El mercado pregunta quién puede pagar, pero un Estado responsable debe preguntarse cómo garantizar el acceso a todas la ciudadanía.
La discusión sobre el futuro eléctrico de Costa Rica no debería centrarse en una falsa división entre Estado o sector privado. La verdadera pregunta es otra: ¿la electricidad existe para maximizar ganancias o para garantizar bienestar, oportunidades y desarrollo para toda la población?
La electricidad no es un bien cualquiera. En tiempos de digitalización e inteligencia artificial, es una condición básica para vivir con dignidad. Sin electricidad no hay acceso pleno a salud, educación, conectividad, empleo, seguridad, ni oportunidades para las mujeres.
Sin electricidad no hay educación virtual, no hay conectividad, no hay refrigeración de alimentos o medicamentos, no hay seguridad, no hay producción y no hay oportunidades reales de desarrollo. Hablar de electricidad es hablar de dignidad humana.
Costa Rica logró una cobertura eléctrica superior al 99% gracias a un modelo basado en planificación pública, solidaridad y visión de largo plazo. Ese logro no nació únicamente de la lógica del mercado, sino de una decisión país: llevar electricidad incluso donde no era rentable hacerlo.
Por eso preocupa profundamente el proyecto de armonización eléctrica. Esta propuesta no garantiza acceso a electricidad a precios justos para las familias costarricenses, especialmente para las más vulnerables. Tampoco protege adecuadamente el principio de solidaridad tarifaria que ha permitido sostener cobertura universal en todo el territorio nacional.
Cuando un sistema eléctrico se organiza principalmente bajo criterios de rentabilidad, las inversiones tienden a concentrarse donde existe mayor consumo y retorno económico. El resultado inevitable es mayor desigualdad territorial. Ya lo vemos en otros servicios públicos, como el de transporte, donde dada vez más comunidades pierden rutas de autobús porque “no son rentables”. Esa no puede ser la lógica que defina el acceso a un servicio esencial como la electricidad.
El proyecto carece de estudios sólidos y evidencia pública que respalde la promesa de tarifas más bajas. No existen modelaciones claras ni garantías reales de que los cambios beneficiarán a la mayoría de la población.
La experiencia internacional demuestra que cuando servicios estratégicos quedan sujetos únicamente a criterios de rentabilidad, aumentan las desigualdades territoriales y sociales.
Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico y prepararse para los enormes retos energéticos del futuro. Pero esa discusión debe hacerse con transparencia, evidencia y poniendo a las personas en el centro.
La transición energética, la electromovilidad, la inteligencia artificial y el crecimiento de la demanda eléctrica requerirán inversiones históricas en generación renovable, almacenamiento energético, redes inteligentes, resiliencia climática y modernización de infraestructura. Pero precisamente por la magnitud estratégica de esos retos, Costa Rica necesita planificación de largo plazo y no únicamente decisiones guiadas por retornos financieros inmediatos
Porque la lógica de derechos es distinta a la lógica del mercado. El mercado pregunta quién puede pagar. Un Estado responsable debe preguntarse cómo garantizar acceso para todas las personas.
Y aquí es importante decirlo con claridad: este debate no debería reducirse a una falsa dicotomía entre Estado y sector privado. Costa Rica necesita inversión pública y privada para enfrentar los enormes desafíos energéticos de las próximas décadas.
Ese es el debate de fondo. Y mientras nuestra gente no esté en el corazón de esta ley, no será posible apoyarla.