Costa Rica ha sido durante décadas uno de los principales referentes internacionales de estabilidad democrática, protección ambiental y compromiso con el derecho internacional. Los desafíos que enfrenta actualmente el aumento del crimen organizado, las presiones migratorias y los debates sobre la explotación de recursos naturales, plantean una pregunta que trasciende sus fronteras: ¿qué ocurre cuando uno de los modelos históricos del multilateralismo comienza a mostrar señales de tensión? Este artículo sostiene que responder esa interrogante resulta relevante tanto para comprender la realidad costarricense como para evaluar la capacidad preventiva del sistema multilateral contemporáneo.
Costa Rica ocupa un lugar peculiar en el imaginario internacional. El país abolió su ejército en 1948, construyó una de las democracias más estables del hemisferio y se convirtió en referencia mundial de conservación ambiental. Esa reputación convive hoy con presiones crecientes: el crimen organizado transnacional se expande, el sistema de asilo enfrenta una sobrecarga sin precedentes, y un debate legislativo sobre la reapertura de la minería metálica a cielo abierto pone en tensión décadas de liderazgo ambiental.
Esta convergencia de presiones define a Costa Rica como un caso estratégicamente excepcional para poner a prueba al Pacto de las Naciones Unidas para el Futuro, adoptado en 2024. Un país que ha adoptado sistemáticamente las normas del derecho internacional, que carece de fuerzas armadas y que ha acogido a cientos de miles de personas desplazadas constituye uno de los aliados más constantes de la arquitectura multilateral. Evaluar si esa arquitectura logra sostener a uno de sus socios más comprometidos ofrece una prueba reveladora sobre su capacidad de actuar preventivamente en cualquier otro lugar del mundo. La pregunta que dio origen a esta investigación, desarrollada junto con Roger Ruiz, parte precisamente de ahí: ¿ofrece el Pacto un marco capaz de responder a tensiones interconectadas como las de Costa Rica antes de que se conviertan en crisis?
Los foros académicos internacionales cumplen una función esencial: transforman la investigación individual en un diálogo colectivo. Presentar este estudio en la Reunión Anual 2026 del Consejo Académico sobre el Sistema de Naciones Unidas (ACUNS), celebrada en Lisboa, ante una comunidad de investigadores, diplomáticos y profesionales vinculados al sistema de Naciones Unidas provenientes de distintas regiones y disciplinas, permitió someter la tesis central del artículo a un escrutinio que enriquece cualquier análisis solitario.
Las conversaciones que siguieron a la presentación aportaron matices valiosos. Algunos colegas plantearon paralelismos con otros países de renta media que combinan fortaleza institucional formal con vulnerabilidades operativas crecientes, lo que sugiere que el patrón costarricense podría anticipar dinámicas similares en otras regiones. Otros participantes señalaron la importancia de distinguir entre el deterioro de indicadores de gobernanza y el colapso institucional propiamente dicho, una distinción que resultó central para la forma en que el artículo encuadra la experiencia costarricense: como una señal de alerta temprana que merece atención preventiva.
Ese intercambio confirma algo que trasciende el caso específico de Costa Rica: los desafíos de gobernanza, migración y seguridad ambiental se entienden con mayor profundidad cuando se abordan desde múltiples disciplinas y perspectivas nacionales a la vez. El conocimiento colectivo que se construye en espacios como ACUNS aporta a los investigadores herramientas analíticas que ninguna institución aislada podría desarrollar por sí sola.
El estudio construye un marco de cuatro dimensiones: normativa, institucional, de gobernanza y regional; para evaluar la eficacia del Pacto por el Futuro en el caso costarricense entre 2015 y 2026. Los resultados revelan un patrón consistente en cada una de esas dimensiones.
Las solicitudes de asilo en Costa Rica aumentaron de manera sostenida entre 2018 y 2025, y el país mantuvo un régimen de protección comparativamente sólido durante ese período. Al mismo tiempo, un recorte del 41 % en el presupuesto operativo del ACNUR obligó a suspender servicios de protección infantil, salud mental y apoyo educativo. Este dato ilustra una vulnerabilidad estructural que el propio artículo identifica en el diseño del Pacto: un Estado puede mantener un marco jurídico sólido en materia de asilo mientras su capacidad práctica de aplicarlo depende de una financiación externa sujeta a retiros repentinos.
Los indicadores de gobernanza democrática confirman que Costa Rica permanece entre las pocas democracias liberales plenas de América Latina, según V-Dem, la Economist Intelligence Unit y Freedom House. Ese mismo conjunto de indicadores muestra un deterioro apreciable en los subíndices de Estado de derecho y derechos fundamentales, documentado de forma independiente por el World Justice Project. La coexistencia de ambas tendencias (fortaleza institucional sostenida junto con tensión creciente) constituye precisamente la configuración que define un caso de alerta temprana.
El liderazgo ambiental costarricense enfrenta su prueba más visible en el debate legislativo sobre la reapertura de la minería metálica a cielo abierto en Crucitas, una zona donde la extracción ilegal ya se ha entrelazado con redes de crimen organizado transnacional. Y el aumento sostenido de la tasa de homicidios, junto con la reclasificación de Costa Rica de "baja" a "alta" criminalidad en el Índice Global de Crimen Organizado, confirma que las dinámicas delictivas transnacionales alcanzan cada vez más a democracias institucionalmente estables.
Para quienes diseñan política pública, estos hallazgos ofrecen una lección concreta: el apoyo multilateral resulta más eficaz cuando refuerza las instituciones nacionales existentes en lugar de crear mecanismos paralelos, y cuando llega de forma sostenida y preventiva en lugar de reactiva ante una crisis ya consolidada. Costa Rica ofrece hoy una de las pruebas más concretas y actuales de las ambiciones preventivas del Pacto por el Futuro. La forma en que la comunidad internacional responda a esta convergencia de presiones ya sea reforzando la financiación del sistema de asilo, respaldando la capacidad de aplicación de la legislación ambiental y fortaleciendo la coordinación regional, determinará en buena medida si el multilateralismo del siglo XXI logra anticiparse a las crisis institucionales, en lugar de limitarse a responder una vez que estas ya se han consolidado.
Participar en un foro académico de alcance internacional confirma, además, una convicción que de promover la seguridad ambiental, la resiliencia democrática y la cooperación multilateral. El ejercicio de defender una tesis ante especialistas de distintas tradiciones académicas y profesionales recuerda que la investigación aplicada gana solidez cuando se somete a la crítica constructiva de una comunidad amplia, un proceso que beneficia tanto a quienes investigan como a las instituciones que eventualmente utilizan esos hallazgos para diseñar políticas más informadas.