberales, progresistas, socialcristianos, socialdemócratas y cualquier otra corriente pueden y deben participar en la construcción del debate público. Ninguna posee el monopolio de la verdad, pero tampoco ninguna debería convertirse en sinónimo de sospecha o descalificación.
En una democracia madura, las ideas se confrontan con argumentos, no con calificativos. Un informe técnico debe ser refutado por sus errores de interpretación, por sus inconsistencias o por la debilidad de sus fundamentos legales. Reducirlo a la supuesta ideología de quienes lo redactaron desplaza el debate del contenido hacia las personas.
Cuando desde el poder se utilizan etiquetas ideológicas para desacreditar a quienes emiten criterios técnicos, el debate público se empobrece. Se deja de discutir el fondo para concentrarse en los bandos. Esa lógica alimenta la polarización y debilita la confianza en las instituciones.
Si el informe de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas contiene errores, estos deben señalarse con rigor jurídico. Así se sostienen o se derrumban los argumentos jurídicos: por su razonamiento, no por la etiqueta política de sus autores.
Si sus conclusiones son equivocadas, corresponde demostrarlo con mejores argumentos. Pero si la principal respuesta consiste en decir que fue elaborado por “progresistas”, entonces no se está respondiendo al informe; se está descalificando a quienes lo escribieron.
Las democracias no se fortalecen cuando se satanizan las ideas. Se fortalecen cuando las ideas, vengan de quien vengan, se someten al escrutinio de la razón, la evidencia y el derecho. Esa es la diferencia entre el debate democrático y la descalificación política.