Recientemente, se ha hablado mucho sobre el proceso de nombramiento de las magistraturas suplentes que debe realizar la Asamblea Legislativa. Pero, para poder entender lo que significa este proceso, tenemos primero que saber la función de la Sala y lo que este órgano significa en la garantía de derechos fundamentales y calidad de vida de las personas.
Imagine que usted va por la calle y de repente, llegan oficiales de la Fuerza Pública y lo detienen sin una orden judicial o razón alguna, privándolo de su libertad. La libertad es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar, pero si el Estado le falla en esto, como es el caso hipotético que estoy planteando, usted puede acudir a la Sala Constitucional mediante lo que se le conoce como un “habeas corpus”, que en palabras sencillas, permite que un juez evalúe si el arresto es legal o arbitrario y procederá a ordenar la liberación inmediata en caso de existir una violación.
Ahora vayamos a otro caso hipotético. Imagine que su mamá tiene una condición de salud delicada y que depende de un tratamiento urgente para mejorar su salud y calidad de vida, pero resulta que la CCSS le da la cita del tratamiento hasta para el año 3050, tiempo que su madre no puede esperar. La salud también es un derecho humano y el Estado también debe garantizarlo. En este caso usted puede acudir a la Sala Constitucional y presentar un “recurso de amparo”, que es un documento que usted puede escribir hasta en una servilleta, explicando la situación de salud de su madre y por qué no puede esperar hasta el año 3050. Las y los magistrados analizan el caso y pueden a través de una resolución ordenar a la CCSS agilizar la cita del tratamiento.
A través del recurso de amparo, la Sala Constitucional puede ver temas esenciales para la calidad de vida de las personas, como la educación, salud, movilidad, acceso al agua potable, ambiente sano, libertad de prensa, entre otros.
Históricamente los sectores más vulnerables son los que acuden a la Sala Constitucional, pues encuentran en ella el último medio para garantizar sus derechos, cuando el Estado les ha fallado y no encuentran respuesta.
Para que tengamos una idea de la importancia de la Sala, en el año 2024 ingresaron 35.624 expedientes y para el año 2025, 40.059 expedientes de los cuales se dictaron 39.181 sentencias. Eso equivale a miles de personas que acudieron a la Sala buscando una solución a la violación de sus derechos.
Es decir, la Sala Constitucional es un bastión importantísimo y necesario para la garantía de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las más vulnerables como las personas con discapacidad, adultos mayores, personas enfermas, entre otros.
Ahora volvamos al inicio de mi artículo: el proceso de nombramiento de las magistraturas suplentes, no es menor cosa, significa que, para que la Sala funcione y pueda analizar y emitir las sentencias respecto a violaciones a derechos fundamentales, requiere de la confirmación tanto de magistraturas propietarias como de las magistraturas suplentes. No tener esa conformación podría implicar una paralización del funcionamiento del órgano y por ende, una paralización en la garantía de los derechos humanos, poniendo en riesgo la dignidad, calidad e incluso la vida de las personas.
Es urgente que las diputaciones dejen a un lado sus intereses y pongan en el centro a las personas y sus derechos, de lo contrario, caerá sobre sus hombros si la calidad de vida de las personas decae.