Costa Rica enfrenta desafíos crecientes derivados del crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato. Esta realidad demanda una respuesta firme del Estado y justifica plenamente la preocupación del Poder Ejecutivo por fortalecer las herramientas jurídicas disponibles para enfrentar estas amenazas. Reconozco y valoro la iniciativa de la presidente de la república orientada a promover reformas legales que permitan una acción más eficaz de las autoridades ante fenómenos criminales cada vez más complejos y sofisticados.
Existe un amplio consenso nacional sobre la necesidad de actualizar parte de nuestro marco normativo. Las organizaciones criminales evolucionan, aprovechan vacíos legales y utilizan recursos que muchas veces superan las previsiones de legislaciones diseñadas para contextos muy distintos a los actuales. Pretender enfrentar los desafíos de hoy con instrumentos insuficientes sería una irresponsabilidad. Por ello, considero legítimo y necesario abrir la discusión sobre reformas legales que fortalezcan la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para combatir estas formas de delincuencia.
Sin embargo, la urgencia de actuar no debe conducirnos a sacrificar los principios fundamentales que caracterizan a nuestro Estado democrático de derecho. Precisamente cuando las circunstancias son difíciles es cuando más importante resulta preservar el respeto a la Constitución Política, a las garantías fundamentales y a los derechos humanos. La eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de las libertades no son objetivos incompatibles; por el contrario, deben avanzar juntos.
Toda reforma que amplíe potestades estatales, restrinja derechos o modifique equilibrios institucionales debe estar precedida por un riguroso análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Estos principios constituyen herramientas indispensables para determinar si una medida persigue un fin legítimo, si es adecuada para alcanzarlo, si resulta necesaria y si los beneficios que genera justifican las restricciones que eventualmente impone. No se trata de obstáculos formales ni de exigencias académicas abstractas. Son garantías esenciales para asegurar que las soluciones legislativas sean compatibles con los valores constitucionales que sustentan nuestra convivencia democrática.
Durante mi breve participación en el comité asesor convocado por la presidente de la república, manifesté respetuosamente mi preocupación respecto de la necesidad de realizar con mayor profundidad ese ejercicio de razonabilidad y proporcionalidad. Lo hice con espíritu constructivo y desde la convicción de que las mejores políticas públicas son aquellas que logran armonizar la eficacia con el respeto irrestricto al marco constitucional.
Mi observación nunca estuvo dirigida a cuestionar la buena fe, el compromiso o la preocupación de quienes impulsan estas reformas. Al contrario, comparto la inquietud por el deterioro de la seguridad y la necesidad de actuar con decisión. Precisamente porque el objetivo es tan importante, considero indispensable que las soluciones propuestas resistan el más exigente escrutinio constitucional y convencional.
La experiencia comparada demuestra que las respuestas legislativas construidas en momentos de alta preocupación social suelen alcanzar mayor legitimidad y permanencia cuando han sido sometidas a análisis rigurosos y a debates amplios. Las leyes más sólidas son aquellas que combinan firmeza contra el delito con respeto por los derechos fundamentales. Ese equilibrio fortalece la confianza ciudadana y reduce el riesgo de futuras controversias jurídicas que puedan debilitar los esfuerzos de seguridad.
Por ello, deseo que el debate legislativo que ahora corresponde permita profundizar estos aspectos. La Asamblea Legislativa tiene la obligación y responsabilidad de examinar cuidadosamente cada propuesta, valorar sus alcances, identificar eventuales riesgos y garantizar que toda nueva normativa supere adecuadamente los estándares de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por nuestro ordenamiento jurídico.
Costa Rica necesita herramientas eficaces para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato. Pero necesita, también, que esas herramientas sean plenamente compatibles con la Constitución Política y con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. No debemos elegir entre seguridad y libertad. Nuestro desafío consiste en construir respuestas que protejan ambas.
Esa es, a mi juicio, la ruta que permitirá fortalecer el Estado de derecho, respaldar los esfuerzos legítimos del Poder Ejecutivo y ofrecer a la ciudadanía soluciones duraderas frente a uno de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo.