El ejercicio analizó un modelo aplicado por la empresa Nicoverde y Coopepiña que reduce el uso de plaguicidas químicos.
Un modelo de producción que incorpora bioinsumos y reduce el uso de plaguicidas químicos podría evitar 41.945 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) al año si se aplicara en la mitad del área dedicada al cultivo de piña en Costa Rica, según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El cálculo plantea un escenario hipotético en el que estas prácticas se extenderían a 32.835 hectáreas, equivalentes al 50% de las 65.670 hectáreas tomadas como referencia por el documento. La estimación considera únicamente la reducción en el uso de insecticidas y fungicidas, por lo que no representa un análisis completo de la huella de carbono de la producción piñera.
El informe, titulado Estudios de caso de adopción y producción de bioinsumos en América Latina: un análisis de costos-beneficios, estudió experiencias agrícolas de varios países para identificar las condiciones bajo las cuales resulta conveniente adoptar bioinsumos, producirlos en las fincas o invertir en biofábricas.
El documento desarrolló análisis económicos y financieros para seis casos de América Latina e incluyó una experiencia adicional de Costa Rica relacionada con la reducción de residuos de plaguicidas en la piña y el acceso a mercados de exportación.
El caso costarricense se concentró en plantaciones de San Carlos y en un modelo difundido por la empresa Nicoverde junto con Coopepiña, integrada principalmente por productores con fincas menores de 10 hectáreas.
Menos químicos mediante un proceso gradual
El modelo analizado sustituye parte de los plaguicidas convencionales por productos químicos considerados de menor impacto y por cuatro bioplaguicidas elaborados a partir de microorganismos. También incorpora una mayor cantidad de bioestimulantes y prácticas como labranza cero, aplicación de materia orgánica, barreras vivas y conservación de parches de bosque.
El sistema convencional utilizado para la comparación contempla 14 fertilizantes, dos bioestimulantes, seis herbicidas, seis fungicidas y seis insecticidas. El modelo alternativo utiliza 15 fertilizantes, cinco bioestimulantes, cinco herbicidas, tres fungicidas, cinco insecticidas de menor impacto y cuatro bioplaguicidas. Los autores construyeron ambos escenarios con datos aportados por Nicoverde.
El informe señala que la transición puede tardar entre seis y ocho años, debido al tiempo necesario para consolidar comunidades de microorganismos beneficiosos, recuperar las propiedades físicas y químicas del suelo y recomponer su diversidad biológica.
De acuerdo con lo reportado por Nicoverde y personas asociadas a Coopepiña, el modelo podría reducir entre un 50% y un 60% la carga química bajo condiciones normales, sin brotes extraordinarios de plagas ni condiciones climáticas adversas.
Las mismas fuentes informaron que el sistema mantiene rendimientos similares a los del cultivo convencional: alrededor de 85 toneladas por hectárea en la primera cosecha y entre 65 y 70 toneladas en la segunda. También reportaron proporciones semejantes de fruta apta para exportación.
Costos totales aumentan, pero baja el gasto en control de plagas
La estimación elaborada para el informe calculó que el costo total de los insumos aumenta un 2,5% al adoptar el modelo con bioinsumos. El monto pasa de $6.749 por hectárea en el sistema convencional a $6.914 en el modelo alternativo.
Sin embargo, el ejercicio estimó una reducción del 36,6% en los gastos destinados específicamente al control de plagas. Los costos de insecticidas, fungicidas, herbicidas y bioplaguicidas suman $1.101 por hectárea en el modelo con bioinsumos, frente a $1.736 en el convencional.
Nicoverde informó que dedica entre $80.000 y $100.000 al año a sostener un portafolio de 13 certificaciones, además de inversiones en personal, capacitación y cumplimiento de requisitos.
El informe explica que los bioinsumos pueden contribuir a sustituir parcial o totalmente determinados plaguicidas y reducir los residuos presentes en la fruta. Esto disminuiría el riesgo de que los cargamentos superen los límites permitidos y enfrenten rechazos, multas, destrucción del producto o su traslado a destinos menos exigentes.
El documento también señala que la implementación del modelo permitió sustituir por completo algunos fungicidas, como carbendazim y mancozeb, y el insecticida clorpirifós etil.
Una proyección con limitaciones
El informe valoró las 41.945 toneladas de CO₂e potencialmente evitadas en $2,1 millones anuales, tomando como referencia un precio de $50 por tonelada. Esa suma representa una valoración teórica del beneficio social y no un ingreso que recibirían los productores, las empresas o el Estado, aclara el documento.
Los autores aclararon que el caso costarricense se construyó mediante revisión de literatura secundaria y consultas con personal técnico de Nicoverde y Coopepiña. Además, indicaron que la falta de evidencia sólida impidió realizar un análisis de costos y beneficios con el mismo rigor aplicado a las demás soluciones comerciales incluidas en el documento.