Hay gobiernos que construyen carreteras. Otros dejan hospitales, universidades o reformas institucionales. Y luego existen aquellos que parecen convencidos de que gobernar consiste en organizar giras, convocar cámaras, producir imágenes impactantes y esperar que la política se resuelva mediante una combinación de barro, discursos y redes sociales.
La reciente excursión oficial a Crucitas quedará probablemente como uno de los ejemplos más elocuentes de esa nueva forma de administrar el Estado: el gobierno entendido como espectáculo itinerante.
La idea, al menos en el papel, parecía irresistible para cualquier estratega de comunicación. Una presidenta recién llegada al poder, decenas de diputados, una de las zonas más conflictivas del país, minería ilegal, devastación ambiental y un relato cuidadosamente construido sobre la valentía política de enfrentar un problema que otros habrían ignorado.
Todo estaba preparado para la fotografía.
Los autobuses, los recorridos, la cobertura mediática, las invitaciones públicas y las declaraciones previas componían una escena diseñada menos para producir políticas públicas que para generar imágenes. Crucitas se convirtió, por unas horas, en un escenario nacional.
Pero la realidad posee un sentido del humor particularmente cruel.
Una detonación —cuyo origen continúa rodeado de interrogantes— terminó destruyendo en pocos segundos una producción política que había requerido semanas de preparación y, según diversas estimaciones, un gasto de varios millones de colones entre logística, seguridad, transporte, personal y movilización institucional.
Lo que debía ser una demostración de liderazgo se transformó en una evacuación.
Lo que pretendía proyectar control terminó exhibiendo vulnerabilidad.
Lo que buscaba mostrar capacidad de conducción política acabó dejando la sensación de una improvisación monumental.
Y quizá allí reside la ironía más devastadora de todo el episodio: el gobierno decidió convertir una zona dominada por la ilegalidad en el escenario de una representación política, y la propia realidad de Crucitas terminó arruinando la representación.
La primera pregunta resulta inevitable: ¿qué objetivo concreto perseguía esta gira?
Los diputados conocen desde hace años la situación de Crucitas. Existen informes, comparecencias legislativas, estudios ambientales, reportajes periodísticos y diagnósticos institucionales. La minería ilegal no fue descubierta durante esta excursión.
La actividad parecía perseguir algo distinto: construir una narrativa.
Una presidencia fuerte. Una clase política enfrentada a la realidad. Una administración que actúa donde otros habrían permanecido inmóviles. Un país contemplando, desde las pantallas, a sus dirigentes caminando entre los vestigios de una tragedia nacional.
Pero incluso las puestas en escena exigen preparación rigurosa.
Desde los días previos aparecieron cuestionamientos sobre la organización, las restricciones impuestas a algunos participantes, la logística y las condiciones de seguridad.
La detonación se convirtió así en una metáfora involuntaria del propio estilo de gobierno que se ha venido consolidando: mucha narrativa, abundante simbolismo, escasa previsión y una permanente confianza en que la comunicación política puede sustituir la gestión.
El episodio resulta aún más incómodo porque implicó recursos públicos considerables.
Mientras tanto, la minería ilegal continúa. Los coligalleros siguen allí. La devastación ambiental permanece.
La tragedia de Crucitas merece una presencia estatal sostenida, recursos permanentes, coordinación institucional y políticas de largo plazo. Merece menos escenografía y más administración pública.
La detonación no solamente interrumpió una gira. Hizo estallar, aunque fuera por unos instantes, la ilusión de control que pretendía transmitir el evento.
Al final quedaron el barro, las cámaras, las preguntas y una incómoda sensación de vacío.