Recientemente se han publicado noticias sobre los casi 2.000 costarricenses que solicitan anualmente asilo político en el extranjero. Este dato representa otro síntoma del grave deterioro que atraviesa el país. Lo sé de primera mano: he intervenido en algunos de esos casos en Estados Unidos.
Como antropóloga y demógrafa costarricense que ha trabajado durante más de 15 años en universidades estadounidenses, periódicamente me solicitan redactar informes periciales para aportar contexto a solicitudes de asilo. Hasta hace poco, todos los casos en los que participé correspondían a personas guatemaltecas. En 2025 empezaron a llegarme casos de costarricenses. Mi función se limita a esclarecer el contexto nacional en relación con las razones que sustentan las solicitudes de asilo, y lo que he encontrado resulta alarmante.
Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el asilo se otorga ante temores fundamentados de persecución y la imposibilidad de acogerse a la protección del propio país. Este segundo criterio explica el aumento drástico de las solicitudes costarricenses. Por restricciones legales, no puedo discutir los casos individuales, pero sí el contexto nacional que documento.
Uno de los casos involucró a un costarricense que temía regresar debido a abusos y amenazas recurrentes de policías corruptos. Para ese informe, documenté el contexto del narcotráfico y la violencia: las tasas de homicidio subieron de 9,9 por cada 100.000 habitantes en 2014 a 16,6 en 2024. Incorporé una encuesta del CIEP-UCR, en la que los costarricenses señalaron la inseguridad como el principal problema del país, y analicé la política Costa Rica Segura Plus 2023-2030, cuestionada por la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes debido a sus debilidades. Aunque la política describe “una pandemia de crimen sin precedente”, el Programa Estado de la Nación documentó, al mismo tiempo, recortes significativos en educación, arte y programas sociales que protegen a las personas jóvenes del reclutamiento criminal.
También abordé el debilitamiento institucional. La misma encuesta del CIEP ubicó la corrupción y la mala gestión gubernamental como el segundo y tercer problema más importante del país. El Índice de Democracia de la EIU colocó a Costa Rica en 2024 entre las dos democracias plenas de Latinoamérica, con 8,29 de 10 puntos; pero su indicador más bajo fue, precisamente, el “funcionamiento del gobierno”. Desde 2018 aumentaron los recursos de amparo contra el Ejecutivo, y Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en 2026 en el puesto 38 del Índice Mundial de Libertad de Prensa, 33 posiciones por debajo del lugar que ocupaba en 2021, el año anterior a la llegada de la administración Chaves Robles, cuando se encontraba en el quinto puesto mundial.
El último tema que abordé en mi informe fue la corrupción y la agresión policial. Los datos son escasos, pero un informe del Ministerio de Seguridad Pública encontró un aumento del 35% en las quejas contra agentes entre 2017 y 2020. De ellas, 2.306 —un 33,34%— se relacionaban con agresión, fraude, corrupción, abuso, acoso y sobornos, conductas como las que identificó el solicitante de asilo.
Estos datos alimentan un solo informe entre casi 2.000 solicitudes. En otros he aportado criterio sobre la creciente violencia doméstica y el preocupante repunte de los feminicidios, entre otros problemas. No sé si los casos en los que participé son representativos de todas las personas solicitantes ni tengo datos perfectos, porque no existen. Aun así, queda claro que los costarricenses que piden asilo no son “fantasmas estadísticos”. Son el reflejo de un Estado cada vez menos capaz de proteger a sus ciudadanos.