El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, hizo una pregunta que suena convincente en cámara: “dígame una cosa: ¿usted tomaría más whisky si baja el precio del whisky? Yo no”. Bonita frase de sobremesa. El problema es que esa misma pregunta ya se hizo, con datos reales, en varios países y la respuesta de estos fue “sí”.
El plan de Hacienda es bajar el Impuesto Selectivo de Consumo al licor y al cigarrillo para quitarle el negocio al contrabando, que según Chaves representa entre 40% y 50% del whisky, ron y vino que se toma en el país, y cerca de la mitad de los cigarrillos. Ya se presentaron los primeros proyectos de ley en el Congreso. La lógica es; si el contrabando es más barato que el producto legal, bájele el precio al legal y el contrabandista se queda sin clientes. Suena a sentido común. En Un Mundo Feliz, Aldous Huxley también hacía sonar a sentido común el reparto gratuito de soma: una droga barata y disponible que mantenía a la población tranquila y funcional, sin necesidad de prohibir nada. El mecanismo es el mismo; es decir, cuando el vicio cuesta menos, la sociedad lo consume más, sin importar lo que diga la intuición.
También sonaba razonable bajar dichos impuestos en Canadá, Dinamarca, Finlandia y Suiza. Y en los cuatro casos, cuando bajaron el impuesto, subió algo que nadie puso en el comunicado de prensa: la enfermedad.
Empecemos por el ejemplo que Costa Rica quiere copiar casi al pie de la letra: Canadá, 1994. El contrabando de cigarrillos, alimentado por reservas indígenas fronterizas con Estados Unidos, había capturado el 31% del mercado. El gobierno federal recortó el impuesto a la mitad y varias provincias hicieron lo mismo, bajando el precio del cartón hasta en un 50%. ¿Funcionó contra el contrabando? Sí, las incautaciones de tabaco ilegal cayeron 93,6% en seis años. Pero un estudio con más de 11.000 personas encontró que en las provincias donde bajó el impuesto, la proporción de fumadores terminó siendo hasta 3,4 puntos porcentuales mayor que en las que no lo bajaron, con más gente empezando a fumar y menos gente dejando el cigarro. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, entre más bajaba el precio, más alto era el inicio del hábito. Canadá ganó la guerra contra el contrabando y perdió terreno contra el cáncer de pulmón.
Para 2002 el gobierno ya había subido de nuevo los impuestos, arrepentido. El resultado en salud fue casi un espejo del recorte, pero al revés: el consumo juvenil volvió a caer y regresó a los niveles previos a 1990. El problema es que también volvió el contrabando: en apenas cuatro años, las incautaciones de tabaco ilegal de la Policía Montada fueron más altas que nunca. Los propios reguladores canadienses sacaron una lección incómoda de todo el ciclo: no era subir o bajar el impuesto lo que definía el resultado, sino la velocidad del cambio; los saltos bruscos son los que empujan al consumidor hacia el mercado negro, mientras que ajustes graduales y predecibles generan menos fricción.
Con el alcohol, la película se repite con distintos actores. Dinamarca bajó el impuesto a los licores un 45% en 2003 para competirle al contrabando alemán. El consumo total, según cómo se midiera, se mantuvo estable o incluso subió hasta 11%. Lo que sí subió sin ambigüedad fue un dato que debería quitarle el sueño a cualquier ministro: las hospitalizaciones por intoxicación etílica aguda en menores de 15 años aumentaron 26%. Finlandia hizo lo mismo en 2004 y llegó a su consumo histórico más alto en 2007; las muertes por enfermedad hepática subieron 30% entre 2003 y 2004, y otro 20% en 2005. Suiza bajó impuestos a los licores importados en 1999 y el consumo subió en casi todos los grupos, con un aumento marcado entre los jóvenes. En estos países, con el tiempo, los gobiernos terminaron subiendo otra vez los impuestos al ver la factura de salud.
Nadie decidió una mañana enfermar a la población; solo bajaron el precio del vicio, lo dejaron disponible, y la gente hizo exactamente lo que hace la gente cuando algo dañino es barato: consumirlo más. Es la misma escena de Idiocracy, donde el agua fue reemplazada por una bebida azucarada hasta que tomar agua se volvió lo raro; nadie prohibió el agua, solo hicieron más barato y más normal lo otro.
Es decir, el contrabando a veces baja, pero el hígado y los pulmones de la población pagan la cuenta. Y como en Costa Rica el sistema de salud es público y solidario, esa cuenta no la paga el bebedor ocasional; la paga la CCSS, por ende, todos.