El plenario de la Asamblea Legislativa acordó este lunes un nuevo texto al proyecto de ley que pretende dotar a Japdeva de un instrumento legal que le permita desarrollar proyectos como la Marina y Terminal de Cruceros de la provincia de Limón, luego que la Contraloría General de la República realizara observaciones al texto previamente acogido por los diputados.
La moción de fondo aprobada actualiza el expediente 24.259, una reforma a la Ley Orgánica de Japdeva que pretende habilitar a la institución para suscribir alianzas estratégicas y otras formas de asociación empresarial con entes o empresas dedicadas a inversión de capital, infraestructura, actividades comerciales, investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios vinculados con sus competencias.
Tras acoger el nuevo texto, el Congreso suspendió el conocimiento del proyecto para proceder con la publicación de la versión actualizada en La Gaceta y con las consultas obligatorias correspondientes, por lo que la iniciativa todavía deberá superar nuevas etapas antes de una eventual votación en primer debate.
La nueva redacción mantiene la posibilidad de que Japdeva suscriba alianzas estratégicas, pero añade condiciones para que esas iniciativas acrediten, mediante estudios técnicos y de factibilidad, beneficios económicos, financieros y sociales reales para la provincia de Limón. El texto también precisa que los términos y condiciones generales de esas alianzas deberán definirse mediante el reglamento de la ley.
El proyecto permite que las alianzas involucren el uso de bienes inmuebles propiedad o bajo administración de las partes y el desarrollo de infraestructura necesaria para cumplir los objetivos acordados, pero excluye expresamente el patrimonio natural del Estado. Además, dispone que las instalaciones construidas en los muelles de Japdeva no podrán salir del dominio público ni ser enajenadas, arrendadas o gravadas, directa ni indirectamente.
La versión acordada por las fracciones mantiene que las alianzas estratégicas de Japdeva quedarían exceptuadas de los procedimientos ordinarios de contratación pública, según el inciso h) del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública. Sin embargo, agrega que esas alianzas deberán sujetarse a los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de la Hacienda Pública.
El nuevo texto también establece que las alianzas quedarán sujetas a la fiscalización posterior de la Contraloría General de la República y que los contratos respectivos requerirán refrendo contralor en los casos y condiciones previstas por la normativa del órgano fiscalizador.
La redacción incorpora, además, una regulación mínima para la selección de los aliados estratégicos. El reglamento deberá incluir procedimientos que consideren el análisis de riesgos y ventajas de cada alianza, la administración de esos riesgos, la experiencia técnica y capacidad financiera del aliado, los mecanismos de fiscalización por parte de Japdeva, los mecanismos de resolución de conflictos durante la ejecución y la obligación de que los aliados no estén cubiertos por el régimen de prohibiciones de la Ley General de Contratación Pública.
Cada alianza estratégica deberá recibir autorización y aprobación final del Consejo de Administración de Japdeva. El plazo máximo de esos acuerdos será de hasta 50 años, pero la duración deberá justificarse en cada caso mediante estudios técnicos y económicos, según la magnitud de la obra y su modelo financiero.
Uno de los cambios centrales del nuevo texto aparece en el artículo 2, que adiciona un inciso al artículo 6 de la Ley Orgánica de Japdeva para permitirle a la institución otorgar concesiones para el desarrollo de marinas en bienes bajo su administración, de conformidad con esa ley y con la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, en lo que resulte aplicable.
Esa competencia operaría en el marco de contratos de alianzas estratégicas o de asociación público-privada, siempre que los bienes no resulten necesarios para el cumplimiento de los fines legales de Japdeva. El aliado estratégico también deberá contar con la viabilidad técnica favorable de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat).
El transitorio único ordena al Poder Ejecutivo emitir el reglamento de la ley, con consulta pública, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su entrada en vigencia.
Durante la discusión de la moción, el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, afirmó que las jefaturas alcanzaron un texto que mejora la redacción del proyecto y busca darle viabilidad a obras de infraestructura como la Marina de Limón y la Terminal de Cruceros.
Villalta explicó que el texto aclara que las alianzas estratégicas deberán regularse en el reglamento de la ley y no en un reglamento dictado únicamente por Japdeva. También destacó que la redacción mantiene la fiscalización de la Contraloría y resguarda el patrimonio natural del Estado.
“Los cambios precisan mejor cómo se darían esas alianzas estratégicas. Se aclara y se precisa que es en el reglamento de esta ley, no un reglamento dictado por Japdeva, sino en el reglamento de esta ley que se regularán esas alianzas estratégicas”, dijo Villalta.
El jefe oficialista Nogui Acosta Jaén sostuvo que el acuerdo recoge preocupaciones de las distintas bancadas y privilegia el desarrollo de Limón. Según el legislador, el texto aclara quién otorgará la concesión, define la capacidad de Japdeva para desarrollar la marina mediante alianzas estratégicas o público-privadas y salvaguarda el patrimonio natural del Estado.
“Estamos conscientes de que este es un paso en la dirección correcta y por eso celebramos que hoy podamos tener un acuerdo que nos permita avanzar”, afirmó Acosta.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez Bogantes, dijo que la iniciativa representa “una muy buena noticia” para Limón, pero subrayó que las obras deben avanzar dentro de un marco de transparencia. Ramírez también señaló que la provincia requiere otras inversiones complementarias, como un aeropuerto internacional y la finalización de las obras de ampliación de la ruta 32.
“Muy bien marina, muy bien terminal de cruceros, pero hace falta un aeropuerto internacional en Limón también y hace falta la ruta 32 y hacen falta una serie de elementos adicionales”, señaló el diputado liberacionista.
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles Camargo, celebró el trabajo conjunto de las fracciones y aseguró que el acuerdo muestra una ruta para impulsar proyectos estratégicos mediante consensos legislativos. Dobles sostuvo que la habilitación a Japdeva pretende agilizar la inversión y el desarrollo de infraestructura, pero ligada a controles sobre el uso de recursos públicos.
“Esta habilitación que se le hace a Japdeva lo que pretende es que se pueda generar esto de una manera más ágil, más rápida, más eficiente, porque esto es una deuda con Limón”, expresó Dobles.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, recordó que la versión anterior del texto se envió a consulta y que, tras recibir criterios de distintas instituciones, las fracciones retomaron las negociaciones para consensuar una nueva redacción.
“De nuevo fue gracias al diálogo, no a ninguna imposición. Fue gracias al respeto que cada una de las fracciones tuvo por las sugerencias, por las propuestas de todos los que participamos en la elaboración de ese texto que hoy ha sido votado”, dijo Gordienko.
El diputado limonense Mangell McLean Villalobos también respaldó el acuerdo y señaló que Limón es la única provincia costera del país sin una marina. El legislador afirmó que el proyecto representa un paso para “nivelar la cancha” del Caribe costarricense, aunque advirtió que la provincia mantiene otras necesidades pendientes en infraestructura, salud, educación y conectividad.
El expediente 24.259 forma parte de la llamada “mini versión” de la Ley Jaguar, luego de que la Sala Constitucional frenara una propuesta previa del Gobierno por problemas de constitucionalidad vinculados con el uso de alianzas estratégicas para infraestructura sin pasar por reglas adecuadas de contratación pública.
La Contraloría, en un criterio remitido al Congreso, respaldó el objetivo general de propiciar proyectos de infraestructura en Limón, pero pidió afinar el texto para evitar vacíos legales y asegurar transparencia, competencia y control público. El órgano contralor señaló que la propuesta se acercaba más a un esquema de asociación público-privada y recomendó establecer reglas claras para seleccionar socios, fiscalizar los proyectos, distribuir riesgos, tramitar recursos y proteger bienes públicos.
Con el nuevo texto, las fracciones intentan responder a esas observaciones sin abandonar la vía de alianzas estratégicas para impulsar la Marina y Terminal de Cruceros de Limón. El trámite legislativo continuará una vez que el texto actualizado cumpla con la publicación y las consultas correspondientes.
Breves
Este lunes no se votaron otros proyectos de ley en el plenario.
Proyectos dictaminados
Este lunes no sesionaron las comisiones legislativas
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.