Costa Rica enfrenta un desafío silencioso, pero decisivo. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, interdependiente y acelerado, mientras nuestras políticas públicas continúan diseñándose, en muchos casos, con herramientas del siglo pasado.
El país discute por separado la productividad, la educación, la inteligencia artificial, el empleo juvenil, la seguridad ciudadana, el cambio climático o el desarrollo territorial. Sin embargo, estos problemas están profundamente conectados entre sí. La baja productividad limita la creación de buenos empleos; la debilidad del sistema educativo reduce la capacidad de adoptar nuevas tecnologías; las brechas territoriales alimentan la desigualdad y la exclusión. Intentar resolver cada problema de manera aislada es como tratar de reparar una telaraña arreglando un solo hilo.
El filósofo Edgar Morin nos recuerda que la realidad es un sistema complejo, donde los fenómenos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales se influyen mutuamente. En un mundo así, las respuestas fragmentadas producen resultados insuficientes y, a veces, efectos contrarios a los deseados.
La economía moderna está llegando a conclusiones similares. Ricardo Hausmann y sus colaboradores han demostrado que el desarrollo depende de la capacidad de las sociedades para acumular y combinar conocimientos y capacidades productivas cada vez más sofisticadas. Los países prosperan cuando aprenden a hacer cosas nuevas y más complejas, y cuando construyen las instituciones que hacen posible ese aprendizaje colectivo.
Por su parte, Mariana Mazzucato sostiene que el progreso no surge únicamente de las fuerzas del mercado ni de un Estado que se limite a corregir fallas. El desarrollo exige un Estado capaz de orientar esfuerzos colectivos alrededor de grandes objetivos nacionales o "misiones".
La experiencia internacional es contundente. La llegada del hombre a la Luna, la revolución digital, la transición energética o el liderazgo tecnológico de países como Irlanda, Finlandia, Singapur y Estonia no fueron el resultado de acciones aisladas. Fueron el producto de la coordinación entre gobiernos, empresas, universidades y sociedad civil alrededor de un propósito común. Todos ellos son hoy países de ingreso alto que, mediante estrategias de largo plazo y sólidas capacidades institucionales, lograron evitar la trampa del ingreso medio y transformar profundamente sus estructuras productivas.
Costa Rica necesita aprender de estas lecciones.
Durante décadas hemos aprobado planes, estrategias y políticas públicas que, en demasiadas ocasiones, han operado como compartimentos estancos: cada institución con sus propios programas, presupuestos e indicadores, y con escasa coordinación entre ellas.
La consecuencia es conocida: un crecimiento insuficiente, persistentes brechas de productividad, una desconexión entre educación y mercado laboral, desigualdades territoriales y dificultades para generar empleos de calidad.
El país necesita dar un salto hacia una nueva forma de gobernar.
Imaginemos algunas misiones nacionales para la próxima década: convertir a Costa Rica en un centro regional de inteligencia artificial y servicios intensivos en conocimiento; duplicar la productividad de las pequeñas y medianas empresas; reducir significativamente el desempleo juvenil; liderar la transición hacia una economía verde y cerrar las brechas de desarrollo entre la Gran Área Metropolitana y las regiones periféricas.
Estas metas no pueden ser responsabilidad de un solo ministerio ni de una sola administración. Requieren coordinación permanente, visión de largo plazo y un nuevo modelo de gobernanza.
Para tener éxito, Costa Rica necesita al menos cinco transformaciones institucionales: fortalecer el Centro de Gobierno en la Presidencia y MIDEPLAN; desarrollar un servicio civil altamente especializado; construir mecanismos permanentes de colaboración entre Estado, empresas, universidades y sociedad civil; crear sistemas modernos de evaluación por resultados; y alcanzar acuerdos nacionales que trasciendan los ciclos electorales.
Pero la pregunta inevitable es: ¿por dónde empezar?
El primer paso es reconocer que el problema del desarrollo costarricense es, en buena medida, un problema de gobernanza. Tenemos instituciones valiosas y talento humano de primer nivel, pero carecemos de mecanismos eficaces de coordinación.
Por ello, el gobierno actual y los gobiernos por venir deberían convocar un gran acuerdo nacional para identificar tres o cuatro misiones país para los próximos diez años y crear una unidad de coordinación de alto nivel en la Presidencia de la República, con capacidad técnica y política para movilizar recursos, eliminar obstáculos y exigir resultados.
No se trata de crear más instituciones, sino de lograr que las que ya existen trabajen juntas.
Las universidades deben contribuir con conocimiento y formación de talento; el sector privado, con inversión e innovación; la sociedad civil, con participación y control ciudadano; y el Estado, con liderazgo estratégico y capacidad de ejecución.
La buena noticia es que este cambio es posible. Países que hoy son economías avanzadas y de ingreso alto, como Irlanda, Finlandia, Singapur y Estonia, demostraron que es posible transformar profundamente una nación cuando existe una visión compartida de futuro, instituciones capaces y una decidida apuesta por el conocimiento, la innovación y la coordinación.
La mala noticia es que el tiempo juega en contra. La inteligencia artificial, la transición energética, el envejecimiento poblacional y la creciente competencia internacional no esperarán a que Costa Rica resuelva sus problemas de coordinación institucional.
La pregunta, entonces, ya no es si el país necesita cambiar su forma de diseñar e implementar políticas públicas. La verdadera pregunta es quién asumirá el liderazgo para hacerlo.
¿Será el Gobierno? ¿La Asamblea Legislativa? ¿El sector empresarial? ¿La academia? ¿O la sociedad civil?
La respuesta correcta es: todos ellos.
Porque las grandes transformaciones nacionales nunca son obra de un solo actor. Son el resultado de un propósito compartido y de instituciones capaces de convertir las aspiraciones colectivas en acciones concretas.
Costa Rica tiene el talento, la estabilidad democrática y las capacidades para construir un nuevo modelo de desarrollo. Lo que aún nos falta es la decisión política de aceptar que un país del siglo XXI ya no puede gobernarse con las ideas del siglo pasado.
Y quizás el mayor riesgo no sea intentar cambiar y equivocarnos, sino seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes.
La verdadera discusión nacional ya no debería ser si necesitamos un Estado más grande o más pequeño, sino si somos capaces de construir un Estado más inteligente, más estratégico y más preparado para enfrentar la complejidad del siglo XXI. De la respuesta a esa pregunta dependerá, en buena medida, si Costa Rica logra superar la dualidad productiva y social que enfrenta, y construir una nueva etapa de prosperidad, inclusión y bienestar para las próximas generaciones.