El proyecto 25.094 reforma la Ley 10.597 para que el trámite de inscripción de la dirección electrónica para notificaciones pueda efectuarse gratuitamente, acorde con el espíritu del legislador,mediante una declaración jurada del representante legal, sin intervención notarial ni más complicaciones.
La solución siempre fue simple. Lo complejo fue vencer los intereses que se beneficiaban de mantener un trámite tan innecesario como caro.
Porque el verdadero tema nunca fue el correo electrónico. El verdadero tema es lo que ocurre cuando una tarifa mínima obligatoria se convierte en una barrera que impide competir, innovar o simplemente hacer las cosas de manera más eficiente.
El trámite terminó costando cerca de ₡100.000 no porque el trabajo lo justificara, sino porque el sistema estaba diseñado para que así fuera. Y mientras existan tarifas mínimas obligatorias, seguirán apareciendo casos similares donde el precio no responde al valor del servicio, sino a una protección regulatoria.
Lo ocurrido debería preocupar incluso a quienes nunca tendrán que inscribir una sociedad; porque hoy fue un correo electrónico. Mañana podría ser cualquier otro trámite que, mediante una interpretación administrativa o una regulación mal diseñada, termine convirtiéndose en una actividad protegida de la competencia y obligatoria para los ciudadanos.
Ese es, precisamente, el riesgo de las distorsiones regulatorias: rara vez permanecen limitadas a un único caso. Cuando el sistema acepta que un trámite simple pueda transformarse en un servicio cautivo, el precedente queda establecido.
¿Quién protege realmente al ciudadano?
Lo más preocupante es que esto ocurre precisamente en profesiones cuyos colegios deberían concentrar sus esfuerzos en velar por la calidad de los servicios, la ética profesional y la protección de los usuarios.
En este sentido, el episodio del correo electrónico deja al descubierto una pregunta incómoda: ¿deberían los colegios profesionales dedicar sus recursos a proteger tarifas y restringir la competencia o a garantizar mejores estándares profesionales para beneficio de la ciudadanía?
Resulta difícil explicarle a un ciudadano por qué una organización creada para velar por la calidad profesional termina involucrada en la fijación de tarifas mínimas. Porque una cosa es garantizar que quien ejerce una profesión tenga los conocimientos y la ética necesarios, y otra muy diferente impedir que los profesionales compitan entre sí ofreciendo mejores precios o soluciones más eficientes. Sin embargo, en Costa Rica ambas suelen confundirse.
La verdadera calidad profesional se construye mediante una mejor formación académica, actualización constante, transparencia, rendición de cuentas y mecanismos eficaces para sancionar malas prácticas; no mediante la prohibición de competir por precio.
De hecho, el caso del correo electrónico demuestra exactamente lo contrario. La existencia de una tarifa mínima no produjo un mejor servicio para el usuario. No produjo más seguridad jurídica. No produjo más eficiencia. Lo único que produjo fue un costo mayor.
La OCDE y la COPROCOM llevan años señalando problemas similares. Ambas han recomendado revisar aquellas regulaciones que limitan la competencia sin una justificación clara de interés público. También han insistido en que los colegios profesionales deberían enfocarse prioritariamente en la calidad de los servicios y no en la fijación de precios.
Este episodio demuestra que esas advertencias no eran teóricas. Tenían consecuencias prácticas y cuantificables para miles de personas.
La lección detrás de los ₡100.000
Con lo sucedido, también quedó al descubierto
algo más: las malas regulaciones rara vez se corrigen solas. Si Primera Línea no hubiera identificado este problema desde julio del año pasado, alertado a la ciudadanía, documentado sus implicaciones y buscado legisladores dispuestos a actuar, el trámite probablemente habría seguido exactamente igual.
Decenas de miles de sociedades hubieran incurrido en el gasto. Algunos lo habrían cuestionado en privado. La mayoría habría asumido que así funcionan las cosas en Costa Rica. Pero la discusión no habría pasado de ahí.
Y precisamente por eso las tarifas mínimas, los privilegios regulatorios, los trámites burocráticos absurdos y muchas otras distorsiones sobreviven durante años: afectan relativamente poco a cada persona individualmente, pero benefician mucho a quienes tienen interés en conservarlas. Mientras el costo se distribuye entre miles de ciudadanos, el beneficio se concentra en grupos específicos con capacidad de organización e influencia. Sin presión ciudadana, el incentivo político suele ser mantener el statu quo.
Con 55 votos a favor y ninguno en contra, el plenario corrigió finalmente una situación que nunca debió existir. Pero esto no debería interpretarse como una victoria extraordinaria del sistema. Más bien evidencia que la corrección solo ocurrió cuando el problema fue expuesto públicamente y cuando suficientes ciudadanos prestaron atención.
La lección más importante no es que el sistema funcionó. La lección es que funcionó porque hubo ciudadanos dispuestos a exigir cambios. Personas que compartieron información, hicieron preguntas, contactaron diputados y se negaron a aceptar como normal el cobro por registrar una dirección electrónica. Con frecuencia escuchamos que una persona no puede cambiar nada, que las decisiones ya están tomadas o que cuestionar una regulación no sirve para nada. Sin embargo, este caso demuestra exactamente lo contrario. Una mala decisión administrativa terminó siendo revisada porque hubo suficiente atención pública para obligar al sistema político a reaccionar.
Ese es precisamente el papel que busca cumplir Primera Línea: identificar problemas que afectan a miles de personas, explicarlos en lenguaje sencillo, proponer soluciones y ayudar a transformar la frustración individual en presión pública organizada.
Porque este caso difícilmente será el último.
Las tarifas mínimas obligatorias seguirán existiendo. Los privilegios regulatorios también. Lo que determinará si permanecen o desaparecen no será la lógica económica ni la evidencia técnica por sí solas. Será el nivel de atención que la ciudadanía esté dispuesta a ponerles.
Porque este caso demuestra que cuando la ciudadanía presta atención, incluso los privilegios que parecían intocables pueden corregirse.