El pasado 19 de junio la prensa informó sobre otro hecho que refleja la descomunal incompetencia e irresponsabilidad del chavismo en el manejo de los temas relacionados con la hacienda pública. La publicación señala: Atrasadas las plataformas para optimizar trámites aduaneros y pagos de planilla. Crédito para Hacienda Digital cumple 6 años con solo el 20% de ejecución.
Recordando las declaraciones del expresidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda Nogui Acosta según la narrativa oficial, la costarricense se había convertido en una “economía jaguar”, término con que deriva de Los Tigres Asíaticos, que denominaba a algunas economías asiáticas por su rápido crecimiento y fortaleza.
Ese fue, por meses, uno de los argumentos divulgados por el aparato de propaganda oficial que pretendía divulgar el supuesto éxito en el manejo económico y fiscal de las finanzas públicas. La difusión de esta información fue respaldada mediante la manipulación de información económica, la repetición de mentiras y medias verdades y la reiteración en redes sociales, parte de troles y pseudo comunicadores pagados mediante la compra de pauta. Fue también un instrumento para manipular el voto de muchos ilusos en las pasadas elecciones de febrero de 2026.
Desde hace meses, sin embargo, y a partir del análisis responsable de indicadores económicos oficiales, muchos hemos venido alertando sobre los problemas fiscales que enfrentará la hacienda pública, resultado de la incompetencia de quienes la han administrado.
Tal como lo he dicho reiteradamente, en economía como en otros campos, las mentiras no se sostienen en el tiempo.
La realidad económica es concluyente
Para el primer trimestre del presente año el Ministerio de Hacienda informó sobre la caída de un 4.4% en los ingresos fiscales, lo que significaba una disminución neta acumulada de ₡70.855 millones, en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta, que es una realidad contundente, se presenta cuando en publicaciones recientes, los medios de nos informan que el crédito aprobado para diseñar e implementar el programa “Hacienda Digital”, que suponía lograr mayor eficiencia en el manejo de los asuntos fiscales, cumple 6 años de estar empantanado y sólo ha sido ejecutado en un 20%.
Este plan, impulsado por Rodrigo Chaves cuando se desempeñó como ministro de Hacienda, proyectaba ejecutarse mediante un préstamo de $126 millones. Desde 2022, período en que Chaves y Nogui Acosta se desempeñaron como jerarcas de esa cartera de hacienda y el primero ocupó la presidencia de la República, el gobierno renunció a $30 millones de la operación crediticia, sin haber logrado un avance significativo en la aplicación del proyecto. Seguidamente, solicitó una prórroga de 15 meses para ejecutar el resto de los fondos. La advertencia del Banco Mundial se hizo realidad, pues en su momento esa institución consideró que el proyecto tenía un “alto riesgo” técnico y el país tenía poca capacidad para ejecutarlo.
El problema no es menor, porque al comparar la relación de los ingresos con el producto interno bruto (PIB), las cifras fiscales muestran que los ingresos pasaron de representar un 3,9% del PIB en 2025 a un 3,7% en 2026, lo que representó una disminución de 0,2 puntos porcentuales.
Esta relación tiene un impacto directo con la relación de la deuda con el PIB, con la aplicación de la Regla Fiscal y con los programas de financiamiento, inversión social e infraestructura a cargo del Estado.
Pero, por otra parte, mientras era evidente el desinterés y la irresponsabilidad de los jerarcas por afinar los instrumentos para incrementar los ingresos del fisco, ni a Chaves, ni a Nogui Acosta les tembló la mano para ejecutar un recorte en el presupuesto del año 2026 por ₡23.287 millones. Este recorte presupuestario afectó negativamente los recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), amenazando los subsidios y las pensiones de más de 49 mil personas.
Detrás de los recortes presupuestarios ejecutados se esconden duras realidades de muchos costarricenses:
- 37.706 hogares perderán el respaldo de programas sociales en alimentación, vivienda, salud, educación y empleo.
- 11.300 personas no podrán ingresar al Régimen No Contributivo, ante la ejecución del recorte de ₡5.000 millones, lo que significa no obtener una pensión estatal, que en muchos casos representa la única fuente de ingresos y,
- Miles de adultos mayores en pobreza extrema enfrentarán el riesgo de no recibir aguinaldo u otras auxilios estatales.
A estos recortes debemos sumar la negativa del Poder Ejecutivo de girar ₡8.600 millones asignados al Poder Judicial y el OIJ para el año de 2026, destinados a luchar contra la delincuencia internacional mediante la creación de plazas, lo que aumenta las sospechas sobre los intereses que prevalecen en la manipulación de las finanzas públicas.
El último informe del Fondo Monetario Internacional presentado hace unos días, termina de desnudar las mentiras, la irresponsabilidad y la impericia de Chaves y Acosta en el manejo de las finanzas públicas. Por una parte, expresa claramente la preocupación por los reclamos financieros acumulados del Gobierno Central con la Caja Costarricense de Seguro Social, que se estima representan aproximadamente un 8,5% del PIB y el riesgo que enfrenta al agotamiento de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que podrían agotarse en la próxima década, torpedeando el esquema de solidaridad social que ha caracterizado Y diferenciado al Estado Costarricense. Esta situación se ha agravado ante la negativa de Chaves y Acosta de cumplir con los compromisos con la Caja, posición que respalda la ahora presidenta Laura Fernández.
Por otra parte, señala el informe los profundos problemas fiscales, ante la disminución de los ingresos tributarios, particularmente por la erosión continua en la base de recaudación y por las exenciones fiscales que se han impulsado a largo de estas y otras administraciones. La recomendación del FMI concretamente sugiere eliminar exenciones fiscales gravando la canasta básica con la tasa estándar del 13% y suprimir los beneficios del IVA en tiquetes de avión, equipos médicos y alquiler de vehículos.
Por mera casualidad, las plataformas para optimizar trámites aduaneros y el pago de planillas son las más rezagadas, y hacen evidente una enorme brecha entre el discurso de la lucha contra la evasión y la elusión, y las acciones reales, efectivas y contundentes destinadas a evitar esas prácticas y delitos, mediante la identificación de grupos económicos, con capacidad de influir en tomadores de decisiones, para evitar ser fiscalizados.
Para terminar de poner la cereza sobre el pastel, ayer 24 de junio el ministro de Hacienda anuncia un recorte adicional del 5% al presupuesto de algunas instituciones para este 2026. Este recorte representa para el Poder Judicial una disminución de ₡27 mil millones, en momentos en que la delincuencia internacional es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad; un ajuste cercano a los ₡311 millones para la Defensoría de los Habitantes y otro de aproximadamente ₡1.000 millones para la Contraloría General de la República.
Para muchos, la aplicación de este recorte, más que un esfuerzo por sanear las finanzas públicas constituye una vendetta política contra las instituciones que han frenado las ocurrencias y de manera muy sospechosa, contra los responsables directos de la lucha contra la delincuencia nacional e internacional.
Parafraseando a Bukele, Rodrigo Chaves ha afirmado que el dinero alcanza, cuando no se lo roban.
A pesar de los recortes y ajustes presupuestarios, la ausencia de inversión en infraestructura y en obras sociales, en los gobiernos del chavismo, el dinero no ha alcanzado.
Cabe preguntarle a Rodrigo Chaves y a Nogui Acosta:
Y entonces, ¿dónde está el dinero?