Tribunal concluyó que el atraso en la emisión de tarifas e instrumentos regulatorios limita la implementación de un modelo orientado a promover las energías renovables.
La Sala Constitucional (también conocida como Sala IV) declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por representantes de varias empresas dedicadas al sector energético, quienes denunciaron el incumplimiento por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de las disposiciones transitorias contenidas en la Ley N.° 10086, Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables.
En el caso correspondiente al expediente 26-005612-0007-CO, los recurrentes alegaron que la normativa otorgó a la Aresep un plazo de seis meses para aprobar las tarifas de servicios auxiliares, y otro de doce meses para emitir las tarifas e instrumentos regulatorios necesarios para integrar los recursos energéticos distribuidos al Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, señalaron que esas disposiciones no se habían cumplido varios años después de la entrada en vigencia de la ley, lo que generaba incertidumbre jurídica y económica para las empresas interesadas en participar en este mercado.
La Sala, en la resolución 2026020831, constató que los plazos otorgados para emitir dichas regulaciones vencieron desde julio de 2022 y enero de 2023, sin que a la fecha se hubiera completado su implementación.
Aunque el Tribunal Constitucional reconoció las gestiones realizadas por la Aresep, estimó que el retraso resulta desproporcionado y mantiene una situación de incertidumbre que afecta tanto a los actores económicos involucrados como a la efectiva aplicación de la ley.
Además, los magistrados señalaron que la falta de regulación trasciende el ámbito técnico y tarifario. Esto porque se limita la operatividad de un modelo diseñado por el legislador e incide directamente sobre la eficacia de dicho modelo normativo que busca favorecer esquemas de generación eléctrica ambientalmente sostenibles que impulsan la transición energética, la descarbonización, la diversificación de fuentes renovables y el aprovechamiento racional de los recursos energéticos.
La Sala IV ordenó a Erick Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general de la Aresep, a que dentro de dos meses se emita las tarifas correspondientes a servicios auxiliares, las tarifas y los instrumentos regulatorios que sean necesarios para la adecuada integración de los recursos energéticos distribuidos que se interconecten a las redes del Sistema Eléctrico Nacional.
El tribunal estuvo conformado por las magistraturas Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas (instructora) e Ingrid Hess Herrera.