Resultando: Que, según las publicaciones disponibles, la exdiputada Pilar Cisneros Gallo cuestionó públicamente la reciente absolución del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y calificó la decisión judicial como una “vergüenza”, sosteniendo que, pese al fallo absolutorio, subsistían responsabilidades políticas y éticas.
Considerando: Que Rodríguez Echeverría respondió señalando que tales manifestaciones desconocen las resoluciones emitidas por los tribunales competentes y anunció acciones legales al considerar que se le atribuyen hechos que fueron expresamente descartados por la sentencia.
Por tanto: Que el exmandatario anunció una querella contra la exdiputada por las declaraciones formuladas tras la absolución dictada en el denominado caso Reaseguros del INS.
Lo primero que debe decirse es que el expresidente no debería permitir que esta controversia lo conduzca al terreno planteado por la exdiputada. Entrar en una disputa política de esa naturaleza podría terminar desviando la atención de un asunto mucho más relevante: el respeto a los principios fundamentales de la República, entre ellos la separación de poderes y la independencia judicial.
La discusión trasciende la figura de Rodríguez Echeverría. Lo verdaderamente preocupante es la utilización reiterada de una estrategia política conocida en la ciencia política como la construcción del enemigo. Esta consiste en presentar a una persona, grupo o institución como responsable de problemas complejos que, en realidad, responden a múltiples causas históricas, sociales y económicas.
El mecanismo es sencillo y políticamente rentable: transformar a un adversario claramente identificable en la explicación de todos los males nacionales. Así se genera una narrativa emocional que sustituye el análisis profundo por la confrontación permanente.
Esta ha sido, históricamente, una herramienta utilizada por diversos movimientos populistas. En Costa Rica, el “chavismo criollo” la ha empleado como método de confrontación política. Primero fueron los partidos tradicionales; luego la prensa; después sectores empresariales, universidades, jueces y cualquier institución que pudiera representar un contrapeso al poder político. El enemigo cambia; la estrategia permanece.
Por ello resulta inevitable formular una pregunta: si un tribunal penal, después de veinticinco años de investigaciones, recursos, pruebas y debates judiciales, concluyó que no existía un solo hecho que vinculara al expresidente Rodríguez con un plan criminal, ¿cuál es el fundamento democrático para descalificar de manera absoluta esa decisión sin afectar la legitimidad del sistema de justicia?
Las sentencias judiciales pueden y deben ser objeto de crítica. La democracia exige debate público y ninguna institución está por encima del escrutinio ciudadano. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre cuestionar una resolución y emprender una campaña sistemática de deslegitimación contra el órgano que la emite simplemente porque el resultado no coincide con determinadas expectativas políticas.
El ataque constante al Poder Judicial constituye un ejercicio peligroso para la estabilidad democrática. Ha sido promovido por distintos representantes del oficialismo, incluyendo al presidente de la República, miembros de su bancada legislativa y otras figuras vinculadas al Gobierno. Las iniciativas legislativas impulsadas en esta materia forman parte de un debate que merece análisis serio, pero que no puede construirse sobre la premisa de que las instituciones democráticas son válidas únicamente cuando producen resultados políticamente convenientes.
Quien verdaderamente aspire a mejorar la justicia costarricense debe comenzar por reconocer su valor institucional. Las reformas son necesarias; la destrucción de la confianza pública no lo es. La crítica puede ser legítima, pero debe estar acompañada de propuestas concretas. En los planteamientos señalados se escucha con claridad el cuestionamiento, pero el remedio efectivo continúa ausente.
La paradoja resulta evidente: quienes reivindican constantemente la voluntad popular parecen mostrar poca disposición a aceptar las decisiones judiciales cuando estas afectan sus posiciones políticas. El problema no es la crítica; el problema aparece cuando la crítica se convierte en una herramienta permanente de debilitamiento institucional.
Existe, además, una reflexión adicional. Si se pretende realizar un ejercicio serio sobre las responsabilidades políticas por la situación que enfrenta Costa Rica, también debería analizarse objetivamente el desempeño de quienes han ejercido funciones públicas, incluida la labor realizada desde la Asamblea Legislativa por quienes hoy forman parte del oficialismo.
Un análisis honesto exige reconocer aciertos y errores, valorar las decisiones adoptadas y asumir la responsabilidad que corresponde por la función constitucional desempeñada.
Lo contrario conduce a una lógica cómoda y peligrosa: los éxitos pertenecen exclusivamente al liderazgo político de turno, mientras los fracasos siempre son responsabilidad de un enemigo externo. Esa fórmula no fortalece la democracia. Esa fórmula constituye, precisamente, uno de los pilares históricos del populismo.
Por ello, don Miguel Ángel, anticipe el movimiento. No permita que lo conduzcan a un escenario donde la discusión deje de ser sobre justicia y Estado de derecho para convertirse en una confrontación política diseñada para ocultar la ausencia de soluciones reales.
La defensa de la institucionalidad no consiste en proteger personas; consiste en proteger principios. Y entre esos principios, uno de los más importantes es que ninguna autoridad política, por popular que sea, puede estar por encima de las reglas que sostienen la República.
En el sentido expresado la frase de Karl Popper nos recordará siempre que: “La democracia consiste en poner bajo control el poder político.”