La tragedia sísmica en Venezuela demuestra que los desastres no son naturales, sino el resultado acumulado de la vulnerabilidad, del deterioro institucional y ausencia de la gestión del riesgo
Los efectos e impactos devastadores de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, el primero de magnitud Mw 7,2 a las 16:04:32 horas y el segundo de Mw 7,5 pocos segundos después, constituyen una llamada de atención severa y dolorosa para todos los países en donde la gestión del riesgo sigue sin ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo.
Más allá del debate académico sobre la naturaleza mecánica, ubicación exacta de los hipocentros, de si fue un evento único complejo de ruptura en dos fases, o un doblete, la tragedia vuelve a poner en evidencia una realidad conocida pero frecuentemente ignorada: los desastres no son producto exclusivo de la naturaleza, sino de la vulnerabilidad que las sociedades construyen, acumulan y toleran.
Las circunstancias políticas, económicas y sociales complejas por las que ha atravesado Venezuela en los últimos años permiten comprender el escenario, pero no constituyen la excusa. Por el contrario, manifiestan la relación estrecha entre el deterioro institucional y la incapacidad para gestionar el riesgo.
Resulta llamativo que esta tragedia suceda precisamente en uno de los países latinoamericanos que, durante décadas, fue pionero en el desarrollo de las ciencias e ingeniería sismológicas. Venezuela desempeñó un papel fundamental en la creación, en 1966, del Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), iniciativa regional innovadora; el ingeniero venezolano José Grases Galofré fue uno de sus promotores y pilares. Asimismo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), creada en 1972, se convirtió en una referencia continental. Pareciera que gran parte de ese legado se ha diluido con el paso de los años.
Las imágenes disponibles de las áreas afectadas muestran el colapso o deterioro severo de numerosas edificaciones. NASA estima en casi 60.000 las estructuras dañadas y destruidas, evidencia de los errores de diseño estructural, materiales, procesos constructivos, inspección obras, control de calidad y mantenimiento deficientes; a esto debe agregarse el encadenamiento con la licuefacción de suelos e inestabilidad de laderas. Muchos de esos errores ya se han observado en desastres sísmicos anteriores en América Latina y otras regiones del mundo. Las lecciones no han sido aprendidas.
Conforme aumenta el número de víctimas fatales se hace más evidente que la tragedia no fue causada únicamente por los terremotos. Una parte significativa de los daños y pérdidas humanas podría haberse producido incluso por eventos de menor magnitud. La verdadera causa del desastre fue la vulnerabilidad acumulada. Conviene reiterarlo una vez más: no existen los “desastres naturales”. Los procesos naturales son inevitables; los desastres son construcciones sociales derivadas de decisiones, omisiones y prioridades equivocadas. A la mala praxis técnica debe agregarse la política e institucional.
Durante décadas, Venezuela ha atravesado por un proceso de debilitamiento institucional acompañado de corrupción, improvisación administrativa, pérdida de capacidades técnicas, fuga de cerebros y erosión de los mecanismos de control público. El resultado ha sido la incapacidad creciente de las instituciones y del sector privado para planificar, fiscalizar y reducir el riesgo. ¿Qué se puede esperar de un gobierno incapaz de resolver el acceso al agua potable de la población, durante casi cinco meses, en el estado Sucre?
Las consecuencias de esta tragedia acompañarán al país durante muchos años. Las vidas perdidas no se recuperarán; tampoco será sencillo sanar las heridas físicas y psicológicas de los sobrevivientes, ni aliviar el sufrimiento de huérfanos, viudas, viudos y familias enteras, sumado a los costos de la pérdida del capital humano, deterioro económico e impacto ambiental derivados de la destrucción de infraestructura, contaminación del aire, agua, suelos y ecosistemas marinos. La gestión de millones de toneladas de escombros y residuos es, por sí sola, un desafío monumental.
Durante las horas posteriores al desastre quedó evidenciada la incapacidad de las instituciones de primera respuesta; han actuado a ciegas, improvisando, sin planes de contingencia, caóticamente. Las imágenes de voluntarios intentando rescatar sobrevivientes, escarbando escombros con sus propias manos, reflejan la magnitud de la tragedia y las carencias del sistema de protección civil. El apoyo de los contingentes de ayuda internacional ha aliviado las etapas de rescate, atención humanitaria y reconstrucción. Una vez superada la fase más urgente, rescatar sobrevivientes y atender heridos, comenzará otra etapa compleja: reconstruir. Miles de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes y sistemas de servicios básicos deberán rehabilitarse y reconstruirse. Este proceso se extenderá durante décadas y requerirá de enormes recursos financieros y capacidades técnicas, administrativas e institucionales que hoy parecen insuficientes.
La catástrofe también introduce una nueva dimensión política y geopolítica. El gobierno interino pretende conducir la reconstrucción de un país devastado mientras intenta preservar la estabilidad de un régimen cuya legitimidad, capacidad de gestión y transparencia han sido cuestionadas durante años.
Al mismo tiempo el terremoto plantea un desafío significativo para la política exterior de Estados Unidos. Si Washington considera que la estabilidad venezolana constituye un elemento relevante para su estrategia hemisférica, la respuesta frente a la emergencia podría transformarse en una prueba decisiva de su capacidad de influencia regional. La asistencia económica, logística y humanitaria, así como la flexibilización de las restricciones económicas relacionadas con la emergencia podrían convertirse en herramientas fundamentales para mitigar el agravamiento de la crisis.
La tragedia representa una prueba de supervivencia política. A diferencia de Hugo Chávez, quien tras la tragedia de Vargas de 1999 rechazó la ayuda internacional, luego de lo cual ni siquiera se conoce el número real de víctimas ni la pérdida económica y ambiental, el gobierno interino optó por una estrategia pragmática de apertura, independientemente de las diferencias ideológicas con los países oferentes.
Cómo se gestione esta crisis influirá decisivamente en el futuro político de Venezuela; el desafío es inmenso. Desde antes de los terremotos el país ya enfrentaba una profunda crisis política, económica, social, ambiental e institucional, así como una infraestructura sanitaria y de emergencia gravemente debilitada.
Los organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional tendrán un papel determinante en esta etapa, aunque el régimen los ha mantenido alejados durante décadas. La eficacia de cualquier esfuerzo de reconstrucción dependerá de los recursos disponibles y de la transparencia, capacidad de gestión y credibilidad de quienes conduzcan el proceso.
Las ironías históricas son inevitables. Al final, la historia juzgará esta catástrofe no por la magnitud de los terremotos, sino por lo que estos revelaron. Los sismos duraron apenas unos segundos; la vulnerabilidad transformó un proceso natural en una tragedia humanitaria acumulada durante décadas. La verdadera recuperación de Venezuela no consistirá solo en levantar edificios, carreteras y hospitales, sino en reconstruir instituciones y capacidades técnicas, fortalecer la gestión del riesgo y volver a colocar la seguridad de la población en el centro del desarrollo. De lo contrario, cuando la Tierra vuelva a temblar, inevitablemente, la tragedia podría repetirse. Y entonces no podrá alegarse desconocimiento sino negligencia.
La Venezuela devastada por los terremotos ofrece también la oportunidad para preguntarnos si en nuestro país estamos realmente haciendo gestión del riesgo, o si la prioridad ha sido trasladada hacia una unidad ejecutora que construye puentes.