La soberbia política, el resentimiento y la incapacidad de convivir con las diferencias amenazan con fracturar el tejido democrático costarricense.
Costa Rica atraviesa uno de esos momentos históricos en los que la preocupación deja de ser únicamente económica o social para convertirse también en una inquietud profunda sobre la convivencia democrática. La tesis es clara: cuando la soberbia política sustituye al diálogo, cuando el resentimiento personal se transforma en proyecto político y cuando las diferencias ideológicas se convierten en trincheras, quien termina perdiendo no son los partidos, sino el país.
Existe una diferencia enorme entre discrepar y destruir, entre competir y dividir, entre proponer y convertir al adversario en enemigo. En los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente observar cómo algunos liderazgos, desplazados dentro de sus propias estructuras políticas o inconformes con la pérdida de espacios de poder, deciden construir nuevas agrupaciones alimentándose del desencanto ciudadano y de la frustración social.
El problema no es la creación de nuevas opciones políticas. La democracia necesita renovación, nuevas voces y nuevas ideas. El problema aparece cuando esos proyectos nacen no desde la construcción, sino desde el resentimiento; no desde la propuesta, sino desde la confrontación permanente; no desde el deseo de servir, sino desde la necesidad de cobrar cuentas pendientes.
La estrategia suele repetirse con preocupante facilidad. Se promete un cambio absoluto, se presenta una narrativa donde todo lo anterior representa fracaso y corrupción, y se ofrece una solución simple para problemas profundamente complejos. El descontento legítimo de la ciudadanía se convierte entonces en combustible político. Pero, una vez alcanzado el poder, con demasiada frecuencia aparece una nueva lógica: quien no piensa igual deja de ser un opositor legítimo y pasa a convertirse en un obstáculo, un enemigo o incluso un supuesto adversario del país.
Ese discurso resulta particularmente peligroso porque erosiona uno de los principios fundamentales de cualquier democracia madura: gobernar para todos. Ningún gobernante recibe el mandato para administrar únicamente para quienes votaron a favor. La legitimidad democrática nace de las mayorías, sí, pero la responsabilidad democrática obliga a representar también a las minorías, a quienes discrepan, a quienes cuestionan y a quienes piensan distinto.
Cuando desde el poder se señala constantemente a sectores sociales, grupos políticos, instituciones o ciudadanos como responsables absolutos de todos los males nacionales, se construye una cultura de confrontación permanente. Y una sociedad cansada, polarizada y dividida se vuelve menos capaz de resolver sus verdaderos problemas.
Costa Rica históricamente ha encontrado fortaleza precisamente en lo contrario: en la capacidad de negociar, conversar y convivir aun en medio de profundas diferencias. Esa cultura política, imperfecta y criticable en muchos aspectos, permitió durante décadas evitar fracturas mayores y construir una institucionalidad que hoy sigue siendo referente regional.
La discrepancia nunca desaparecerá. Tampoco debería hacerlo. Una democracia saludable necesita oposición, crítica y debate constante. Lo que sí debe desaparecer es la idea equivocada de que la diferencia representa una amenaza. La convivencia democrática no se construye mediante rabietas políticas, insultos permanentes o campañas de desprestigio. Se construye mediante madurez, tolerancia y la capacidad de reconocer que nadie posee el monopolio absoluto de la verdad.
El costo de olvidar esta realidad siempre termina recayendo sobre las mismas personas. Mientras las disputas políticas consumen energías, la ciudadanía continúa enfrentando inseguridad, desempleo, desigualdad, problemas educativos y dificultades económicas. Mientras algunos convierten la política en una guerra personal, el pueblo costarricense sigue esperando soluciones reales.
El país necesita menos caudillismos y más acuerdos. Necesita menos discursos que separen y más liderazgos capaces de unir. Necesita recordar que el pluralismo no es una debilidad, sino una fortaleza democrática.
Porque, al final, existe una verdad imposible de ignorar: cuando la política convierte a costarricenses en enemigos entre sí, nadie gana. Y cuando la unión nacional se fractura, el precio siempre termina pagándolo Costa Rica.
Todavía estamos a tiempo de elegir otro camino. Uno donde pensar distinto no sea motivo de odio, donde gobernar signifique incluir y donde la política vuelva a ser un instrumento para construir país, no para dividirlo. Costa Rica no necesita más bandos enfrentados; necesita volver a reconocerse como una sola nación.