Voy a empezar diciendo algo que probablemente sorprenda a algunos. No voy a escribir sobre Rodrigo Chaves.
No porque carezca de importancia política. Tampoco porque no tenga opinión sobre muchas de las cosas que dice. No voy a escribir sobre él porque los problemas que hoy se discuten sobre el Poder Judicial son mucho más antiguos que Rodrigo Chaves, mucho más antiguos que cualquier diputado actual y mucho más antiguos que la mayoría de quienes hoy participan en el debate público.
De hecho, cuando escucho o leo a ciertos políticos hablar de los males de la justicia costarricense como si acabaran de descubrirlos, no puedo evitar pensar que llegaron bastante tarde a la conversación.
No porque los problemas no existan. Existen. Y algunos son graves.
Lo que ocurre es que esos problemas fueron señalados hace décadas por juristas que dedicaron su vida a estudiar nuestras instituciones. Mucho antes de los micrófonos, mucho antes de las redes sociales y mucho antes de que la indignación se convirtiera en espectáculo político. Uno de ellos es don Walter Antillón.
En Poder Judicial: Crónica de una debacle, Antillón no escribe para destruir al Poder Judicial. Escribe porque le importa. Y esa diferencia es fundamental. Porque las críticas más valiosas no suelen venir de quienes desean derribar una institución, sino de quienes desean fortalecerla.
Hay una idea en esa obra que me parece tan vigente hoy como cuando fue escrita. Antillón recuerda que desde hace miles de años quienes detentan el poder han intentado controlar la justicia. No habla de un partido político. No habla de una ideología. No habla de un gobierno específico.
Habla de una constante histórica.
La tentación del poder de influir sobre quienes deben juzgarlo.
La tentación de nombrar personas afines.
La tentación de convertir la justicia en una extensión de la política.
Los nombres cambian.
Las banderas cambian.
Los discursos cambian.
La tentación permanece.
Por eso el problema no es solamente una crítica al chavismo costarricense, al liberacionismo, al socialcristianismo o a cualquier otra corriente política.
En realidad, es una crítica al mecanismo estructural de nombramiento de magistrados que ha existido durante décadas. Es un problema de diseño institucional. Un sistema que permite que grupos políticos, económicos o corporativos intenten influir en la integración de la Corte Suprema de Justicia.
La preocupación de Antillón, y las referencias que él mismo realiza a las advertencias de Eduardo Ortiz Ortiz, anteceden por décadas al debate actual. La observación es sencilla pero profunda: mientras los actores políticos actúen con prudencia, el sistema puede funcionar razonablemente bien. Pero cuando esa prudencia desaparece, aparecen las grietas.
Es una arquitectura que descansa demasiado sobre la virtud de las personas y demasiado poco sobre mecanismos objetivos de selección.
Los romanos comprendieron algo que todavía hoy conserva plena vigencia. Las instituciones no deben diseñarse pensando en el mejor hombre posible. Deben diseñarse pensando en que algún día llegará el peor. Por eso multiplicaban contrapesos, vetos y controles. Una institución sólida no es la que funciona con Catón. Es la que sobrevive a Nerón.
Esa es precisamente la razón por la cual la independencia judicial debe ocupar el centro de cualquier discusión seria sobre la reforma del Poder Judicial. Antes conviene aclarar sobre algo que he venido leyendo, al todas imprudente y carente de contenido, por ende cabe dejar claro sobre la independencia del juez que:
- No es un privilegio de los jueces.
- No existe para beneficiar magistrados.
- No es una concesión corporativa.
- Es una garantía de los ciudadanos.
Es la protección que tiene cualquier persona cuando un día necesita acudir a un tribunal frente a alguien más poderoso que ella.
Por eso me preocupa cuando algunos discursos reducen la discusión a la eficiencia, a la popularidad o a la simpatía política.
La esencia de la justicia no es ninguna de esas cosas.
La esencia es la independencia.
Y adaptar las instituciones a los nuevos tiempos no significa perder esa esencia.
Ahora bien, una reforma que debilite la independencia judicial para solucionar problemas reales puede terminar destruyendo precisamente aquello que pretendía corregir. Si para arreglar una gotera se derriban las columnas maestras, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
Lo paradójico es que muchos de los diagnósticos más severos sobre el Poder Judicial no provienen de sus enemigos. Provienen de algunos de sus más comprometidos defensores.
Por eso, cuando algún político afirma que es el primero en denunciar determinados problemas, hasta un amateur historiador del Derecho podría responderle algo muy sencillo: llegó usted bastante tarde a la conversación. Porque estas discusiones tienen décadas de existir. No es que ahora le hayan abierto los ojos. Es que durante mucho tiempo muchos no ustedes quisieron leer e informarse correctamente. La verdadera prueba de seriedad no consiste en denunciar defectos. Eso es relativamente sencillo. La verdadera prueba consiste en presentar un modelo de reforma capaz de mejorar la calidad de los nombramientos, reducir la influencia político-partidaria, aumentar la transparencia y fortalecer la independencia judicial en lugar de debilitarla.
Veamos en retrospectiva, durante décadas Costa Rica ha tenido la fortuna de contar con magistrados de extraordinaria calidad jurídica y humana como José Manuel Arroyo, Fernando Cruz, Baudrit y Coto Albán, entre otros. Pero una democracia madura no puede depender de la suerte. No puede depender de que aparezcan personas excepcionales. Debe construir mecanismos para que las personas más capaces lleguen a esos cargos por diseño institucional y no por “accidente” histórico. Es que resulta legítimo preguntarse si nuestro sistema siempre ha sido capaz de aprovechar el enorme talento jurídico que existe en el país. Quien conozca el mundo jurídico costarricense sabe que hemos contado con académicos y profesionales de prestigio internacional, estudiados en toda Iberoamérica, con trayectorias construidas sobre décadas de docencia, investigación, producción intelectual y experiencia profesional, que nunca llegaron a ocupar una magistratura propietaria.
Más que señalar personas, la pregunta relevante es otra: ¿estamos seleccionando siempre a los mejores, o estamos seleccionando a quienes resultan más convenientes para las dinámicas políticas del momento (que no son sinónimos de correctas o justas)? Esa es una pregunta que merece ser discutida con honestidad. Porque la discusión no debería centrarse en si un gobierno específico controla o no la Corte. La discusión debería centrarse en cómo construir un sistema donde ningún gobierno, ningún partido político y ningún grupo de poder pueda capturarla con facilidad.
Hace años, Manuel Solís Avendaño advertía sobre una democracia donde muchas veces las razones débiles terminan imponiéndose mientras las pasiones ocultas permanecen fuera del debate público. Quizá por eso algunos discursos simplifican problemas complejos y presentan como novedosas situaciones que llevan décadas siendo estudiadas.
Si de verdad nos preocupa el futuro de la justicia costarricense, hagamos algo que hoy parece revolucionario.
Leamos.
Leamos a Walter Antillón.
Leamos a Manuel Solís Avendaño.
Formemos nuestro propio criterio.
Porque los gritos duran una tarde.
Las consignas duran una campaña.
Pero las ideas tienen la extraña costumbre de sobrevivir a quienes intentan ignorarlas.