Afirmar que el agro costarricense atraviesa una de las situaciones más difíciles de los últimos años no es una exageración; es una realidad que el país ya no puede seguir ignorando. Miles de productores enfrentan un entorno de negocios cada vez más complejo para mantener sus actividades competitivas, generar empleo, garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir a la generación de divisas mediante las exportaciones. Si Costa Rica aspira a un desarrollo económico, social y ambiental sostenible, resulta impostergable construir una política de Estado de largo plazo para el sector agroalimentario.
El papel del agro como motor de desarrollo no pasa desapercibido. El sector genera alrededor del 9% del PIB ampliado y aporta cerca de una cuarta parte del empleo en las zonas rurales. Su contribución trasciende los indicadores económicos: fortalece la seguridad alimentaria, impulsa las exportaciones, dinamiza las economías locales y constituye un pilar fundamental para la estabilidad social de las comunidades rurales. Sin embargo, la política pública dirigida al sector no refleja su verdadera importancia estratégica para el país.
Hoy el sector enfrenta una combinación de factores que amenaza seriamente su sostenibilidad y competitividad, y lo pone en números rojos. La apreciación del tipo de cambio, los elevados costos de producción, las altas tarifas eléctricas y portuarias, las dificultades logísticas, las limitaciones en infraestructura, el acceso restringido al financiamiento, las elevadas cargas sociales y el exceso de tramitología conforman un escenario que limita la capacidad de competir tanto en los mercados nacionales como internacionales.
Las consecuencias ya son evidentes. Dejamos de preguntarnos qué podría suceder para enfrentar lo que ya está ocurriendo. En los últimos seis años se han perdido al menos 63.000 empleos directos en las zonas rurales. El cierre de empresas agropecuarias y la desaceleración del crecimiento del régimen definitivo constituyen señales de alerta que deben atenderse a la mayor brevedad, antes de que el deterioro sea aún mayor.
En las zonas rurales, el agro no solo produce alimentos. También genera oportunidades, dinamiza las economías locales, protege los territorios productivos y fortalece la paz social. Cuando una finca deja de producir o una empresa agropecuaria cierra sus operaciones, no solo pierde una familia productora; también se afectan el comercio local, el transporte, los servicios y el empleo directo e indirecto que sostienen a toda una comunidad. Debilitar el agro significa debilitar el desarrollo de los territorios rurales.
Frente a esta realidad, desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria hacemos un llamado respetuoso, pero firme, tanto al Gobierno de la República como a la Asamblea Legislativa, para construir, de manera articulada entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la academia y el sector agroproductivo, una política de Estado con visión de largo plazo. Costa Rica necesita una hoja de ruta que trascienda los períodos de gobierno y brinde seguridad jurídica, estabilidad y condiciones de competitividad para quienes producen alimentos, generan empleo y contribuyen al crecimiento económico del país.
Una política de Estado para el agro implica trascender los ciclos políticos y garantizar que las decisiones estratégicas sobre competitividad, infraestructura, innovación, financiamiento, apertura comercial, adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria respondan a una visión compartida de país. El desarrollo del sector agroalimentario no puede depender de prioridades que cambian cada cuatro años; requiere continuidad, coordinación institucional y un compromiso nacional sostenido.
Sobre esa base debe construirse una agenda nacional que atienda los problemas estructurales que el sector ha venido señalando desde hace años. Entre las prioridades impostergables se encuentra la aprobación de una ley de seguros agropecuarios que permita enfrentar de mejor manera los riesgos climáticos y otros eventos que afectan la producción. Asimismo, el país requiere una legislación moderna de defensa comercial que proteja a la producción nacional frente a prácticas desleales de comercio; la agilización del registro de productos fitosanitarios; mecanismos que promuevan una mayor estabilidad cambiaria para los sectores exportadores; y acciones concretas para reducir los costos asociados a las cargas sociales, la energía, la logística y las tarifas portuarias.
También urge acelerar las inversiones en infraestructura vial y portuaria, así como en sistemas logísticos modernos que permitan reducir costos y mejorar la eficiencia de las cadenas productivas. A ello debe sumarse un acceso al crédito con condiciones acordes con la realidad del sector, mediante instrumentos financieros que promuevan la inversión, la productividad, la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías.
La seguridad alimentaria de Costa Rica no puede depender exclusivamente de las condiciones del mercado internacional. Un país que fortalece su producción nacional también fortalece su capacidad para responder ante crisis, fenómenos naturales o alteraciones en las cadenas globales de abastecimiento. La pandemia nos dejó una lección que no debemos olvidar: disponer de una producción agroalimentaria sólida constituye un componente esencial de la seguridad nacional. Costa Rica posee condiciones climáticas privilegiadas para producir durante todo el año, una reconocida vocación agroexportadora y de abastecimiento local, acceso a puertos en ambos mares y un sector agroproductivo comprometido con la sostenibilidad. Es momento de convertir esas fortalezas en una estrategia nacional de desarrollo.
Necesitamos construir una visión de largo plazo para el desarrollo agroalimentario. No se trata de otorgar privilegios ni de cerrar la economía. Se trata de garantizar condiciones de competencia justas, políticas públicas coherentes y acuerdos comerciales que reconozcan las particularidades de la producción nacional. Las y los productores costarricenses han demostrado, una y otra vez, su capacidad para innovar, adaptarse y competir. Lo que requieren es un entorno que les permita hacerlo en igualdad de condiciones frente a sus competidores internacionales.
Costa Rica está a tiempo de tomar decisiones que fortalezcan uno de los sectores más importantes para la economía y el desarrollo social. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino cuánto más estamos dispuestos a esperar antes de hacerlo.