Algunas preguntas no son simplemente eso; son portales hacia otros mundos posibles. Pero hoy, en Costa Rica, nos corresponde formular incontables preguntas para comprender cómo fue que propiciamos la llegada del gobierno que hoy nos dirige.
Lanzar críticas a Laura Fernández y a su atropellado e inconducente inicio de labores pierde sentido cuando resulta evidente su mestizo origen político, con quién está vinculada, qué persigue y qué será capaz de alcanzar con la configuración actual del ejecutivo y de demás poderes del Estado costarricense.
Persistir en nuevas críticas hacia Rodrigo Chaves resulta aún más estéril. Hacer lo propio con Pilar Cisneros, todavía más. Y así podríamos continuar con otros ejemplos de figuras menos relevantes que, en poco tiempo, han perdido vigencia pasando a una etapa de olvido transitorio.
El legado de cuatro años de chabacanerías no podía convertirse, de la noche a la mañana, en una gestión estadista, sobria y elegante. La configuración política que llevó a la presidenta al poder permite anticipar que esa metamorfosis difícilmente ocurrirá durante este nuevo cuatrienio. Tampoco podemos exaltar, y mucho menos apreciar, logros que no han sucedido; al menos no con la grandilocuencia y la imaginación con que el oficialismo considera que navega su recargada administración.
En apariencia, la asesoría política y jurídica que recibe la presidenta no produce los resultados esperados. Hemos sido testigos de cómo le han ocasionado tropiezos y momentos incómodos durante las primeras actuaciones de su gobierno.
Por otra parte, la continua y sistemática creación de enemigos del “pueblo” constituye una herramienta recurrente de las políticas populistas del ejecutivo. Padecer sus consecuencias lo es aún más, especialmente cuando tales estrategias generan valiosos mecanismos de distracción para un grupo en el poder cuyos objetivos mayores y más personales parecieran anteponerse al supuesto bienestar social que dicen defender.
La reciente desconvocatoria de un proyecto eléctrico, con la aparente finalidad de armonizar relaciones con distintos sectores, parece formar parte de un plan cuidadosamente elaborado que todavía no se muestra por completo, pero cuyos vapores ya comienzan a percibirse desde la trastienda donde se prepara.
Hasta ahora no hemos superado la etapa de otorgar premios a una red de cuido político que debe ser protegida a toda costa, ni la de devolver favores y ayudas recibidas durante la campaña mediante nombramientos y cargos públicos para los cuales, en demasiadas ocasiones, los beneficiarios designados no cuentan con los atestados, la experiencia o las competencias necesarias.
Pero ¿qué hemos hecho como sociedad para seguir consumiendo el bochornoso y fútil espectáculo que diariamente se transmite desde Zapote?
El «Chinamo Político» en que parece haberse convertido la comunicación del gobierno sirve ahora para todo: lo mismo para insultar y descalificar adversarios que para proclamar verdades evidentes, como recordar que el Poder Ejecutivo no es responsable de los actos de los demás poderes de la República.
Lo preocupante no es únicamente el tono, sino la aparente contradicción entre el discurso y la práctica. La hoy mandataria no se aclara en cuanto al verdadero alcance del principio de división de poderes que defendió con insistencia durante su reciente inauguración presidencial. Resulta difícil invocar la independencia de los poderes cuando conviene deslindar responsabilidades y, al mismo tiempo, cuestionar constantemente la legitimidad, las decisiones o el funcionamiento de aquellos órganos constitucionalmente llamados a actuar con autonomía.
Ya se ha señalado que buena parte de quienes integran hoy el gobierno de la República provienen de distintas agrupaciones políticas que, en diferentes momentos, han protagonizado la vida pública costarricense. Muchos de ellos arrastran los mismos vicios que terminaron debilitando a esas organizaciones, reduciendo su influencia o, en algunos casos, conduciéndolas a su desaparición.
¿Fue realmente toda la responsabilidad de la clase política? ¿Acaso no volvimos la mirada hacia otro lado mientras los integrantes de los poderes públicos ejercían sus funciones con escasos controles ciudadanos y una crítica cada vez más débil?
Esta sociedad ha venido heredando los mismos vicios y errores, transmitiéndolos de una generación a otra hasta llegar al presente. Como escribió el pensador francés Alexis de Tocqueville, la calidad de una democracia depende tanto de sus instituciones como de las virtudes cívicas de sus ciudadanos.
Por ello, más que preguntarse únicamente cuáles son los pecados de un pueblo, quizá conviene examinar cuáles son sus virtudes necesarias para evitar la corrupción: vigilancia, participación, educación, integridad, valentía para denunciar y capacidad de anteponer el bien común a los intereses particulares.
Un gobierno corrupto suele ser el reflejo de una relación deteriorada entre gobernantes y gobernados. También puede ser el reflejo de una sociedad que acepta ser administrada en términos altamente cuestionables. Cuando ambos abandonan sus deberes, la corrupción deja de ser un problema de unos pocos y se convierte en una enfermedad de la vida pública.
Entre los pecados que una sociedad puede cometer contra sí misma destaca, en primer lugar, la renuncia a la responsabilidad cívica. En Costa Rica hemos desarrollado con demasiada frecuencia la expectativa de que el gobierno resuelva por sí solo todos los problemas, como si la construcción del bien común fuera una tarea exclusiva de quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, cuando la participación comunitaria y el compromiso ciudadano se debilitan, también se erosiona el tejido social y disminuye nuestra capacidad colectiva para enfrentar los desafíos compartidos.
A esa renuncia suele sumarse otro error igualmente perjudicial: la tolerancia al engaño. Cuando un pueblo está dispuesto a justificar la mentira porque proviene de quienes considera afines, la verdad deja de ser un principio y pasa a convertirse en una conveniencia. Poco a poco, los hechos importan menos que las simpatías, y la honestidad pierde valor como fundamento de la vida pública.
De allí surge, con frecuencia, la idolatría de los líderes. Las democracias se debilitan cuando los ciudadanos dejan de evaluar propuestas, ideas y resultados para concentrar su confianza en figuras individuales. Ningún gobernante debería quedar exento de la crítica ni del escrutinio. La fortaleza de una nación depende, en buena medida, de la calidad de la educación que brinda y de los valores que transmite a sus ciudadanos, pues son ellos los que permiten distinguir entre liderazgo legítimo y simple culto a la personalidad.
Finalmente, aparece la apatía electoral, quizás una de las formas más silenciosas de renuncia democrática. Informarse de manera superficial, votar impulsivamente o abstenerse de participar sin una reflexión seria abre espacio para que prosperen élites incompetentes, mediocres o corruptas. La democracia exige mucho más que acudir a las urnas; demanda ciudadanos conscientes de que cada decisión tiene consecuencias y de que cada espacio abandonado por la ciudadanía termina, inevitablemente, siendo ocupado por intereses particulares.
Quizá el verdadero problema de Costa Rica no sea únicamente la calidad de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos, sino la calidad del vínculo que hemos construido con nuestra propia democracia. Los gobernantes pasan, los partidos mutan y los discursos cambian de rostro, pero una ciudadanía indiferente, complaciente o acrítica termina creando las condiciones para que los mismos vicios reaparezcan bajo nuevas banderas.
La corrupción no nace únicamente en los despachos públicos; también encuentra terreno fértil en la apatía, en la tolerancia al abuso, en la renuncia a exigir cuentas y en la comodidad de delegar toda responsabilidad al Estado. Por eso, más importante que preguntarnos quién tiene la culpa de nuestra situación actual, es preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para transformarla.
Al final, las democracias no se deterioran únicamente por los errores de quienes gobiernan. También se erosionan cuando se abandona el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Tal vez la pregunta más importante no sea quién gobierna Costa Rica hoy, sino ¿qué clase de ciudadanos estamos formando para gobernarla mañana?