La Cámara advirtió que las modificaciones hechas al texto "trasladan a las plataformas restricciones propias del modelo tradicional, en lugar de impulsar la modernización del sector".
La Cámara de Comercio de Costa Rica manifestó su preocupación por el avance del proyecto que regula las plataformas digitales de movilidad (tipo Uber) y advirtió que las más recientes mociones incorporadas “incluyen disposiciones que, lejos de promover una competencia equilibrada, trasladarían mayores costos a los consumidores, afectarían a miles de personas que generan ingresos mediante plataformas y limitarían las opciones de movilidad de la población”, por lo que pidió a la Asamblea Legislativa pausar el trámite del proyecto.
El ente gremial señaló que el proyecto pretendía establecer reglas claras para la convivencia entre los taxis tradicionales y las plataformas digitales, pero "las modificaciones introducidas durante su trámite legislativo se alejan de ese propósito y trasladan a las plataformas restricciones propias del modelo tradicional, en lugar de impulsar la modernización del sector".
El proyecto, que se tramita bajo el expediente 23.736, se encuentra conociendo las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento del Congreso, presentadas en el segundo y último día habilitado para ello en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se aprobó un texto sustitutivo y todavía tiene 99 mociones pendientes.
El ente gremial señaló que, de aprobarse el proyecto en su redacción actual, millones de costarricenses enfrentarían un incremento dramático en el costo de la movilidad y tendrían menos opciones para trasladarse, y advirtió:
El impacto recaería especialmente sobre mujeres, padres y madres de familia, estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajadores en horarios nocturnos, turistas y pequeñas y medianas empresas que dependen diariamente de estas plataformas para movilizar personas, bienes y servicios”.
La Cámara destacó que, entre las disposiciones que más le preocupan figura la fijación de una rentabilidad mínima por kilómetro, que en la práctica introduce un mecanismo de control de precios que se traduciría en tarifas más altas para los usuarios, lo que a su criterio reduciría la competencia y afectaría a las personas consumidoras.
Adicionalmente, manifestaron su preocupación por la prohibición para que las plataformas operen en zonas de alta demanda, como aeropuertos, puertos y terminales, lo cual consideran restringiría la libertad de comercio, la libre elección de los consumidores y la competencia en puntos estratégicos para nacionales y turistas.
El ente gremial reconoció que el sector de taxistas enfrenta importantes desafíos y considera que requiere una modernización integral que fortalezca su competitividad, sin embargo, consideró que "esa transformación no debe construirse imponiendo nuevas restricciones al modelo que hoy ofrece mayores alternativas a los consumidores".
El presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Arturo Rosabal Arce, explicó:
La discusión no debe centrarse en igualar las condiciones haciendo más rígido el modelo que funciona, sino en eliminar las barreras que durante años han limitado la competitividad del servicio tradicional. Costa Rica necesita una regulación moderna que fomente la innovación, fortalezca la libre competencia y garantice reglas claras para todos los actores, siempre poniendo en el centro a las personas consumidoras".
La Cámara recordó que cerca de 40.000 personas en el país obtienen ingresos mediante la economía de plataformas, mientras que aproximadamente dos millones de usuarios utilizan estos servicios en el país, y añadió:
El impacto de esta legislación trasciende a las plataformas digitales. Sus efectos alcanzarían a miles de hogares que dependen de estos ingresos, afectarían la operación cotidiana de numerosas pequeñas y medianas empresas y limitarían las opciones de movilidad de millones de consumidores, quienes terminarían enfrentando mayores costos, menos alternativas de transporte y una reducción en su libertad de elección".
El expediente 23.736 está agendado para continuar su trámite de mociones en la próxima sesión de la Comisión de Gobierno y Administración el martes 14 de junio.