El resultado del más reciente Examen de Excelencia Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no puede leerse únicamente como una noticia gremial. Que solo 13 de 1.123 personas aprobaran la prueba de abril es un dato demasiado grave para reducirlo a una discusión entre quienes defienden el examen y quienes lo impugnan. Es, más bien, una señal de alarma.
Primero corresponde felicitar a las 13 personas que sí aprobaron dicha prueba. Ante lo que claramente es una prueba exigente, lograron demostrar altos grados de preparación, disciplina y método.
Más allá de eso, es evidente que Costa Rica necesita sostener una discusión alrededor de este tema, pues la calidad de la formación jurídica no es un asunto que involucra solamente universidades, estudiantes y un colegio profesional. Tiene consecuencias en muchos ámbitos: la justicia, la seguridad jurídica, la confianza ciudadana, la inversión, la productividad y la eficiencia del Estado.
El Derecho no es una carrera cualquiera. De las aulas de Derecho salen quienes acompañan a las personas en sus momentos más vulnerables, quienes asesoran empresas, redactan contratos, defienden libertades, resuelven conflictos, litigan, y, vale la pena enfatizarlo, quienes ocupan posiciones de enorme responsabilidad pública: diputaciones, fiscalías, judicaturas, magistraturas, instituciones autónomas, ministerios, arbitrajes, juntas directivas y órganos reguladores. En un Estado de Derecho estos profesionales ejercen un rol central. De ahí que el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas declarara con enorme sentido de responsabilidad que la preparación de los futuros profesionales debe ser rigurosa.
La colegiatura no es un trámite decorativo: la incorporación es requisito indispensable para el ejercicio profesional y desincentivar la colegiatura a quienes terminan la carrera tiene un costo de oportunidad enorme. Hoy hay más de 37 mil personas agremiadas al Colegio, de las cuales cinco mil están inactivas, equivalente a casi el 15 por ciento.
Un país con justicia lenta, impredecible o débil se vuelve menos productivo. Cada conflicto mal resuelto consume tiempo, dinero y confianza. Cada trámite judicial innecesariamente complejo reduce eficiencia. Cada contrato incierto encarece la inversión. Cada decisión jurídica deficiente tiene un costo económico y social. El Estado de Derecho no es un lujo institucional: es parte esencial de la infraestructura económica. Así como un país necesita carreteras, puertos, electricidad y conectividad, también necesita reglas claras, jueces preparados, abogados competentes, procesos confiables y una cultura jurídica seria. Por eso, hablar de excelencia académica en Derecho es hablar también de competitividad.
Ello se vuelve más relevante en nuestro país, que ha construido una reputación internacional basada en democracia, paz, institucionalidad y respeto por la ley. Esa reputación es un activo nacional; pero ningún activo se conserva por la mera inercia.
Por eso, la pregunta obligada es cuáles son las causas de este alarmante resultado.
Empecemos por las aulas de Derecho. La pandemia dejó instalada la virtualidad que ha demostrado ser perniciosa para la efectiva formación de las personas en el mediano y largo plazo. No se trata de negar el valor de la tecnología, ni de idealizar el pasado, sino de reconocer que muchos estudiantes avanzaron en condiciones académicas frágiles, con menor interacción, menor disciplina de estudio y menor profundidad formativa. Este factor no puede aislarse de otro: la falta de un buen sistema de transporte público que atienda a los ciudadanos en los principales centros urbanos del país. Profesores y alumnos que no pueden ni quieren pasar horas en tránsito hacia y desde los centros educativos.
También debemos preguntarnos si una generación sobreexpuesta a redes sociales, que proveen estímulos y respuestas inmediatas, está desarrollando las capacidades que exige la carrera de Derecho: lectura profunda, pensamiento crítico, análisis lógico, memoria jurídica funcional, escritura rigurosa, criterio, prudencia y tolerancia a la complejidad. La otra cara de la moneda es la Inteligencia Artificial, que ayudará en muchas tareas pero también supondrá el reemplazo de profesionales del Derecho.
A eso se suma un problema estructural del sistema universitario. Los mejores profesionales no siempre pueden dedicarse a la docencia, porque la remuneración suele ser baja en comparación con otras profesiones. Así, en muchos casos enseñar Derecho en un acto de vocación más que en una carrera profesional. Si queremos excelencia en la formación jurídica, debemos dignificar también la docencia jurídica.
Otro punto sensible es la desconexión entre los programas universitarios y los contenidos evaluados. Si las universidades educan conforme a un determinado currículo y el examen mide otro universo de conocimientos o competencias, el sistema está enviando señales contradictorias. Si los programas no se actualizan con suficiente velocidad frente a los cambios jurídicos, tecnológicos y económicos del país, entonces también hay una responsabilidad institucional que debe asumirse. El Consejo Nacional de Educación Superior es parte importante de esta ecuación. Urge la reforma educativa en esta y otras materias.
En efecto, Costa Rica necesita construir una ruta de mejora para garantizar la excelencia formativa desde la infancia y así preparar a los ciudadanos a culminar sus estudios de manera exitosa. La excelencia en la educación garantiza que más personas puedan alcanzar altos índices de desarrollo y empareja la cancha. El país no le hace ningún favor a sus jóvenes si les promete títulos sin competencias suficientes; tampoco le hace un favor a la ciudadanía si permite que profesiones esenciales pierdan rigor. Por eso, hablar de excelencia académica es hablar también de inclusión.
Por supuesto, todo instrumento de evaluación debe ser revisable. Si hay preguntas mal formuladas, ambiguas o desalineadas con las competencias que se pretende medir, deben corregirse. Pero revisar el examen no puede ser el único foco de atención al problema. Ese sería el error más grave. La respuesta a un resultado tan bajo no puede ser normalizar la insuficiencia, sino entender sus causas y elaborar una ruta para paliarlas.