Costa Rica atraviesa uno de esos momentos en los que la política parece haber sustituido la solución de los problemas por la administración permanente del conflicto. En los últimos meses, cada semana ha traído una nueva controversia, una nueva confrontación o una nueva propuesta diseñada para dominar la conversación pública. Mientras tanto, los desafíos que realmente condicionan la vida de los costarricenses siguen esperando respuestas.
Ese clima se hizo especialmente visible en el debate sobre el endurecimiento de la política criminal, incluidas iniciativas como llevar estudiantes a conocer una cárcel de máxima seguridad. Para unos, se trata de un mensaje claro de autoridad frente al crimen organizado; para otros, de una medida más simbólica que efectiva, incapaz de atacar las raíces del problema.
Más allá de quién tenga razón en ese debate, conviene formular una pregunta mucho más incómoda: ¿estamos construyendo un Estado más fuerte o simplemente una narrativa más fuerte?
La inseguridad no nació ayer. El narcotráfico no apareció con un cambio de gobierno ni desaparecerá con un discurso más severo. Durante años, el país descuidó comunidades enteras, debilitó la educación pública, permitió el crecimiento de economías ilegales y no logró modernizar muchas instituciones. Pretender resolver un problema estructural únicamente mediante demostraciones de fuerza puede producir titulares, pero difícilmente solucionará las causas profundas.
Lo mismo ocurre con otros sectores fundamentales. Mientras la agenda política se concentra en la confrontación diaria, continúan apareciendo señales preocupantes sobre el rezago educativo, con programas de estudio que requieren actualización después de muchos años. La educación nunca genera el mismo impacto mediático que la seguridad, pero probablemente determinará mucho más el futuro del país.
Costa Rica siempre fue admirada porque entendió algo que muchos países olvidaron: la verdadera seguridad comienza mucho antes de que intervenga la policía. Comienza cuando un niño recibe educación de calidad, cuando una familia encuentra oportunidades de empleo digno y cuando las instituciones funcionan con eficiencia y credibilidad.
Hoy pareciera que caminamos hacia una política donde todo debe resolverse mediante gestos espectaculares. Cada anuncio pretende convertirse en tendencia, cada conferencia de prensa busca dominar el ciclo informativo y cada diferencia institucional termina presentada como una batalla definitiva entre el bien y el mal.
Ese ambiente puede resultar rentable políticamente, pero desgasta profundamente a una democracia.
Las democracias sólidas no se construyen sobre enemigos permanentes. Se construyen sobre instituciones capaces de dialogar, corregirse y controlarse mutuamente. La independencia de poderes, el respeto por las reglas y la existencia de contrapesos no son obstáculos para gobernar; son precisamente las garantías que impiden que cualquier gobierno, sin importar su color político, concentre demasiado poder. Ese debate continúa ocupando un lugar central en la vida nacional.
El ciudadano común observa esta realidad con sentimientos encontrados. Por un lado, exige acciones contundentes contra la delincuencia, porque nadie puede negar que la criminalidad afecta la calidad de vida. Por otro lado, también espera soluciones para el costo de la vida, la salud, la educación, el empleo y la infraestructura. Ninguno de esos problemas desaparece porque otro ocupe los titulares.
Gobernar exige priorizar. Significa decidir dónde invertir recursos limitados y asumir costos políticos. Sin embargo, también implica reconocer que las soluciones fáciles rara vez existen. Cuando un país enfrenta problemas complejos, necesita políticas públicas complejas, sostenidas durante años y evaluadas con evidencia, no únicamente con aplausos o encuestas de popularidad.
Costa Rica conserva enormes fortalezas. Sigue contando con una institucionalidad que muchos países de la región envidian, una población educada, estabilidad macroeconómica y una tradición democrática que ha resistido numerosas crisis. Precisamente por eso sería un error desperdiciar ese capital institucional alimentando una política basada exclusivamente en la confrontación.
La ciudadanía merece algo mejor que una discusión permanente entre bandos irreconciliables. Merece un gobierno capaz de ejecutar, una oposición capaz de fiscalizar con responsabilidad y un debate público donde las ideas pesen más que los eslóganes.
El verdadero desafío nacional no consiste únicamente en construir cárceles más grandes, aprobar leyes más severas o ganar la discusión del momento. Consiste en recuperar la confianza de los costarricenses en que el Estado todavía puede resolver problemas reales.
Porque, al final del día, los ciudadanos no viven de discursos. Viven de la calidad de sus escuelas, de la seguridad de sus barrios, de la eficiencia de sus hospitales, de las oportunidades de empleo y de la certeza de que las instituciones trabajan para ellos.
Esa debería ser la prioridad nacional. Todo lo demás es ruido.