Hay frases que no pueden tomarse a la ligera, especialmente cuando provienen de quienes ocupan o han ocupado las más altas posiciones de poder en el Estado. El fin de semana, durante el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya, Guanacaste, Rodrigo Chaves preguntó a los asistentes si les daba miedo una dictadura y el cierre del Poder Judicial, en medio de la controversia por los recortes presupuestarios a ese poder de la República.
Más allá de los intentos posteriores por justificar o minimizar sus palabras, el verdadero problema es que este tipo de expresiones contribuye a normalizar ideas que, en una democracia, deberían generar alarma inmediata. Cuando un dirigente político menciona con aparente ligereza la posibilidad de una dictadura o el cierre de una institución fundamental del Estado, no estamos ante una simple ocurrencia o una frase de campaña, sino ante un mensaje que erosiona la cultura democrática que Costa Rica construyó durante décadas.
La independencia del Poder Judicial no constituye un privilegio para jueces o magistrados. Su propósito es garantizar que cualquier persona pueda acudir a los tribunales y recibir protección frente a los abusos del poder. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de investigar delitos, juzgar actos de corrupción, garantizar derechos fundamentales y procurar que nadie esté por encima de la ley. Debilitarlo, desacreditarlo o presentarlo como un enemigo político representa una amenaza directa al equilibrio institucional del país.
La preocupación aumenta porque Chaves figura en 42 causas penales que continúan bajo investigación del Ministerio Público. Debe recordarse que toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. Sin embargo, resulta legítimo que la ciudadanía observe con preocupación los constantes ataques contra las instituciones encargadas precisamente de investigar posibles irregularidades.
A esto se suma la reducción de los recursos destinados al Poder Judicial. Si bien cualquier presupuesto público puede y debe someterse a revisión, resulta preocupante que los recortes coincidan con discursos de confrontación hacia los tribunales, la Fiscalía y los órganos de investigación criminal. En un país golpeado por el narcotráfico, el crimen organizado y la creciente inseguridad, debilitar las herramientas del sistema de justicia parece una decisión difícil de justificar.
Costa Rica no necesita dirigentes que jueguen con la idea de una dictadura. Necesita líderes comprometidos con la institucionalidad, el respeto a la Constitución y la separación de poderes. La democracia no se destruye de un día para otro; suele deteriorarse poco a poco, mediante discursos que desacreditan a los jueces, cuestionan la legitimidad de los controles institucionales y presentan a quienes fiscalizan el poder como enemigos del pueblo.
El deber de toda persona demócrata, independientemente de su ideología política, consiste en rechazar cualquier insinuación que pretenda normalizar el autoritarismo. La crítica al Poder Judicial es válida; la amenaza, la intimidación o la promoción de ideas que socaven su independencia no lo son.
La historia de Costa Rica ha sido diferente a la de muchos países de la región precisamente porque hemos entendido que ninguna persona está por encima de las instituciones. Cuando un líder político comienza a perderles el respeto a esos límites, la ciudadanía tiene la obligación de recordarle que el poder es temporal, pero la democracia debe ser permanente.