En nuestro país, debates recientes sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la electricidad han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿deben ciertos bienes responder principalmente a la lógica del mercado?
En un sistema donde constantemente se cuestiona la intervención estatal y se glorifica el actuar del mercado, es importante partir de una idea fundamental: no todos los bienes deberían convertirse en mercancía.
La electricidad, el agua, los servicios de salud, entre otros, constituyen servicios esenciales para la subsistencia y el bienestar colectivo. La noción de que “el mercado se regula solo” y que “el Estado debe intervenir lo menos posible” entra en discusión cuando el mercado no es capaz —ni se encuentra interesado— en asegurar estos servicios esenciales para la población, al carecer de incentivos naturales para garantizar su acceso universal.
De forma que si el objetivo del mercado es maximizar ganancias, ¿por qué existiría interés en que comunidades remotas tengan acceso a servicios que no pueden costear? ¿Por qué apostar por aquello que no resulta rentable?
Precisamente a partir de ese reconocimiento es que diferentes sectores sociales sostienen el cuestionamiento a las posturas que exigen una mínima intervención estatal. Porque si el Estado —cuya función debería ser proteger el interés colectivo— no debe intervenir en los asuntos que afectan a la ciudadanía, ¿quién entonces asume la responsabilidad de garantizar al pueblo su bienestar?
Si hay un punto en el que sin duda podemos coincidir es que el Estado ha fallado; ha fallado incontables veces en responder a las necesidades de la población y en proteger a los sectores más vulnerabilizados e históricamente excluidos.
Los entes estatales presentan importantes deficiencias institucionales. Por ende, la crítica hacia estos no solamente debería sino que tiene que estar presente en los espacios de toma de decisiones y de debate público. No para desmantelar el Estado, sino como base para construir uno más eficiente, capaz de impactar a muchas más personas y de llegar a esos lugares donde el mercado, por sí solo, jamás llegaría.
Porque, aunque vivimos en un sistema donde no se puede ni se debe excluir al mercado, de la misma forma vivimos en uno que no puede ni debe permitir que intereses económicos particulares controlen bienes esenciales para la supervivencia de la población.
Finalmente, debemos mantener siempre presente que el deterioro del Estado de bienestar no comienza con la privatización. Comienza con la desconfianza, la polarización social y el debilitamiento de las instituciones públicas. Comienza cuando la voluntad política para abordar las deficiencias institucionales es escasa y se alimenta de la idea de que lo privado vendrá a solucionar las carencias de lo público, aún sin abordar los problemas estructurales que sostienen dichas carencias.
De modo que aunque siempre existan aspectos por mejorar, ello nunca debería implicar desmantelar el Estado de bienestar construido a partir de décadas de organización y lucha social.