En Costa Rica, una de las imágenes más cotidianas se ha convertido también en una de las más ignoradas: personas durmiendo en aceras, cubiertas con cartones o bolsas plásticas, sobreviviendo a la intemperie y al olvido. No es una postal aislada ni una excepción incómoda; es el reflejo de una crisis estructural que ha crecido aceleradamente ante la mirada pasiva del Estado y de la sociedad.
Los datos son contundentes. En apenas una década (de 2015 a 2025), la cantidad de personas en condición de calle pasó de 1.825 a 7.133. Este incremento cercano al 291% no solo evidencia un problema en expansión, sino también el fracaso acumulado de las políticas públicas existentes. Más grave aún: detrás de estas cifras hay historias humanas marcadas por la ruptura, la exclusión y la ausencia de redes de apoyo.
El problema no es únicamente social. Es también sanitario, económico, ambiental y de seguridad. Son miles de personas enfrentando enfermedades no tratadas, adicciones sin abordaje y trastornos mentales nunca diagnosticados. Mientras tanto, las municipalidades, como la de San José, destinan miles de millones de colones al año para atender consecuencias —limpieza, reparaciones, contención— en lugar de invertir en soluciones sostenibles que prevengan el problema y se reduzca la población en situación de calle.
Sin embargo, lo más inquietante no es solo la magnitud del fenómeno, sino la normalización del sufrimiento ajeno. Hemos aprendido a esquivar miradas, a cambiar de acera, a seguir de largo. Esa indiferencia colectiva es, en sí misma, una forma de violencia. Porque invisibilizar a una persona en condición de calle es negarle algo más que asistencia: es negarle su dignidad.
En este contexto, estamos trabajando una propuesta de ley que articule instituciones, brinde seguridad jurídica, establezca responsabilidades claras y garantice el financiamiento para la sostenibilidad de los proyectos, lo cual resulta no solo necesario, sino urgente.
Durante años, la atención a esta población ha recaído principalmente en organizaciones sociales y religiosas que, con recursos limitados, han sostenido una labor que debería ser prioridad del Estado. Esta realidad revela una paradoja: mientras el problema crece, la respuesta institucional se diluye.
No obstante, legislar no será suficiente si no se acompaña de un cambio cultural. La política pública debe ir de la mano con la empatía ciudadana. Reconocer que cada persona en situación de calle tiene un nombre, una historia y un punto de quiebre, implica asumir responsabilidad colectiva. No se trata únicamente de rescatar a quienes ya están en la calle, sino de evitar que más personas lleguen allí.
Costa Rica ha construido una identidad basada en derechos, salud y educación. Pero esa narrativa pierde legitimidad cuando miles de ciudadanos quedan excluidos de lo más básico: un techo, atención médica, y la posibilidad de reconstruir su vida.
Ignorar esta realidad ya no es una opción. La calle no puede seguir siendo el destino final de las personas a las que el sistema les ha fallado. Atender esta crisis no solo es una obligación moral, sino una prueba decisiva de coherencia como sociedad.