Desde finales del siglo XX y durante lo que va del XXI, distintas personas han dirigido el Ministerio de Educación Pública (MEP). Sus gestiones podrían resumirse así: en los gobiernos del PUSC, Guillermo Vargas Salazar (1998-2002), durante cuya gestión la educación inició el siglo en un contexto de estabilidad institucional; Astrid Fischel Volio (2002-2003), quien promovió la vinculación con organismos internacionales; y Manuel Antonio Bolaños Salas (2003-2006), quien enfrentó los primeros desafíos de desfinanciamiento.
Durante los gobiernos del PLN, Leonardo Garnier (2006-2014) puso énfasis, durante sus ocho años al frente del MEP, en la tecnología educativa, la inversión y la equidad, y llevó el presupuesto cerca del 8% del PIB. Los gobiernos del PAC contaron con Sonia Mora (2014-2018), quien impulsó políticas de inclusión y equidad durante la administración Solís; Edgar Mora (2018-2019), quien enfrentó la crisis del FEES y promovió la desconcentración administrativa; Guiselle Cruz (2019-2021), quien gestionó la transición a la educación remota durante la pandemia; y Steven González (2021-2022), quien culminó el ciclo de la administración Alvarado.
Durante los gobiernos del chavismo, Anna Katharina Müller (2022-2025) fue la ministra que administró el “apagón educativo”, desmanteló programas y redujo el presupuesto al 5% del PIB, con lo que incumplió el mandato constitucional del 8% y generó el mayor rezago educativo de la historia reciente del país, según el Décimo Informe Estado de la Educación 2025. José Leonardo Sánchez Hernández, quien asumió el cargo en 2025, es el actual ministro. Sánchez continuó las políticas de su predecesora y participa en la aplicación de pruebas estandarizadas internacionales, como ERCE 2025 de la Unesco.
El apagón de la planificación: cuando la ruta educativa solo existía en la cabeza de la ministra
La exministra Anna Katharina Müller asumió el cargo en 2022 con una “ruta educativa” que nunca se materializó en un documento público, un plan aprobado o una discusión con la comunidad educativa. No hubo diagnóstico compartido, metas claras ni cronograma. La política educativa quedó reducida a decisiones improvisadas, anunciadas sin sustento técnico y ejecutadas sin evaluación. El Informe Estado de la Educación 2025 señala que esta “gestión educativa errática” se suma a los rezagos estructurales y al apagón educativo como factores que profundizan la crisis. No es casualidad: la ausencia de planificación es el síntoma de un gobierno que no concibe la educación como una política de Estado, sino como un área más de disputa política.
El apagón tecnológico: el fin de la Omar Dengo y la apuesta por Open English
El desmantelamiento del convenio con la Fundación Omar Dengo representó el primer gran golpe. Durante tres décadas, esta alianza convirtió a Costa Rica en un referente en informática educativa. La ruptura unilateral, sin evaluación ni gradualidad, afectó a más de 740.000 estudiantes. En su lugar, el Gobierno optó por la plataforma Open English, una solución privada y costosa que no puede equipararse con la trayectoria de un programa público exitoso. La decisión no se basó en evidencia, sino en una lógica de mercado: privilegiar lo privado sobre lo público y lo extranjero sobre lo nacional. El Gobierno no fortaleció al INA ni invirtió en el MEP. Optó por un modelo que convierte la educación bilingüe en un negocio.
El apagón corporal: la eliminación de la afectividad y la sexualidad
El segundo desmantelamiento ocurrió en el ámbito curricular. Las autoridades eliminaron los programas de afectividad y sexualidad, construidos con base en evidencia científica y un enfoque de derechos. En su lugar, instauraron charlas de moralidad, algunas a cargo del actual diputado Robert Junior Barrantes Camacho. La comunidad educativa advirtió que esta decisión ignora décadas de avances en la prevención del embarazo adolescente y la violencia de género. No hubo consulta a personas expertas, evaluación de impacto ni justificación técnica. Fue una decisión política, basada en convicciones religiosas, que vulnera el derecho de niños y adolescentes a recibir una educación integral y científica.
El apagón crítico: las visitas a cárceles como “educación”
El cinismo alcanza su punto más alto con las visitas planificadas de jóvenes de zonas vulnerables a las cárceles para observar a personas privadas de libertad con uniformes naranjas. El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica calificaron esta medida como contraproducente y dañina para la salud mental. La ministra impulsa esta propuesta por orden de la Presidencia. La institución educativa se convierte así en instrumento de una pedagogía del miedo, sin sustento técnico ni ético. No existe evidencia de que estas visitas disuadan a los adolescentes; al contrario, las personas expertas advierten que pueden normalizar la violencia y estigmatizar a las poblaciones más vulnerables.
El apagón organizativo: el dedazo en la administración educativa
El desorden se extiende a la estructura administrativa del MEP con el intento de elegir a dedo a los directores regionales. Esto quiebra la carrera administrativa, politiza la gestión educativa y vulnera la autonomía técnica de las direcciones. La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que los cargos de directores regionales de Educación del MEP no pueden ser puestos de libre nombramiento o de confianza. El Gobierno intentó imponer un “apagón organizativo” que dejaba a las regiones educativas sin una conducción estable y sometidas a la discrecionalidad del poder central. No es una medida de eficiencia; es un mecanismo de control político que debilita la capacidad técnica del Ministerio.
El apagón financiero: el presupuesto que se hunde
Los “apagones” no son accidentales. La Defensoría de los Habitantes volvió a advertir sobre el riesgo que la reducción del financiamiento representa para la sostenibilidad del sistema educativo. El gasto público en educación disminuyó del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, con lo que incumplió el mandato constitucional del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política. El sistema educativo costarricense enfrenta hoy un escenario crítico: 872 órdenes sanitarias, apenas 13 menos que las 885 del año anterior, evidencian el deterioro estructural.
Una velita: la educación residual como política de Estado
La educación costarricense atraviesa hoy esa enfermedad: sus “apagones” no son fallas técnicas, sino síntomas de una política que renunció a la soberanía pedagógica y desmantela lo público en nombre de ocurrencias improvisadas.
Esta administración convirtió la educación en una política residual: aquello que no logra privatizar, lo abandona. No hay plan, inversión ni respeto por el conocimiento técnico. Hay, en cambio, ocurrencias que profundizan la desigualdad y condenan a la niñez a un futuro incierto. El chavismo encontró en la educación su laboratorio más visible. La pregunta es si la sociedad costarricense permitirá que este experimento continúe. Porque lo que no se nombra se normaliza. Y lo que se normaliza se acepta.