Imaginen un edificio del tamaño de varios estadios de fútbol, sin ventanas, con hileras interminables de servidores que parpadean como luciérnagas metálicas en la oscuridad. Dentro, una inteligencia artificial responde millones de preguntas simultáneas, diseña fármacos contra enfermedades que aún no tienen cura y predice patrones climáticos con una exactitud que habría parecido ciencia ficción hace apenas una década, mientras cómodamente recibimos la respuesta a nuestro “prompt” sentados frente a una pantalla. Pero ese edificio tiene un apetito voraz: consume tanta electricidad como una ciudad entera. Este no es el argumento de una novela distópica; es el presente, y se está construyendo ahora mismo en decenas de países que compiten por albergar la infraestructura del futuro.
El mundo ha entrado en una nueva era industrial donde el recurso estratégico ya no es solo el petróleo, las tierras raras o el silicio: es la electricidad. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda global de electricidad proveniente de centros de datos se duplicará con creces para 2030, alcanzando los 945 TWh, una cifra equivalente al consumo eléctrico total de Japón. En Estados Unidos, se proyecta que antes de finalizar esta década, los centros de datos consumirán más electricidad que toda la manufactura intensiva en energía combinada, incluyendo la producción de aluminio, acero, cemento y productos químicos. Un solo prompt de inteligencia artificial generativa consume entre 10 y 100 veces más electricidad que una búsqueda tradicional en internet.
Las cifras de inversión son igualmente estremecedoras. Los grandes actores tecnológicos como Microsoft, Google, Meta y Amazon, proyectan desembolsos de capital de hasta $727 mil millones, un crecimiento del 76% respecto al año anterior, destinados fundamentalmente a infraestructura de cómputo y centros de datos. Pero la inteligencia artificial no es la única industria sedienta de electrones. La producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, la electromovilidad a escala masiva, la manufactura de semiconductores y las fábricas “cero carbono” demandan igualmente volúmenes colosales de energía limpia y estable. China, por ejemplo, ya superó los 1.8 mil millones de kilowatts de capacidad instalada combinada de energía eólica y solar, sobrepasando por primera vez la capacidad instalada de carbón, y su capacidad de almacenamiento energético representa más del 40% del total mundial.
El reto costarricense
Costa Rica cuenta con una ventaja competitiva extraordinaria: una matriz eléctrica prácticamente renovable. Sin embargo, tener energía verde no basta si el marco institucional que la gobierna no permite satisfacer las necesidades de estas industrias electrointensivas. El país enfrenta rigideces estructurales en su sistema eléctrico: tarifas poco competitivas, limitaciones en la participación de nuevos actores, falta de flexibilidad en la contratación de grandes bloques de energía y un modelo de planificación centralizado que no responde con la agilidad que demanda el mercado global de inversión tecnológica.
Mientras naciones en Asia, Europa y América del Norte se adaptan velozmente para captar estas inversiones mediante marcos regulatorios modernos y mercados eléctricos competitivos, Costa Rica corre el riesgo de quedarse como espectador. La energía del futuro no solo debe ser verde; debe ser abundante, confiable, de calidad y accesible a precios competitivos. Un centro de datos, una planta de hidrógeno verde o una fábrica de semiconductores no se instala donde la energía es limpia pero cara, ni donde la contratación de grandes volúmenes implica procesos burocráticos de meses o años.
La armonización eléctrica como puente hacia el futuro
Es precisamente aquí donde el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23 414) emerge como una pieza clave para la competitividad del país. Esta legislación busca impulsar la modernización del sistema eléctrico nacional, garantizando confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales, promoviendo el aprovechamiento de nuevas tecnologías e impulsando nuevos esquemas de negocios entre agentes, de forma que favorezca el crecimiento económico, la productividad, la competitividad y la descarbonización.
El proyecto establece principios fundamentales para atraer inversión electrointensiva: ordena la regulación y crea una gobernanza clara, acceso libre y sin discriminación al suministro y a las redes de transmisión y distribución, estándares de calidad en la prestación del servicio, continuidad garantizada, competencia en generación y comercialización bajo reglas transparentes, y eficiencia mediante optimización de costos. Crea además el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) como institución autónoma encargada de la operación del sistema y el mercado, separando funciones que hoy se concentran en un solo actor. Se habilitan figuras como el gran consumidor, el comercializador mayorista y el agregador, permitiendo que industrias con altas demandas energéticas negocien directamente contratos en el mercado eléctrico.
La planificación de la expansión de generación y transmisión priorizará las fuentes renovables y el acceso a nuevas tecnologías, con subastas competitivas donde participen agentes públicos y privados en igualdad de condiciones. Así, Costa Rica podría ofrecer lo que el mundo busca con desesperación: energía verde certificable, suministro confiable, precios derivados de la competencia y no del monopolio, y un marco jurídico moderno que brinde seguridad a inversiones de largo plazo.
La carrera global por los electrones verdes ya comenzó. Los países que logren ofrecer energía renovable, abundante, confiable y a precios competitivos serán los destinos de las industrias que definirán la economía de las próximas décadas. Costa Rica tiene la materia prima: agua, viento, sol, geotermia. Sin embargo, necesita un marco institucional a la altura de la oportunidad. El Proyecto de Armonización Eléctrica no es simplemente una reforma del sector energético, es un primer paso (porque en opinión del suscrito debería ser más ambicioso) a una apuesta por insertar al país en la economía del siglo XXI. Aprobar y ejecutar esta legislación con visión estratégica podría significar la diferencia entre ser un actor relevante en la nueva economía digital o ver cómo esas inversiones multimillonarias y los empleos de alta calidad que las acompañan aterrizan en otros territorios.