Toda prisión encierra varias historias: la de la persona condenada, la de su familia, la de la víctima y la de la sociedad que decidió construir esos muros."
La política penitenciaria ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público. Bajo este contexto, se ha planteado una estrategia orientada a fortalecer el control institucional, limitar privilegios, buscando mejorar la seguridad y recuperar la autoridad del Estado sobre un sistema que durante décadas ha enfrentado serios problemas de hacinamiento, presencia de crimen organizado y alarmantes limitaciones presupuestarias.
Si bien, estas medidas han generado el respaldo en sectores que consideran indispensable la necesidad de reafirmar la capacidad estatal para garantizar el orden, por otra, ha abierto un debate sobre los alcances y límites del castigo en un Estado democrático de derecho. Ambas posiciones contienen parte de la verdad. Precisamente por eso, ambas posiciones pareciera que resultan insuficientes.
La pregunta que trasciende cualquier coyuntura social, geopolítica, económica y comunitaria, toca la puerta y golpea la cara con fuerza, al increparnos ¿qué esperamos realmente de una prisión? Responder esta encrucijada exige ir más allá de la indignación que producen los delitos o el temor que pueda generar la inseguridad en todas sus manifestaciones.
Debemos reconocer sin tapujos ni hipocresías, que una política penitenciaria no consiste única y literalmente en administrar cárceles, ni gestionarlas, se quedaría corto el concepto; sino que va más allá y representa una concepción integral para considerar el papel del Estado, la justicia y la dignidad humana en la declaración final que ejerzan sobre la decisión del futuro del individuo.
Si pudiéramos reunir en una mesa a Beccaria, Foucault, Bobbio, Easton, Bevir, Iñaki Rivera e Ivone Gebara, probablemente no llegarían a un acuerdo. Sin embargo, sospecho que todos aceptarían una premisa común: la política penitenciaria nunca habla solamente de quienes están privados de libertad; sino, sobre todo, de la calidad democrática del Estado que decide cómo castigar un determinado delito.
Beccaria advertiría que la finalidad de la pena no es la venganza, sino la prevención racional del delito, el castigo tenía que ser legal, proporcional y estrictamente necesario para proteger a la sociedad, provocando, que la legitimidad del sistema penal no surgiera directamente de su severidad, sino de su racionalidad, en cuanto a la aplicación de la pena. Nos advierte que, un Estado fuerte no es el que castiga más, sino el que castiga mejor, y por ello, la seguridad ciudadana no depende únicamente del aumento de la severidad, sino de la certeza que la ley será aplicada con justicia.
Foucault llevaría el análisis en otra dirección. En Vigilar y castigar mostró que la prisión moderna no solo encierra personas; sino que reproduce dinámicas de disciplina, vigilancia y control social, ya que nos pregunta si las cárceles, realmente cumplen los objetivos que justifican su existencia, ya que, prácticamente se administra el delito y no al privado de libertad. Entonces, surge la verdad incómoda: ¿Estamos formando las condiciones habilitantes para la reinserción social o simplemente administrando poblaciones consideradas peligrosas?
Bobbio nos recordaría que el verdadero examen del Estado de derecho ocurre precisamente cuando ejerce su poder coercitivo, y, por ende, la democracia demuestra su fortaleza no solo cuando protege libertades y derechos, sino también cuando castiga dentro de los límites de la ley, sin arbitrariedad y con pleno respeto a las garantías.
Iñaki Rivera le apoyaría al sostener que la política penitenciaria no puede analizarse de forma aislada del sistema democrático y todos sus pluses condicionales, por lo que, una prisión segura no debería ser incompatible con una prisión respetuosa de la dignidad humana; por el contrario, ambas condiciones deberían reforzarse mutuamente.
Ivone Gebara sumaría una dimensión que con frecuencia permanece ausente del debate público, el comprender que detrás de muchas trayectorias delictivas existen historias marcadas por exclusión, desigualdad y ausencia de oportunidades, y como tal, reconocer esta realidad no significa justificar el delito ni disminuir la responsabilidad individual; sino aceptar que una política criminal verdaderamente integral también debe preguntarse por las condiciones y las raíces sociales que favorecen la reproducción de esa violencia.
Desde las ciencias políticas, esta discusión remitiría también al concepto de gobernanza, que como explica Bevir, gobernar no consiste únicamente en imponer decisiones desde el Estado, sino en coordinar capacidades entre múltiples actores para producir valor público. Aplicada a la política penitenciaria, esta perspectiva supone reconocer que la seguridad no depende exclusivamente de la administración de cárceles. Requiere la articulación intra e interinstitucional, liderada por la entidad rectora.
Desde esa perspectiva, una política penitenciaria eficaz no termina cuando una persona ingresa a prisión. Comienza allí una responsabilidad colectiva que involucra educación, salud mental, formación técnica, empleo, acompañamiento comunitario y oportunidades reales de reinserción.
Easton ayudaría a comprender por qué esta discusión trasciende el sistema penitenciario, ya que, toda democracia sobrevive si logra transformar demandas sociales en respuestas que generan confianza ciudadana. Costa Rica posee tradición institucional para pensar en alianzas público-privadas orientadas a este objetivo. Empresas con programas de inserción laboral, universidades con procesos de capacitación, municipalidades con proyectos comunitarios y organizaciones sociales que reduzcan la reincidencia no representan sustitución del Estado, sino expresión madura de gobernanza democrática.
La ciudadanía tiene derecho a exigir seguridad. Ese derecho es irrenunciable. Las cárceles seguirán siendo necesarias mientras existan conductas que amenacen gravemente la convivencia social. La pregunta que una democracia nunca debería dejar de hacerse es qué tipo de prisión desea construir y con qué propósito. El mayor error del debate contemporáneo consiste en presentar la seguridad y los derechos humanos como conceptos incompatibles. No lo son. La verdadera fortaleza del Estado consiste en proteger simultáneamente ambos. Una democracia no se mide únicamente por la forma en que trata a sus ciudadanos. Se mide, sobre todo, por la manera en que decide ejercer el poder sobre quienes han perdido la libertad.