Lo que hay detrás de los nuevos aranceles de EE.UU. y lo que Costa Rica debe hacer antes del 7 de julio.
El 3 de junio de 2026, el Ministerio de Comercio Exterior emitió un comunicado: Estados Unidos propone aplicar un arancel del 12.5% a las exportaciones costarricenses porque Costa Rica no tiene una ley que prohíba la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Las audiencias en Washington son el 7 de julio. Pero la pregunta de fondo es más importante que el número: ¿es esto realmente sobre derechos humanos, o es una herramienta de política comercial para reducir la dependencia global de manufactura china?
Un enforcement que ya no se limita a China
La Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), vigente desde 2021, presume que cualquier producto de Xinjiang, China, fue producido con trabajo forzado — y la carga de la prueba recae sobre el importador. Pero el caso más reciente demuestra que el enforcement ya es global: el 23 de junio de 2026, la Oficina de Aduanas de EE.UU. (CBP) emitió dos Órdenes de Retención (WRO — Withhold Release Order, medida que autoriza detener embarques en puertos americanos ante evidencia de trabajo forzado) contra fábricas en Jordania, un socio de libre comercio de EE.UU. Ser aliado político ya no es garantía de acceso comercial.
El precedente más cercano a Costa Rica es Kingtom Aluminio SRL, empresa de capital chino en República Dominicana. En diciembre de 2024, CBP emitió un Finding — sanción definitiva que prohíbe permanentemente exportar a EE.UU. — luego de que la planta fuera cerrada dos veces por el Ministerio de Trabajo dominicano por prácticas abusivas. Sus productos: exactamente los mismos que fabrica la industria costarricense de aluminio.
La lectura desde adentro: ecosistema, no solo ética
Ernesto Jiménez, International Sales Manager de Extralum S.A. — empresa costarricense con más de 30 años en manufactura y exportación de perfiles de aluminio — tiene una lectura directa del fenómeno:
Lo que se está creando es un ecosistema para reducir la dependencia de manufactura china. Es un efecto dominó que busca proteger la industria americana de competencia desleal de bajo costo."
Jiménez señala que la legislación laboral costarricense es sólida y que el riesgo real de trabajo forzado en el país es bajo — con excepción de la mano de obra migrante en el sector agrícola, que merece atención específica. Pero aclara que confianza política y cumplimiento aduanero son cosas distintas.
Para sus exportaciones a Estados Unidos, Extralum utiliza exclusivamente materia prima certificada fuera de China — con origen en Qatar, Australia, Brasil y Emiratos Árabes Unidos — y emite una declaración jurada firmada por su representante legal que certifica el origen y el cumplimiento laboral en toda su cadena de suministro. Simple, legal y efectivo.
El Salvador ya actuó. Costa Rica todavía no.
El 3 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el Decreto Legislativo No. 524, que incorpora el Artículo 27A a la Ley Orgánica de Aduanas: desde el 1 de junio de 2026, toda importación a El Salvador debe incluir una Declaración Jurada que certifique que los bienes no fueron producidos con trabajo forzado, obligatorio o infantil. El incumplimiento acarrea sanciones administrativas, civiles y penales.
No es teoría — es una carta real que un importador salvadoreño ya envió a sus proveedores costarricenses exigiéndoles ese documento. Y es una declaración jurada real que Extralum ya firma y entrega. Un país vecino, en tres meses, implementó lo que Costa Rica aún no tiene.
Dos vías, ninguna puede esperar
Costa Rica necesita actuar en paralelo. A nivel del Estado: un marco legal equivalente al salvadoreño. Una declaración jurada en aduana no requiere meses de debate legislativo. A nivel de las empresas: no pueden esperar al gobierno. Sus compradores americanos ya exigen trazabilidad hoy, con o sin ley costarricense.
Jiménez advierte que no todas las empresas tienen la misma facilidad para certificar: una extrusora de aluminio tiene una cadena corta y trazable; una empresa de muebles puede tener decenas de componentes —telas, espumas, herrajes— cada uno con su propio origen. Las guías sectoriales son más urgentes que una ley genérica.
La trazabilidad no es una carga regulatoria. Es la nueva licencia para operar en los mercados que importan.
Costa Rica tiene legislación laboral sólida, institucionalidad confiable y empresas que ya están haciendo lo correcto. Lo que falta es el marco formal que lo certifique — y el tiempo para construirlo se acaba el 7 de julio.
¿Está su empresa preparada para demostrar el origen de sus materias primas si CBP detiene un embarque?
Un agradecimiento especial a Ernesto Jiménez, International Sales Manager de Extralum S.A., cuya conversación fue el punto de partida para investigar varios de los casos documentados en este artículo.