Costa Rica atraviesa una transformación demográfica que debería ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. Cada año aumenta la población adulta mayor y, con ello, surge una pregunta que tarde o temprano tendremos que responder como sociedad: ¿qué papel queremos que desempeñen las personas mayores en la vida nacional?
La pregunta parece sencilla, pero los acontecimientos recientes demuestran que no lo es. El debate público generado en torno a la participación de personas adultas mayores en espacios de asesoría, liderazgo e influencia política ha puesto en evidencia una tensión que rara vez discutimos abiertamente. Por un lado, promovemos el envejecimiento activo, la inclusión y la participación ciudadana. Por otro, pareciera existir una tendencia a cuestionar la legitimidad de las personas mayores cuando continúan ocupando espacios de relevancia pública.
Esta reflexión me llevó recientemente a remitir una carta a la Procuraduría de la Ética Pública, con copia a la Presidencia de la República y al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. El propósito no fue intervenir en una investigación ni sustituir el análisis jurídico que corresponde a las autoridades competentes, sino llamar la atención sobre una dimensión que considero relevante: la necesidad de proteger y valorar la participación de las personas adultas mayores en los asuntos públicos.
La discusión resulta especialmente importante porque Costa Rica cuenta con instrumentos jurídicos que promueven precisamente esa participación. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor reconoce el derecho de esta población a mantenerse integrada y activa dentro de la sociedad. De igual manera, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece la obligación de los Estados de promover su participación plena, efectiva y significativa en todos los ámbitos de la vida nacional.
No se trata de otorgar privilegios a nadie ni de eximir a ninguna persona del cumplimiento de la ley. Tampoco se trata de sustituir a las nuevas generaciones. Se trata de comprender que la experiencia acumulada durante décadas constituye un recurso social valioso que puede contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Las sociedades que han logrado integrar exitosamente a sus poblaciones adultas mayores entienden que la experiencia y la juventud no son conceptos opuestos. Países con altos niveles de desarrollo democrático mantienen en posiciones de liderazgo, asesoría, representación política, academia y gestión pública a personas de edad avanzada cuyo conocimiento continúa siendo considerado un activo para la toma de decisiones.
En Costa Rica, sin embargo, todavía persisten visiones que asocian el envejecimiento con el retiro absoluto de la vida pública. Esa percepción no solamente resulta injusta para las personas mayores, sino que además priva al país de capacidades, conocimientos y aprendizajes construidos a lo largo de décadas.
Recuerdo una actividad política del partido Frente Amplio realizada en el cantón de Paraíso de Cartago en la que una persona adulta mayor manifestó que ya había tenido su oportunidad de participar y que ahora correspondía dejar todo el espacio a las personas jóvenes. Lo que ocurrió después fue particularmente significativo. Diversos asistentes señalaron que el desafío no consiste en reemplazar una generación por otra, sino en construir espacios donde ambas puedan aportar. Se recordó que los movimientos sociales y políticos deben representar tanto a las juventudes como a las personas adultas mayores, escuchando sus necesidades, respetando sus derechos y aprovechando sus aportes.
Aquella conversación refleja una lección que trasciende cualquier partido político o ideología. El desarrollo de una sociedad democrática no depende de escoger entre juventud o experiencia. Depende de la capacidad de integrar ambas perspectivas en beneficio del bien común.
La verdadera inclusión implica reconocer que las personas adultas mayores continúan siendo ciudadanos plenos, capaces de liderar, asesorar, innovar, enseñar y contribuir al debate nacional. En tiempos donde tanto se habla de diversidad e inclusión, quizá sea oportuno preguntarnos si estamos aplicando esos principios también a quienes han acumulado toda una vida de experiencia.
Porque una democracia madura no le teme a la experiencia. La aprovecha.